Provincia no cumplió con las mejoras en la cárcel de Bariloche

SEGURIDAD

El gobierno provincial aún no cumplió de manera integral una sentencia que el juez de ejecución penal Juan Martín Arroyo dictó a finales de mayo pasado, cuando hizo lugar a un hábeas corpus colectivo, que habían presentado los fiscales de Bariloche ante el agravamiento en las condiciones de detención de las personas alojadas en la unidad penitenciaria local.

La sentencia del juez ordenaba al gobierno provincial que “en un plazo no mayor a 30 días” ponga a disposición de los internos, “que estén en condiciones de ser incorporados al período de prueba”, un inmueble separado del Penal 3, que funcione como espacio de alojamiento “abierto” o “basado en el principio de autodisciplina”.

La idea es alojar en esa casa de pre-egreso a personas incorporadas al beneficio de semilibertad o que tengan salidas transitorias por estudios, siempre que a juicio de la autoridad penitenciaria se encuentren en condiciones de cumplir en ese lugar su condena. Sin embargo, fuentes judiciales señalaron a “Río Negro” que aún no se cumplió con esa obligación.

Explicaron que la Provincia alquiló a finales del año pasado una vivienda para que funcione como casa de pre-egreso, con capacidad para alojar, en principio, 16 internos. Pero aún no está habilitada porque no tiene servicio de gas. Las fuentes no revelaron la ubicación de la casa.

La sentencia ordenaba al secretario de Seguridad y Justicia y al director del Servicio Penitenciario Provincial “que dentro de 30 días arbitren los medios necesarios para incorporar -cuanto menos- un trabajador social y un psicólogo” para completar el gabinete técnico criminológico, que prevé la ley 24.660 de ejecución de la pena. Pero los profesionales aún no están en funciones. Tampoco se construyeron dos aulas para el dictado de clases, como ordenaba el fallo.

La Provincia avanzó el año pasado con las remodelaciones pendientes en el Penal 3. Las obras estaban atrasadas y el juez dispuso en el fallo que deberían “estar terminadas antes del 31 de enero de 2016”. Pero los trabajos no finalizaron todavía.

Arroyo estableció que el penal debe albergar en condiciones normales a 66 internos y dispuso un cupo máximo de 94 sólo para situaciones de emergencia. La población no baja de 90 internos en promedio, indicaron las fuentes.

El juez había advertido en el fallo al Ministerio de Seguridad y Justicia que a partir del 1 de agosto pasado sólo iban a ingresar al penal internos con condena y procesados con prisión preventiva. Pero no se cumplió con esa directiva.

Por lo menos, el Ministerio de Seguridad y Justicia consiguió las pulseras o tobilleras magnéticas para internos como ordenaba la sentencia. En esta ciudad hay un interno que accedió el año pasado a ese beneficio.

Las fuentes reconocieron que aún no hay novedades de las tierras que la Provincia tiene que garantizar para la construcción en esta ciudad de un pabellón con capacidad para alojar 48 internos, que permita descomprimir la población del penal local. Arroyo había otorgado seis meses de plazo para que consigan las tierras.

DeBariloche