Primer paso para que internet sea declarado como «servicio público»
El proyecto lo presentó el senador oficialista Alfredo Luenzo, que preside la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.La iniciativa es similar al DNU que está frenado en la Justicia.
En el Senado ya hay dos proyectos con estado parlamentario: uno de la neuquina Silvia Sapag y otro de Gladys González (Pro)
Dos días después de que el presidente Alberto Fernández insistiera en declarar a internet como servicio público para regular las tarifas, un senador del Frente de Todos presentó un proyecto de ley en esa línea. El autor es el chubutense Alfredo Luenzo, que preside la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
“Quiero, desde la presidencia de la comisión, acompañar y apoyar firmemente la decisión que ha tomado el presidente de avanzar en declarar a internet como servicio público”, manifestó Luenzo este miércoles al abrir una reunión informativa sobre las amenazas a la libertad de expresión en la red.
Fernández firmó hace un año el DNU 690/20, que declaró como servicio público a la telefonía móvil, la televisión paga e internet. El decreto fue ratificado por el Senado, pero luego la Justicia hizo lugar a una medida cautelar y suspendió su aplicación.
Durante su reciente discurso en Tecnópolis, el presidente no dijo cómo piensa destrabar el tema, pero el senador Luenzo recogió el guante y presentó un proyecto para instalar el debate en el Congreso y avanzar por ley. Desde el Gobierno negaron estar atrás de esa iniciativa, aunque eventualmente no descartan apoyarla.
“El decreto 690 fue un primer paso. Lamentablemente, la mayoría de las corporaciones tecnológicas han judicializado el tema en un marco donde la conectividad es un eje central de nuestras vidas por lo que implica para la educación, el trabajo y la telemedicina. Todo esto no tendría sentido si la conectividad y el acceso a internet no están garantizados”, planteó Luenzo.
La propuesta, a la que accedió este medio, modifica varios artículos de la Ley Argentina Digital (27.078), sancionada en 2014. En primer lugar, se declara de interés público “el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), las Telecomunicaciones y sus recursos asociados, estableciendo y garantizando la completa neutralidad de las redes”.
“Su objeto es posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes de la República Argentina a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas, con los más altos parámetros de calidad, promoviendo políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones”, agrega el texto.
Además, para esquivar eventuales cuestionamientos sobre el derecho a la libertad de expresión, se excluye expresamente “cualquier tipo de regulación de los contenidos, cualquiera sea su medio de transmisión”.
De esta forma, internet, la televisión paga y la telefonía móvil quedan encuadrados como “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia”, y sus precios serán fijados por los licenciatarios y regulados por el ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones).
Los precios “deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación, tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación”. También se propone una Prestación Básica Universal (PBU) para grupos vulnerables, como jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones.
Por otra parte, el proyecto de Luenzo busca darle un carácter federal a la norma y obliga al ENACOM a promover “políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones” en cuanto a la prestación de los servicios.
“Tal vez la Capital Federal vive una situación natural en su relación con internet, pero esta no es la realidad que tiene el interior del país. La brecha digital que tenemos en Argentina es alarmante: hay provincias como Formosa donde apenas el 30% tiene acceso a la conectividad, y provincias como las patagónicas, donde rondamos el 40% o 50%. Esto significa, en el marco de pandemia que estamos viviendo, ser excluidos del sistema”, advirtió Luenzo.
Otro aspecto relevante es que el ENACOM podrá garantizar el acceso gratuito a contenidos digitales vinculados a la educación y la salud “cuando existan circunstancias excepcionales o de fuerza mayor”, como la pandemia.
“Este proyecto es un insumo más que vamos a aportar desde el ámbito legislativo para sumarnos a la decisión que ha tomado el presidente de ir por un marco normativo integral, firme y robusto, donde el acceso a internet sea una realidad no solamente en la Capital, sino en todos los rincones de la Argentina”, aseguró Luenzo en la reunión de comisión.
La iniciativa del chubutense no es la primera que se presenta en el Congreso. En el Senado hay dos proyectos con estado parlamentario: uno de la oficialista Silvia Sapag y otro de Gladys González (Pro), lo que deja a la vista un reclamo transversal. En Diputados, en tanto, hay propuestas de Alejandro Bermejo y Liliana Schwindt, del Frente de Todos, sumadas a otra del socialista Enrique Estévez. Ninguna avanzó hasta ahora.
Carolina Ramos
Buenos Aires
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