Puja por dos vacantes claves en el Poder Judicial

La reforma procesal penal se puso en marcha en esta ciudad con varios asuntos sin resolver. Las obras de remodelación en el edificio de Tribunales de la calle John O’Connor no están finalizadas. Pero además falta cubrir las vacantes que requiere el nuevo sistema.

El concurso para cubrir tres vacantes para el cargo de juez de garantías comenzó semanas atrás. Pero aún no finalizó. Los postulantes rindieron el examen escrito el 8 de junio pasado en Roca. Sin embargo todavía los candidatos no saben las notas, explicaron fuentes que conocen detalles del concurso.

Y aún falta que se ponga en marcha el procedimiento del concurso para cubrir dos vacantes de juez de juicio. Se trata de dos cargos relevantes que representan una remuneración que supera, con comodidad, los 100.000 pesos mensuales, sin descuentos por el impuesto a las Ganancias.

Juez de juicio es el nuevo nombre que se les asignó a los jueces de Cámara del viejo sistema procesal penal. Sólo se sabe que el 22 de septiembre los postulantes rendirán los exámenes escritos.

Los anotados

El concurso permitirá cubrir las vacantes que dejaron los excamaristas penales César Lanfranchi, que se jubiló a mediados del año pasado, y Alejandro Ramos Mejía, que murió a principios de este año.

De acuerdo a la información oficial que brindaron desde el Consejo de la Magistratura, hay once anotados para competir por las dos vacantes. El plazo cerró a finales de junio último y quedaron inscriptos los jueces de garantías Marcos Burgos, Ricardo Calcagno y Bernardo Campana, el juez de ejecución penal de esta ciudad, Juan Martín Arroyo, el agente fiscal Sergio Pichetto, los defensores oficiales Romina Martini y Marcelo Álvarez Melinger, la secretaria del Juzgado de Ejecución Penal Verónica Patricia Arredondo Sánchez y los abogados Raúl Ochoa, Blanca Alderete y Adrián Miguel Dzorzak.

Pican en punta

De los candidatos a juez de juicio, Campana es el que ha tenido una carrera ascendente más frenética que sus competidores. Fue designado a principios de abril del 2014 como agente fiscal por el Consejo de la Magistratura, junto con Pichetto.

Campana impulsó, por ejemplo, la imputación contra los exjefes policiales involucrados en la causa por los homicidios de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco, que ocurrieron el 17 de junio de 2010 en Bariloche.

Duró alrededor de un año y medio como fiscal, porque a principios de noviembre del 2015 fue designado como juez de Instrucción. Fue el único postulante.

En ese cargo tuvo la causa por el femicidio de Ruth Sagaut y procesó a su expareja Claudio Osman, que fue condenado a prisión perpetua a finales de diciembre último. La sentencia no está firme.

También Campana fue el juez de la causa por el homicidio del policía Lucas Muñoz, que sigue impune. Los familiares de Muñoz criticaron algunas decisiones del juez, que va por un nuevo ascenso.

Otro con chances

Burgos comenzó la carrera judicial como auxiliar administrativo, fue secretario del fuero civil en Viedma, secretario de Juzgado de Instrucción y se desempeñó como fiscal desde el 2006 hasta finales de abril del 2013, cuando el Consejo de la Magistratura lo nombró juez de Instrucción.

Como juez intervino en causas resonantes. Excarceló a mediados de septiembre del 2013 a los cinco imputados por los saqueos en el supermercado Changomas, que ocurrió en diciembre del 2012.

A finales de junio del 2014, Burgos declaró la nulidad de la promoción de acción penal que había impulsado el fiscal Guillermo Lista para que se investigue una presunta defraudación en perjuicio de integrantes de una cooperativa del proyecto habitacional Valle Azul. La Cámara Criminal Primera revocó esa decisión y la causa pasó a otro juzgado. Aunque la causa nunca avanzó.

Burgos desestimó además a finales de diciembre pasado la promoción de acción penal que había impulsado el fiscal de El Bolsón Francisco Arrien para investigar al ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia Carlos Valeri, al secretario de Energía Sebastián Caldiero y al superintendente general del DPA Fernando Curetti, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El fiscal imputó a Valeri, Caldiero y Curetti porque supuestamente no controlaron la ejecución de la obra del tendido eléctrico subterráneo desde la central hidroeléctrica sobre el río Escondido, que pertenece al magnate inglés Joseph Lewis, hasta la usina de El Bolsón.

También Arrien había imputado al presidente de la empresa Patagonia Energía SA, Nicolás Van Ditmar, y dos directores de la firma por el delito de daño ambiental causado presuntamente por la obra.

La Cámara Criminal Segunda de Bariloche admitió a finales de marzo pasado, parcialmente, el recurso de apelación que promovió la fiscalía y revocó la resolución de Burgos.

También Burgos procesó, con prisión preventiva, por ejemplo, al coordinador estudiantil Enzo Lampasona por el delito de abuso sexual con acceso carnal de una estudiante secundaria.

Burgos procesó además con preventiva a Darío Javier Martínez y dos adolescentes por el homicidio del joven chaqueño Oscar Juárez. Martínez fue condenado en un juicio abreviado a diez años de prisión y a los menores imputados se les impuso la declaración de responsabilidad y un tratamiento tutelar.

En carrera

Calcagno procesó a los exjefes policiales imputados en la causa Cárdenas-Carrasco por los delitos de homicidio culposo, lesiones leves y graves culposas, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Y también a los agentes imputados por el delito de homicidio en riña.

También Calcagno había sobreseído al funcionario provincial Lorenzo Raggio, imputado por el delito de homicidio culposo, pero la Cámara Criminal Segunda revocó el fallo y apartó al juez de Instrucción. Y fue el juez de la causa por el crimen del médico policial Guillermo Neumann, que ocurrió a finales de marzo del 2010 en El Bolsón y sigue impune.

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