Prisión preventiva para el ex represor Sassiaiñ

BUENOS AIRES.- El juez federal Adolfo Bagnasco dictó ayer la prisión preventiva del general (r) Juan Bautista Sassiaiñ por su presunta participación en el robo de bebés.

Por su parte el abogado Alberto Pedroncini -en representación de las Abuelas de Plaza de Mayo- presentó ayer un escrito en el juzgado a cargo de Bagnasco para rechazar la pretensión del ex comandante Santiago Omar Riveros de apartar al juez del expediente por el robo de bebés y remitir las actuaciones al Consejo.

La semana pasada el Consejo se arrogó la competencia de la causa por la apropiación sistemática de hijos de desaparecidos y reclamó a Bagnasco que decline continuar en el caso para derivar el sumario a tribunales castrenses.

El tema está actualmente a estudio de la sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal, y se descuenta que el planteo será finalmente dirimido por la Corte Suprema.

El presidente Fernando de la Rúa decidió reemplazar a los nueve integrantes del Consejo y en estos días asumirán los nuevos consejeros.

Mientras, y debido a que la decisión del máximo tribunal de las Fuerzas Armadas no suspende el trámite de la causa, Bagnasco continúa con la investigación.

En las actuaciones, el juez dictó el procesamiento y la prisión preventiva de Sassiaiñ, cuyos bienes fueron embargados hasta cubrir la suma de un millón de pesos.

Sassiaiñ, indultado en 1989 por el entonces presidente Carlos Menem, fue comandante de la subzona 11 que durante la dictadura dependía de la zona 1 a cargo del general del Ejército Suárez Mason, también preso por el robo de bebés.

Por eso, los investigadores atribuyen responsabilidad penal a Sassiaiñ en la sustracción de los niños que dieron a luz, en la clandestinidad, prisioneras de «El Pozo de Banfield», «El Pozo de Quilmes», «Arana», «La Cacha» y la comisaría 5ta., en La Plata.

Tanto Sassiaiñ como Suárez Mason obtuvieron el beneficio de cumplir prisión domiciliaria debido a que superan los 70 años de edad.

Gil Lavedra

En tanto, ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, se pronunció ayer en favor de la justicia civil en el conflicto de competencia planteado por los tribunales militares para asumir las investigaciones judiciales por la sustracción de niños nacidos en cautiverio.

Gil Lavedra recordó que la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, convertida en ley nacional 24.820 e incorporada a la Constitución Nacional, «excluye a la jurisdicción militar expresamente» de la investigación de crímenes de lesa humanidad.

«En mi opinión, la competencia de las causas por sustracción de bebés parecería ser la civil, de acuerdo a la novena regla de la Convención», sostuvo el ministro. Y agregó que la norma «habría venido a modificar el alcance anterior que establecía el artículo 10 de la ley 23.049», que cambió el Código Militar y resolvió quitarle la facultad de investigar delitos cometidos a partir de 1983. (DyN)

Suárez Mason accionará contra Balza por «encubrimiento militar»

BUENOS AIRES.- El ex represor Carlos Suárez Mason decidió denunciar por «encubrimiento militar» al ex jefe del Ejército, Martín Balza, quien ayer manifestó su desacuerdo con el conflicto de competencia planteado por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (FF.AA), que pretende asumir las investigaciones por el robo de bebés.

Suárez Mason, que cumple prisión preventiva por orden del juez federal Adolfo Bagnasco, no desaprovechó la sorpresiva decisión de los tribunales militares de disputar al magistrado la causa por apropiación de menores: solicitó la intervención del Consejo de las FF.AA para que investigue a Balza por «omisión de denuncia o encubrimiento militar».

En un escrito al que accedió la agencia DyN, Suárez Mason pidió a Bagnasco copias de la declaración testimonial que Balza prestó el 23 de marzo último, cuando reconoció que la sustracción de los hijos de desaparecidos fue una práctica sistemática de la dictadura, dispuesta por los jefes militares de entonces.

«Balza incurrió en encubrimiento» por no haber denunciado los delitos contra los niños, razonaron los abogados Jorge Olivera y Jorge Appiani, defensores de Suárez Mason en el expediente por apropiación de niños.

La defensa del ex comandante del I Cuerpo de Ejército presentó el escrito ayer, en medio del conflicto generado por la decisión del Consejo de arrogarse la competencia de la causa por los crímenes contra menores. Así, respaldó la audaz medida del tribunal castrense y apeló a él para acusar a Balza.

Por su parte Balza manifestó su «total desacuerdo» con la resolución del Consejo Supremo de «discutir la competencia de la justicia federal».

«Cuando me enteré me causó sorpresa. Parece que la historia vuelve a repetirse como si aquí no hubiera pasado nada. Y pasaron muchas cosas y muy graves… ¡qué poco hemos aprendido! , exclamó el teniente general.

Respecto de la probable designación de Alfredo Rolando como nuevo presidente del Consejo, Balza se limitó a decir que «el general Rolando cumplió uno de los cargos mas importantes del Ejército, como comandante de Institutos Militares, con un excelente desempeño en todo momento».

«No me consta el concepto que puedan tener sobre él otros camaradas en situación de retiro», agregó Balza. Es que Rolando tendría el respaldo de generales retirados de la última dictadura por haber sido ayudante de campo ex comandante Cristino Nicolaides, que también cumple prisión preventiva por el robo de bebés.

Balza, además, recordó haber calificado de «horroroso y perverso» el dictamen mediante el cual el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas justificó en 1987 la represión ilegal del gobierno de facto. (DyN y Télam)