Prorrogaron por otros cuatro años la suspensión de desalojos a comunidades indígenas
Así lo determinó el Ejecutivo mediante el DNU N°805, publicado hoy en el Boletín Oficial. El proyecto tenía media sanción y estaba en análisis en Diputados. El INAI deberá concretar el relevamiento de las comunidades e informar cada año el estado de avance.
La normativa suspende por cuatro años la ejecución de sentencia por desalojo o desocupación de las tierras.
El presidente Alberto Fernández prorrogó por otros cuatro años la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) a través del cual también se suspenden por el mismo plazo la ejecución de sentencias sobre esos litigios. El tema estaba en discusión en el Congreso y tenía media sanción.
Mediante el decreto 805, publicado hoy en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo revalida los plazos que fueron establecidos en la ley 26.160, y que en su oportunidad fueron extendidos por las leyes 26.554, 26.894 y 27.400, sancionadas a tales efectos.
El INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) había impulsado la prórroga de esta normativa que fue sancionada por primera vez en 2006 y tuvo sucesivas extensiones. A fines de octubre fue debatida y aprobada en el Senado donde dos de los representantes rionegrinos, Alberto Weretilneck y Silvina García Larraburu, se ausentaron para la votación. El proyecto ahora se encontraba en tratamiento en comisiones en la Cámara de Diputados, pero el presidente finalmente emitió un decreto ante la proximidad del vencimiento de la norma, que caduca en pocos días.
La normativa sancionada por el Presidente, y firmada por todos los ministros del Gabinete, suspende por «el plazo de emergencia declarada la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras«, y establece que «la posesión debe ser actual, tradicional, pública y encontrarse fehacientemente acreditada».
Asimismo, se fija que «durante la vigencia del plazo de la emergencia declarada, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) deberá realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, dar intervención al Estado Provincial y los Estados Municipales implicados y, en caso de corresponder, a la Administración de Parque Nacionales».
También se dispone la asignación «para cada uno de los cuatro ejercicios presupuestarios que se aprueben con posterioridad al presente decreto de un crédito de $290.000.000 destinados a la atención del Fondo Especial» contemplado en la Ley 26.160.
El INAI presentará, a partir del año 2022, y antes del 30 de noviembre de cada año, ante el Congreso «un informe anual que detalle el estado de avance del proceso de relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, conforme lo establece el artículo 3º de la Ley Nº 26.160, el cual deberá incluir información georreferenciada sobre las comunidades relevadas y el proceso de relevamiento e indicará el porcentaje de avance», se establece en el DNU.
La Ley 26.160 se sancionó en el marco de lo previsto en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, que reconoce, entre otros aspectos, «la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, la personería jurídica de las comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan».
La citada norma implicó «el cumplimiento de compromisos asumidos» por el Estado Argentino «mediante la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, en base a un criterio que prevé que “los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente», según se indica en los fundamentos del decreto 805.
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