Precios congelados: la gran apuesta del Gobierno a tres semanas de las elecciones

El congelamiento de precios de 1.432 productos anunciado el miércoles por la Secretaría de Comercio Interior adquirió en las últimas horas el status de “cuestión de Estado”.

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Desde lo más alto del Poder Ejecutivo, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, fue contundente respecto a la respuesta que dará el Gobierno nacional frente al incumplimiento de la resolución y al peligro de desabastecimiento esgrimido desde algunos sectores empresariales y políticos.

“El Gobierno vigilará la competencia equitativa entre las empresas y actuará con todos los recursos de la ley para sancionar a las que no cumplan la resolución”, dijo Manzur, en un rotundo apoyo a la medida dictada por el Secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti.

El pronunciamiento de Manzur -de innegable peso en las decisiones y la nueva dinámica del Gobierno después del mal resultado del oficialismo- fue seguido por otras voces de peso en el Ejecutivo.

La vocera presidencial Gabriela Cerruti, en su debut en una rueda de prensa, reafirmó la decisión tomada: “El gobierno va a garantizar que el comercio se mantenga libremente, que los productos lleguen a la mesa familiar, que las familias puedan acceder a todos los productos”, dijo.

Cerruti no eludió la réplica a Horacio Rodríguez Larreta, referente nacional del PRO, quien había pronosticado un fracaso de la medida, con el consecuente efecto temido del desabastecimiento. “Lo único que nos preocupa es que la oposición y en este caso Horacio Rodríguez Larreta estén tratando de generar algo que le puede hacer mucho daño a la población, como es una situación de desabastecimiento”, dijo Cerruti.

Dijo más sobre el Jefe de Gobierno porteño: “No nos queda muy claro si eso de Horacio Rodríguez Larreta es un diagnóstico o un deseo. La verdad que un diagnóstico no es, porque esa no es la realidad. Y, si es un deseo, es un problema para los argentinos y las argentinas que el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y líder de la principal fuerza de la oposición esté deseando que los argentinos y las argentinas no puedan llevar la comida a su mesa”, completó.

También desde el Gabinete nacional, el ministro Eduardo “Wado” de Pedro puso el foco en la disputa política desatada en torno a la medida gubernamental. “Entiendo que estas discusiones se dan en el marco de la campaña, pero le quiero recordar a la oposición (léase, Juntos por el Cambio) que tuvieron más de 50% de inflación, sin emisión monetaria. La inflación es un problema estructural y multicausal que debemos resolver entre todos si queremos salir adelante”, dijo De Pedro, quien también expresa la voz del peronismo kirchnerista.

De Pedro destacó “al sector de la industria alimenticia que decidió acompañar el acuerdo de precios” y a la vez recordó que “la industria alimentaria, por ser esencial, pudo producir durante toda la pandemia”.

El congelamiento de precios recibió críticas, entre otros, del titular de UIA y de la COPAL (central que reúne a las principales firmas alimenticias), Daniel Funes de Rioja; también del presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman.

“El empresario argentino es un sobreviviente en un país que no es amigable con las empresas. El empresario hace un esfuerzo y el Gobierno no sale a ayudarlo”, dijo Grinman. También negó que haya sido una amenaza (como calificó el Gobierno) advertir que el congelamiento derive en la ausencia de algunos productos en las góndolas.

El titular de la CAC planteó: “la solución es fácil. Habrá unas treinta empresas productoras que fabrican la mayoría de los productos. Que el gobierno se siente, converse y llegue a una solución”, propuso.

El lunes pasado, Feletti y Débora Giorgi, dos flamantes incorporaciones del gobierno, se reunieron con distintas cámaras empresarias y plantearon la necesidad de congelar una lista de precios. Al día siguiente, Feletti recibió a Funes de Rioja y las partes siguieron sin acordar.

El Gobierno dio por cerradas las negociaciones y el miércoles publicó la resolución de retrotraer al 1 de octubre y congelar hasta el 7 de enero próximo los precios de 1.432 productos de consumo masivo.

El Gobierno nacional dice que va a garantizar el cumplimiento de la medida “en las 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Pero, ¿está en condiciones de cumplir esa garantía?

El gobernador Axel Kicillof e intendentes bonaerenses se reunieron con el secretario Feletti. “Hay que ponerse a la cabeza del control de los precios: desde la provincia y los municipios vamos a aportar territorialidad para cuidar el bolsillo de los y las bonaerenses”, anunció Kicillof.

El gobernador también le puso marco político a la cuestión: “El PRO, Juntos, como se llamen, no quieren cuidar los ingresos de los sectores populares y por eso se oponen al control de precios para ver si sacan provecho político. ¿Contra qué está Larreta? ¿Contra que la gente como más?”, se preguntó.

El jefe de Gobierno porteño acusó al oficialismo de actuar sin buscar consensos: “Una cosa es que podamos lograr un gran acuerdo general de precios pero esta cosa obligatoria ya sabemos en qué termina: empiezan a desaparecer productos de las góndolas”, afirmó.

En la Secretaría de Comercio Interior saben que desde una oficina cercana a la Plaza de Mayo no hay posibilidad de hacer un seguimiento de la medida en todo el país. Confían en articular esfuerzos con intendencias, asociaciones de consumidores y otras organizaciones para contar con un mejor relevamiento nacional.