Ya se habla del impacto que tendrá el combate al narcomenudeo en la crisis carcelaria de Neuquén
El ministro Nicolini presentó en una audiencia judicial el plan de obras que la provincia prevé ejecutar en Neuquén, Cutral Co y Zapala. El plazo de ejecución será de 18 meses una vez que estén adjudicadas.
La jueza Raquel Gass presidió la audiencia con el ministro Nicolini en la Ciudad Judicial. (Cecilia Maletti)
Las cárceles de Neuquén seguirán cerradas por orden judicial, es decir que no podrán ingresar personas detenidas a menos que se produzcan egresos. Así lo resolvió la jueza de Ejecución Penal Raquel Gass luego de una audiencia judicial realizada este viernes en la que el ministro de Seguridad de la provincia, Matías Nicolini, anunció la conclusión de una serie de obras y prometió otras que se realizarán en el marco de la emergencia carcelaria.
Nicolini dijo que en 18 meses a partir de la adjudicación construirán un pabellón de máxima seguridad para 26 personas y un pabellón de mediana seguridad para otras 148. No pudo precisar cuándo empezarán esos trabajos, pero aseguró que Obras Públicas ya dibujó los planos.
Esas 174 plazas se sumarán a las 26 del pabellón de máxima seguridad que ya se está construyendo, por lo que la Unidad 11 sumará 200 nuevas celdas a las 265 que tiene en la actualidad, dijo el ministro al hablar en la audiencia judicial.
Solución a corto plazo
Pero Nicolini admitió también que la tasa anual de crecimiento de personas detenidas es del 10 al 15% anual, y «no tenemos claro todavía lo que impactará el narcomenudeo», admitió. Es que a partir de febrero del 2025, según anunciaron los tres poderes del Estado, Neuquén se hará cargo de investigar y juzgar los casos de venta minorista de droga por lo que -si esa política tiene éxito en los términos que fue pensada- aumentará la cantidad de detenidos.
Así, una proyección conservadora permite predecir que en dos años y medio las 200 plazas estarán ocupadas.
«No alcanza, hay que seguir»
El ministro hizo otros anuncios. Dijo que también contemplan construir pabellones para 109 personas privadas de su libertad en Cutral Co y una cantidad idéntica en Zapala.
«Trabajamos para cubrir el déficit y dejar un margen de unas 300 plazas. No alcanza, hay que seguir», admitió. «Estamos focalizados en tener en los próximos 3 años 419 plazas».
Salud mental
En la ampliación de la Unidad 11 está contemplada además la construcción de un área para internación de salud mental. Por orden de la jueza Gass deberá tener un espacio no menor a 20 camas. En la audiencia del viernes se dijo que están previstas 35.
La defensora de Ejecución Penal, Luciana Petraglia, dijo que «después de diez años en el cargo me cuesta creer que alguna de estas obras se van a llevar a cabo». Agregó que «tal vez en términos de resultado estas audiencias no surten efecto, pero sin ellas ningún operador judicial estaría señalando la importancia que tiene que se garanticen los derechos de las personas privadas de su libertad y que se tienda a que la distancia entre la cárcel real y la cárcel ideal se achique cada vez más».
El fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid, quien participó por la fiscalía, se comprometió a impulsar las causas contra los internos que provoquen destrozos en los pabellones, tal como lo pidió la jueza Gass. «Todas las partes se tienen que comprometer a velar por los recursos del Estado», dijo la magistrada.
Hubo espacio también para hablar de la situación en las comisarías, donde hay 118 personas cumpliendo prisión preventiva y 70 condenados en condiciones inhumanas.
A la audiencia asistieron representantes del Comité Contra la Tortura, y se valoró el relevamiento que hicieron sobre las condiciones de detención en la Unidad 11.
Proyecciones pesimistas
Gass dijo en su resolución que «no vamos a salir de esta situación». Añadió que «no me corresponde a mí decir si es acertada o no la decisión de perseguir el narcomenudeo, que fue acordado entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial».
«En estas audiencias -continuó- se repara algo de lo que se puede en cuando a la vulneración de derechos».
Las órdenes al Ejecutivo
Otorgó un plazo de cuatro meses para que se termine la remodelación completa del pabellón 6. Cuando esté concluida se iniciarán los trabajos en el pabellón 9, cuyas celdas deberán ser para 3 personas, y con baños adecuados.
“El cupo queda como está, porque no hay una plaza nueva que haya generado el Ejecutivo”, dijo por otra parte. Es lo que se traduce como la cárcel sigue “cerrada”.
La jueza también dio un plazo de 15 días para finalizar los baños en las casas de discapacitados, y hasta octubre para construir las rampas.
Ordenó además que el sistema contra incendios “deberá ser chequeado periódicamente”.
Sobre los pabellones de máxima y mediana seguridad que se construirán, dispuso que “los planos y pliegos de estas obras a realizarse, que se pongan a disposición de las partes”.
La próxima audiencia será en octubre o noviembre.
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