Provincia quiere sumar al Municipio de Bariloche al control de la tala ilegal, pero surgen críticas
El Gobierno de Río Negro tiene a la firma un convenio con la Municipalidad para que inspectores de Tránsito y de Medioambiente colaboren con los fiscalizadores de Bosques. Desde la Asociación Árbol de Pie pidieron cumplir la ley provincial.
Desde Árbol de Pie sostienen que los inspectores de la provincia “están condicionados por lo que aprueba la municipalidad” en materia de obras, (Foto de archivo de Marcelo Martínez)
El gobierno provincial reconoció la insuficiencia de sus propia estructura de fiscalización para frenar la tala ilegal en el ejido de Bariloche y tiene a la firma un acuerdo con el municipio para compartir las tareas de control, que igual no le alcanza para poner fin a las quejas.
El subsecretario de Recursos Forestales, Fernando Arbat, dijo días atrás que el municipio les va a facilitar “a través de un convenio” a los inspectores de tránsito y de medioambiente para que colaboren con los inspectores de Bosques.
Capacitación mediante, el personal municipal podrá detener vehículos si observa que transportan rollizos u otro material forestal y le solicitarán la documentación correspondiente para ver si se trata de una tala autorizada, dijo Arbat en declaraciones radiales. Luego esa leña, si es de procedencia ilícita, podría se decomisada y destinada al plan Calor.
En las últimas semanas se multiplicaron las críticas por la escasa presencia provincial en la zona cordillerana, donde solo trabajan dos inspectores, con escasas herramientas y sin pagos de horas extra, para contener el furtivismo.
El dirigente de la asociación Árbol de Pie Juan José Paternó dijo que tiene en su poder un borrador del convenio y entiende que no brindará las soluciones esperadas. Explicó que desde esa entidad, que reclama desde hace años por un mayor cuidado de los bosques, lo que pretenden es “simplemente que el órgano de aplicación cumpla la ley provincial, que obliga a disponer un mínimo de 15 inspectores” en la zona Andina.
Hoy Bosques trabaja con dos agentes y estaría a punto de incorporar a otros cuatro. Paternó insistió en que no alcanza y la protección del recurso forestal corre serio riesgo. “Si el municipio va a poder parar vehículos y controlar cargas está bien, lo entendemos, pero es solo una parte -explicó-. Lo que faltan son inspectores que acudan de inmediato al terreno cuando hay denuncias y frenen las talas furtivas”.
Dijo que “es una tarea delicada porque muchas veces los han agredido”. Según Paternó, la provincia debería reforzar su propio cuerpo de inspectores como marca la ley y equiparlos con todo lo necesario, “porque hoy les faltan todo tipo de elementos, no tienen oficina, ni les dan ropa, vehículos, combustible”.
Sostuvo también que el rol del municipio hay que replantearlo a fondo, porque los inspectores de la provincia “están condicionados por lo que aprueba la municipalidad” en materia de obras, y que muchas veces permite avanzar con desmontes que generan gran daño, “a pesar de que los recursos naturales son de la provincia”.
Dijo que el municipio eliminó la secretaría de Ambiente de su organigrama y “fue toda una señal”. Según el dirigente, “Río Negro tiene una normativa de avanzada en materia ambiental, pero después todo queda atado a los intereses económicos, y así no sirve”.
También criticó a Arbat por haber justificado en parte la extracción irregular de leña al decir que “el plan Calor no da abasto para cubrir todas las necesidades” y muchas veces la gente apela a esa actividad “como último recurso para obtener el sostén de la familia”.
Para Paternó “es una barbaridad que den ese argumento, o que lo justifiquen por la pandemia”. Dijo que “si es así que lo ordenen, que habiliten una zona y que den guías de extracción, como hace Parques Nacionales”.
Señaló que muchas veces los inspectores “se exponen” en los operativos, decomisan, levantan infracciones cuando hay daños sobre el bosque y después la autoridad administrativa “devuelve los decomisos y cierra todo con un apercibimiento”.
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