Premios y castigos como control a las provincias

Desde hace años se ve con preocupación la disminución de la masa coparticipable en las provincias y una política nacional de premios y castigos que, como arma de control, beneficia a algunas y golpea a otras. La coparticipación destinada a las provincias no se corresponde con lo que determina la ley que la reglamenta –56,66% para el conjunto de las provincias–, pues Nación está distribuyendo mucho menos de lo que debe y aun menos del 34% que es el piso mínimo que fija la misma ley. Además, las provincias siguen aportando el 15% de la masa coparticipable primaria desde 1992 y autorizando al gobierno nacional a retener ese porcentaje para financiar a la Anses. Esta quita ya no corresponde, porque este organismo ha tenido una recaudación extraordinaria en los últimos años; por lo tanto, los gobiernos provinciales deberían demandar en forma urgente el cese de esas deducciones y el pago de los conceptos adeudados en estos años. El incumplimiento de la ley de coparticipación y de la Constitución nacional conduce a las provincias a crisis financieras que las obligan a pedir ayuda al gobierno nacional, lo que genera dependencia y sumisión y alimenta un centralismo sin precedentes. El poder central intenta someter a los gobernadores a través del control arbitrario de los recursos públicos y lo logra toda vez que las provincias necesitan auxilio financiero. También consigue disciplinar a algunos representantes legislativos, obedientes al momento de votar algún proyecto de ley. Esto genera que la división de poderes y nuestro sistema representativo se vean seriamente afectados y que el Parlamento se convierta en un espacio sin debate, dependiente y alineado –por gusto o por la fuerza– con el Poder Ejecutivo. Otro problema es la discriminación que la Nación hace con algunas provincias en relación con la deuda que éstas tienen. Quién debe a quién es la gran pregunta. Lo cierto es que Río Negro ha sido excluida de los beneficios de la refinanciación en el segundo trimestre y el gobierno central le descontó de la coparticipación más de 56 millones de pesos. Además, de lo correspondiente a junio le dedujo casi 30 millones de pesos. La diferencia marcada por el gobierno nacional atenta contra el principio de igualdad ante la ley y el derecho de todos los habitantes de esta provincia a regularizar la deuda pública provincial. Por eso, desde el Senado estoy instando al jefe de Gabinete de Ministros a que venga al recinto a explicar la discriminación que sufre Río Negro. Sin dudas, además de ser una política discriminatoria hacia las jurisdicciones “no alineadas”, se aplica una medida de disciplinamiento que conduce, como venimos diciendo, a un unitarismo fiscal y una profundización del centralismo, distantes del verdadero federalismo que queremos en nuestro país. (*) Senadora de la Nación

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