Por demoras en resolución de expedientes, sancionaron a una jueza de Regina

El Consejo de la Magistratura impuso una suspensión por 50 días a una jueza de Villa Regina por demoras en la resolución y dictados de expedientes que se iniciaron entre 2015 y 2019. Ya con anterioridad la magistrada había sido advertida por la demora y se había fijado un plan de regularización que no se cumplió.

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La sanción por “mal desempeño de la función” se conoció esta semana, tras una reunión de los integrantes del Consejo de la Magistratura de la Segunda Circunscripción, que definió suspender a la jueza Paola Santarelli, titular del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 21 de Villa Regina.

Si bien durante las audiencias de enjuiciamiento la funcionaria judicial explicó los motivos que generaron las demoras en la resolución y dictado de sentencias, reconoció el incumplimiento por el cual se le impuso la sanción a partir de la acusación que formuló el Procurador General, Jorge Crespo.

La aplicación de este tipo de penalidad está prevista tanto en la Constitución Provincial como en la Ley Orgánica del Poder Judicial, al considerar que existe un perjuicio hacia las personas que recurrieron al servicio de justicia para la resolución de conflictos.

El jurado de enjuiciamiento estuvo a cargo del presidente del Superior Tribunal de Justicia y del Consejo de la Magistratura, Ricardo Apcarián; de los consejeros legisladores Facundo López, Norberto Gerardo Blanes y Pablo Barreno; los consejeros y consejeras por el Colegio de Abogados, Fernando Andrés Carrasco, Lorena Koltonski y Ruth Luengo, y la consejera por la judicatura, Paula Bisogni.

“La sanción se impuso bajo los cargos de ´mal desempeño de la función´, prevista en el artículo 199 de la Constitución Provincial, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de Río Negro, en las Reglas de Bangalore sobre competencia y diligencia en el ejercicio del cargo judicial y en la Carta de Derechos de los Ciudadanos de la Patagonia Argentina ante la Justicia”, explicaron en la resolución del Consejo de la Magistratura.

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Explicaron que Santarelli asumió como jueza en 2012; pero que a partir de 2015 y hasta finales de 2019 se comenzaron a acumular expedientes que no tenían resolución ni fallos. Por esta demora se implementó un plan de regularización, con el que se revirtió parcialmente la situación.

“En total, y con diversos grados de retardo, las inspecciones de la Auditoría General del Poder Judicial contabilizaron más de 90 expedientes con plazos legales vencidos. De acuerdo con las estadísticas oficiales del Poder Judicial, el Juzgado N° 21 recibe alrededor de 600 causas nuevas por año, aunque en 2018 tuvo un ingreso mayor al habitual, con más de 1.100 nuevos expedientes” detallaron. En tanto el Procurador General sumó que se detectó en dos expedientes particulares “irregularidades procedimentales y/o errores en la tramitación”.

En su fallo, los integrantes del Consejo de la Magistratura concluyeron que hubo una afectación al servicio de justicia en Villa Regina por “las irregularidades o disfuncionalidades que surgen del análisis global del conjunto de las actuaciones, y que configuran las conductas reprochadas, se encuentra probadas y han sido reconocidas por la magistrada a lo largo del proceso, como también se encuentran probados los perjuicios sufridos por los justiciables, ya que no han sido tramitadas sus pretensiones y reclamos dentro del plazo estipulado por el ordenamiento procesal”.