Por qué Colombia está sumida en el caos desde hace una semana
Nuevas marchas aumentan la presión sobre el gobierno de Duque. Una reforma tributaria que castiga a la clase detonó el malestar acumulado por la crisis económica y social derivada de la pandemia, varios casos de brutalidad policial en las ciudades y el asesinato de líderes sociales en zonas rurales.
Miles de personas volvieron a las calles de Colombia esta tarde para protestar contra el gobierno del presidente Iván Duque, al fin de una semana de manifestaciones que se tornaron violentas y dejan 24 muertos, la mayoría por disparos.
La presión en las calles no cede, ante la vigilancia de la comunidad internacional que denunció ataques de policías contra civiles. Estudiantes, sindicatos, indígenas y otros sectores volvieron a las calles de la capital Bogotá, así como de Medellín en el noroeste y Cali en el suroeste.
Lo que empezó como una manifestación pacífica el 28 de abril en rechazo a una reforma fiscal ya retirada se transformó en la protesta más grande contra el gobierno conservador desde que llegó al poder en 2018. Ahora exigen un cambio de rumbo más importante a su gobierno.
#ParoNacional5M🔥| Carnaval en las calles de Medellín. Con música y circo se movilizan a esta hora en la capital antioqueña. pic.twitter.com/ZvYGwpIZ4X
— Colombia Informa (@Col_Informa) May 5, 2021
Sus reclamos son variopintos: mejores condiciones en salud, educación, seguridad en las regiones, cese del abuso policial contra las manifestaciones, entre otras.
«Duele (…) la negligencia de un gobierno que está sordo, que prefiere enviar fuerza pública, en vez de ayudar [a la gente], prefieren ayudar a los bancos, a las grandes empresas», dice a la AFP Héctor Cuinemi, un estudiante de 19 años que protestaba en Bogotá.
Un controvertido proyecto de reforma tributaria que extendía el impuesto del IVA a los servicios públicos y ampliaba el impuesto a la renta a sectores de medianos y bajos ingresos hizo estallar multitudinarias manifestaciones en los últimos seis días en Colombia. Un sector amplio de la política y la opinión pública rechazó la medida al considerar que castigaba a la clase media y era inoportuna en plena crisis desatada por la pandemia.
El agravamiento de la situación motivó el lunes la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.
Las movilizaciones actuales recogen además la desesperación provocada por la pandemia y la mala gestión sanitaria del gobierno, que golpean con fuerza al país de 50 millones de habitantes. En su peor desempeño en medio siglo, el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia se hundió 6,8% en 2020 y el desempleo trepó al 16,8% en marzo. Casi la mitad la población está en la informalidad y en la pobreza, según cifras oficiales.
Para colmo Duque, en medio de la crisis, sacó los militares a las calles de las principales ciudades para controlar manifestaciones y disturbios que rechazaban su reforma tributaria. Pero la decisión causa temor en un país golpeado por más de medio siglo de conflicto armado. Acompañado por el comandante del ejército, anunció el sábado que usará la figura de «asistencia militar» para combatir «a quienes por la vía de la violencia, el vandalismo y el terrorismo pretenden amedrentar a la sociedad».
La ONU, La Unión Europea, Estados Unidos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch llamaron a la calma y le exigieron garantías al gobierno de Duque en medio de las protestas.
Reporteros de la AFP constataron la presencia de soldados durante las manifestaciones que empezaron el miércoles en todo el país.
#URGENTE Este es el panorama en este momento en el centro de Bogotá, los y las manifestantes no tienen vías de evacuación, la Fuerza Pública los esta encerrando. @GobiernoBTA @LuisErnestoGL @ClaudiaLopez @Bogota #SOSColombiaDDHH 🆘🇨🇴 pic.twitter.com/iu8LRU7WYX
— Campaña Defender la libertad (@DefenderLiberta) May 5, 2021
Para «la ciudadanía, esta medida fue recibida de manera negativa como una militarización», e incluso como una «represión», advierte Eduardo Bechara, profesor de gobierno y políticas públicas en la Universidad Externado.
Y es que tras seis décadas de un conflicto armado que persiste pese a la firma de la paz con la guerrilla FARC en 2016, los gobiernos están más acostumbrados a lidiar con la guerra en el campo que con las protestas urbanas, coinciden expertos entrevistados.
Según la Defensoría del Pueblo (Ombudsman), los disturbios y manifestaciones dejan al menos 19 muertos. El ministerio de Defensa, por su parte, contabiliza más de 800 heridos y cientos de establecimientos destruidos.
