Proyecto para cobro judicial a infractores de estacionamiento

NEUQUÉN (AN).- Si un proyecto del Ejecutivo prospera en el Concejo Deliberante, a los neuquinos que no paguen las multas por no abonar el estacionamiento medido se les iniciará juicio de ejecución fiscal. La propuesta ya cuenta con despacho de la comisión de Legislación y plantea una modificación al Código Tributario municipal. El subsecretario de Servicios Concesionados de la municipalidad Fernando Palladino justificó la necesidad de recurrir a una instancia judicial, debido a que solo la mitad de los usuarios que fueron infraccionados, abonó efectivamente la multa. En marzo la empresa que tiene la concesión del sistema de cobro del estacionamiento medido realizó 5.000 multas, mientras que en agosto el número ascendió a 11.000, de las cuales se pagaron solo el 48%. “El objetivo central del sistema de estacionamiento pago es ordenar el tránsito y permitir la movilidad en el centro de la ciudad. Esto no se está logrando porque la mitad de los que estacionan y no pagan, luego hacen caso omiso de la multa”, consideró el subsecretario. El monto de la infracción es de 64 pesos, 60 pesos en concepto de gastos administrativos y cuatro pesos por valor de una hora de estacionamiento. El proyecto del Ejecutivo prevé que los deudores podrán ser intimados judicialmente. Esto requiere una modificación al Código tributario ya que la norma autoriza a recurrir a la justicia en todos los casos en los que la infracción supere los 2.000 pesos. “Necesitamos una excepción en la legislación vigente para el caso del SEIN”, agregó Palladino. De enero a abril de 2013 el SEIN recaudó 4.100.000 pesos en concepto de pago de las horas de estacionamiento de los cuales el 16% va al municipio en concepto de canon. A esto se le suma lo que recuperan por el pago de las multas. En agosto pasado los inspectores labraron unas 11.000 multas que le representan a la empresa unos 704.000 pesos, pero solo se pagó casi el 50 por ciento. Esto representa un ingreso de 350.000 pesos. El proyecto tomará estado parlamentario en la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante de septiembre y en octubre llegará al recinto para su tratamiento.