Anticipan nueva demanda judicial contra el contrato del cerro Catedral

Ante la inminencia de una decisión judicial que destrabe la prorroga de la concesión con Catedral Alta Patagonia (Capsa) por el cerro Catedral, las organizaciones que se oponen a la firma del contrato anunciaron la presentación de una nueva demanda con la esperanza de que el STJ lo declare inconstitucional.

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El gobierno municipal había manifestado su expectativa de que la Cámara Civil de Bariloche levante la medida cautelar que mantiene frenada hasta ahora la suscripción del contrato. De ser así, Capsa se aseguraría la explotación del centro de esquí hasta 2056, a cambio de un plan de inversiones por 22 millones de dólares.

Lo que alentó el optimismo del intendente Gustavo Gennuso y su equipo de abogados fue el desistimiento del legislador Alejandro Ramos Mejía y la exlegisladora Edith Garro (Frente de Todos) como accionantes contra el acuerdo original. Solo queda en pie un planteo paralelo que formularon los exconcejales Daniel Natapof y Ana Marks (FdT), y que podría caerse desde que perdieron su representatividad.

El nuevo embate contra la prórroga busca que la Justicia anule la ordenanza aprobada por mayoría hace dos años que otorgó la prórroga directa a Capsa, sin mediar un llamado a licitación.

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Entre los firmantes están el titular de la CTA Jorge Molina, el investigador de la UNRN e integrante de Vecinos por un Cerro, Tomás Guevara, la organización ambientalista Árbol de Pie y representantes políticos y sindicales.

Además, anticiparon que la demanda estará abierta a la firma de nuevos adherentes (que podrán acercarse la semana próxima a la se de de CTA) y está previsto á presentarla ante el STJ el lunes 16.

Molina dijo que la condiciones pactadas con Capsa en la prórroga por otros 30 años generarán “un riesgo ambiental muy grave” en el cerro. Subrayó además que el canon anual previsto “es irrisorio” y la empresa lo recaudaría “en pocos días de temporada”.

Abogó por una imposición económica ligada a las ganancias de la concesionaria y sostuvo que el cerro Catedral puede asegurar los recursos “para tener un municipio más suelto en lo financiero y con más beneficios para la población”.

Dijo que “Bariloche tiene una de las postales más lindas del mundo, la que atrae el turismo. Pero también una postal distinta, que es la de la desigualdad”.

Molina aseguró que desde el colectivo Un cerro para todos le pidieron “explicaciones públicas” al legislador Ramos Mejía por su renuncia a la demanda pero hasta ahora no tuvieron respuesta. Dijo que “bajarse en un tema así no fue una definición personal, sino que involucra a todos los adherentes”.

Lo definió como “una traición ideológica a una propuesta colectiva”.

Recordó también que al avanzar con la ordenanza Gennuso desestimó un pedido de referéndum impulsado por 6.500 barilochenses ynegó que haya sido ratificado en septiembre pasado por el voto para avanzar con el contrato de Catedral, ya que ganó con menos del 33% y “gracias a una oposición dividida”.

“Nuevamente tomamos la lucha del cerro para todos -dijo Molina-. Hay que salvarlo del daño ambiental y garantizar que aporte los recursos para distribución más justa”.

Se declaró partidario de una licitación con cláusulas que reserven la titularidad de los medios de elevación en favor del municipio al finalizar la concesión.

Guevara dijo que proponen simplemente “que la Justicia controle los actos de gobierno” y sobre la ecuación económica en juego, señaló que el canon exigido a Capsa “es mínimo” y equivale a lo que dona el Teleférico Cerro Otto cada año, “con un solo medio de elevación”.

Otro de los impulsores de la demanda dijo que “las cooperativas de estacionamiento medido aportan al municipio más que Capsa”.