El viernes, Cali fue la primera ciudad militarizada, en medio de desmanes que se dieron a la par de protestas pacíficas. El ministro de Defensa, Diego Molano, anunció el despliegue de 700 soldados en la capital del Valle del Cauca (suroeste) para enfrentar «organizaciones criminales» que orquestan los disturbios.
Para el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, este es un intento por amedrentar la protesta social. «Creo que es la vieja estrategia de siempre, de que a punta de represión entierran las personas. Es un mensaje para apagar las protestas», afirma el investigador.
En Bogotá y Medellín, los alcaldes de oposición rechazaron la oferta de militarizar sus ciudades. Aún así, soldados patrullan la capital por orden presidencial.
La cifra de efectivos desplegados es reservada. En Colombia hay 266.606 militares y 157.820 policías que dependen del ministerio de Defensa, según datos oficiales.
Contra la brutalidad policial
La militarización se instala mientras la policía está en el ojo del huracán por la manera como reprime las protestas contra el gobierno. En 2020 la fuerza pública enfrentó a bala movilizaciones contra la brutalidad policial, dejando una docena de muertos y más de medio millar de heridos. En el caso más emblemático, dos policías asesinaron al abogado Javier Ordóñez en Bogotá en la noche del 8 al 9 de septiembre dándole más de diez descargas con pistolas eléctricas. Los videos grabados por testigos se viralizaron rápidamente, provocando los mayores disturbios que recordaba la capital colombiana en años. Desde entonces, las protestas se han saldado con varias muertes más, decenas de heridos de bala y centenares de hospitalizados.
La oposición acusa al Gobierno y a Duque, de ser responsables por la falta de reformas en la policía y la inacción del Estado ante los grupos armados.
La Corte Suprema de Justicia ordenó luego al ministerio de Defensa pedir disculpas por sus excesos y reformular sus protocolos.
Pero las denuncias vuelven de la mano de oenegés, organismos internacionales y oposición por presuntos atropellos cometidos durante las jornadas en curso.
Según la ONG Temblores hubo 940 casos de abuso policial en los últimos días y se investiga «la muerte de ocho manifestantes presuntamente atacados por policías».
Este martes, el portavoz del servicio diplomático de la Unión Europea, Peter Stano, se dijo a su vez preocupado por la situación en Colombia y aseguró que «es realmente una prioridad contener la escalada de violencia y evitar el uso desproporcionado de la fuerza».
En tanto que la oficina local de derechos humanos de la ONU denunció en Twitter «amenazas y agresiones», así como «disparos realizados por la policía» contra una comisión humanitaria.
En la misma red social, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó al Estado a esclarecer su participación en ataques que incluyen abusos sexuales.
Mientras tanto el gobierno guarda silencio y reconoce apenas un civil y un policía fallecidos relacionados con las protestas.
La ONU, la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos denunciaron este martes un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía de Colombia para controlar casi una semana de violentas protestas contra el gobierno que dejan una veintena de muertos y centenares de heridos.
«Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali (suroeste) en Colombia la pasada noche, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas, según la información recibida», declaró en Ginebra Marta Hurtado, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
Lo que empezó el miércoles como una nueva manifestación contra una reforma fiscal ya retirada se transformó en graves protestas contra el gobierno y choques con la fuerza pública.
En la mañana de este martes había personas en las calles y bloqueos en las vías de la capital y en Cali, tercera ciudad del país y la más afectada por los disturbios.
Hurtado hizo «un llamado a la calma (…) Dada la situación extremadamente tensa, con soldados y policías desplegados para vigilar la protesta».
Defensores de derechos humanos y ong denuncian amenazas y casos de violencia policial, que incluyen civiles muertos a manos de uniformados.
La Unión Europea se sumó a las advertencias y pidió «evitar el uso desproporcionado de la fuerza».
La Defensoría del Pueblo registró el lunes 19 muertos y 89 personas desaparecidas durante las jornadas de protesta en el país. Por su parte, el Ministerio de Defensa contabilizó 846 heridos, de los cuales son 306 civiles.
Foto: Agencia Kronos
Cali, foco de protestas
Las protestas y disturbios encendieron la capital del departamento del Valle del Cauca, Cali, en la noche del lunes. La ciudad de 2,2 millones de habitantes está militarizada desde el viernes por orden del gobierno.
La secretaría de Seguridad local registró este martes cinco muertos y 33 personas heridas durante manifestaciones y desmanes la víspera.
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