Ministros de Saiz cobran sobresueldos desde hace 7 años

INVESTIGACIÓN

Mes a mes y desde hace siete años, el secretario General de la Gobernación y los ministros del gobierno de Miguel Saiz vienen percibiendo un sobresueldo por encima de los haberes que les han sido estipulados. Lo hacen ilegalmente -aunque bajo una apariencia reglamentaria-, burlando los órganos de control y a espaldas de los rionegrinos.

Desde que se instrumentó la maniobra en 2004, los ministros llevan repartidos más de 24 millones de pesos de dineros públicos. Sólo en 2010 se asignaron $ 5.678.800.

Hay notables diferencias entre las percepciones de cada funcionario, más allá de que sus sueldos y su dedicación son idénticos.

Francisco “Ringo” González -mano derecha del gobernador-, es el que determina el monto de los sobresueldos. Se fijó a sí mismo 30 veces más de lo que percibe por su cargo: tiene que cobrar 7.448 pesos pero a ese monto le suma 219.500.

Sólo durante el año 2010, González se llevó 2.201.700 pesos en sobresueldos.

Ese plus es de una diferencia sideral respecto del resto de los altos miembros del gobierno, fijados también por González.

El ministro de Gobierno, Diego Larreguy, está entre los más beneficiados con 81.550 pesos de plus, además de su sueldo de $ 7.448. En todo 2010, Larreguy percibió 736.800 en sobresueldos. Anoche se contradijo ante “Río Negro”. Primero señaló que sólo percibía el sueldo, luego que el plus no lo cobraba él, después que sí, y evitó responder más preguntas: derivó todo en González (ver pág. 9).

El ministro de la Producción, Juan Accatino, le sigue con un suplemento de $ 56.950, amén de sus $ 7.448 de haber oficial.

Los menos beneficiados obtienen cuatro veces más de lo que les corresponde por su haber. Es el caso de Barbeito, Uría y Contreras (ver detalle de pagos).

Los sobresueldos son pagados por Tesorería vía cheques, a nombre de cada ministro y su CUIT personal. Sus valores varían todos los meses, pero los montos globales asignados se mantenían más o menos constantes hasta que drásticamente se duplicaron a partir de 2008.

Aun cuando el plus es nominal, se detectó sin embargo una excepción: hay un solo destinatario de la orden de pago que no es un ministro (ni un ministerio) sino un área del Estado: “Tesorería General de la Provincia” (con lo cual se da la paradoja de que Tesorería se ordena pagar a sí mismo). Esto fue así a partir del momento en que el ex titular de Hacienda Pablo Federico Verani, que cobraba la cifra más ínfima del plus, dejó el gobierno tras la sonada pelea con el gobernador. Desde entonces la asignación que le correspondería fue a Tesorería, que dirige José Ongaro (su nombre no aparece entre los beneficiarios). Pero los montos llegaron a sextuplicarse. El sucesor de Verani, el ministro Carlos Oliva, está fuera del reparto.

Más insólito aún: cuando se observa la imputación del pago en la partida del Presupuesto, aparece el Banco Patagonia como destinatario mensual del plus e, incluso, de una parte del sobresueldo asignado personalmente a determinado ministro (ver subtítulo).

Todos estos pagos se realizan de forma subrepticia, bajo una fachada legal: están fijados por resoluciones mensuales del secretario General de la Gobernación y mayor beneficiado, Francisco González, que nunca han sido hechas públicas, como tampoco lo fue la norma que dio origen a la instrumentación de este plus a las “autoridades superiores”, denominado “Suplemento Personal por Dedicación Exclusiva Funcional” y que firmó el entonces ministro Coordinador, César Barbeito (ver aparte).

No obstante el aparente paraguas reglamentario, se trata de una maniobra claramente ilegal e inconstitucional. La carta magna rionegrina, en su artículo 189, es concreta en prescribir que “los ministros perciben un sueldo establecido por ley, que no puede ser alterado en su valor económico durante el ejercicio de su función”.

Por otra parte, de ningún modo está en las atribuciones del secretario General sustituir a la Legislatura en la fijación de los haberes. Y tanto las normas (decretos y resoluciones) que pretendieron dar legitimidad al “suplemento” como las partidas presupuestarias creadas para imputar los pagos, no pueden modificar mecanismos del salario como sólo las puede hacer el Presupuesto con partidas específicas aprobadas por la Legislatura.

Precisamente, la intención de encubrir estos sobresueldos se advierte en la denominación ambigua que se le ha dado a la partida del Presupuesto donde están incluidos estos pagos: “Gastos de función sin discriminar” (definición que alude a gastos y no a salarios). Esto fue así durante seis años hasta que, en 2010, se optó por una calificación más genérica aún: “Otras asignaciones al personal” (ver detalle).

(Sigue en la pág. 8)

(Viene de página 7)

Se advierte en las normas que dan sostenimiento a este sobresueldo una evidente intención de confundir. Dan la apariencia de haber sido creadas con el fin de suministrar una herramienta para los gastos de funcionamiento de las mayores autoridades del Estado. Pero el objetivo salarial se revela y declama con conceptos inequívocos (ver aparte).

En este punto, resulta llamativo que en todas las resoluciones mensuales figura la aseveración de que “se aprueba la rendición correspondiente al mes anterior” para habilitar cada nuevo plus. Es decir, el concepto es: rendimos cuenta de lo que nosotros mismos nos repartimos, sin ningún control externo. Sin embargo, se desconoce si existen tales rendiciones cada mes, desde 2004 a la fecha. Si efectivamente existieran, deberían justificar gastos diarios de $ 8.000 en el caso de Francisco González o de $ 2.600 en el caso de Diego Larreguy.

De no existir estos comprobantes, la configuración del delito es palmaria.

Toda esta maniobra que involucra a la máxima jerarquía del gobierno sale a la luz tras una investigación realizada por el legislador del Partido Justicialista, Martín Soria, quien presentó el viernes una denuncia penal ante la jefa de los fiscales de Río Negro, la Procuradora General, Liliana Piccinini.

Los primeros datos y algunas de las resoluciones que permanecían ocultas les llegaron al diputado por informantes. Luego, la investigación de sus técnicos y consultas al sistema nacional de informática jurídica (de fácil acceso para cualquier ciudadano), a los presupuestos anuales y al digesto provincial permitieron la corroboración de cifras, nombres y procedimientos, tal como hizo “Río Negro”.

Un intruso: el Banco Patagonia

Hay un agujero negro en estos sobresueldos: ¿qué hace el Banco Patagonia cobrando el “suplemento”? No es que la resolución que fija las asignaciones incluya a la institución en la lista de los beneficiarios. No la incluye. Pero ésta aparece en las órdenes de pago percibiendo una buena porción del plus de determinado funcionario.

La cuestión es así: se le fija por resolución al secretario General de la Gobernación, Francisco González, un suplemento de 219.500 pesos en noviembre de 2010. Pero en el detalle de las órdenes de pago a González no le hacen un cheque por ese valor –como ocurre con todos los ministros- sino por $ 116.250. Los otros $ 103.250 se le asignan por un cheque correlativo al Banco Patagonia, CUIT 30-50000661-3.

Se ha detectado que esta maniobra de desdoblamiento se repitió en marzo, cuando a la Tesorería se le determinó por resolución $ 51.750, pero el cheque emitido fue por apenas 15.550. Los otros $ 36.200 van por cheque correlativo al banco.

Prácticamente todos los meses de 2010 aparece el Banco Patagonia en las órdenes de pago. Suele llevarse unos 50.000 promedio.

ÍTALO PISANI
ipisani@rionegro.com.ar

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