Weretilneck puso fecha al debate por un nuevo «vínculo laboral» en el Estado, pero hay dudas

El gobierno provincial convocó para el próximo lunes 15 a los gremios estatales para la “mesa de revisión y de discusión del convenio colectivo de trabajo” en la administración pública.

El propósito es “cambiar” o “mejorar el vínculo entre el Estado y sus trabajadores”, anunció ayer el gobernador Alberto Weretilneck al poner fecha al proceso previsto por la ley Nª 5506, del 2021.

ATE calificó el hecho de “histórico” aunque el llamado gubernamental parte de un inconveniente: la oposición de UPCN al sistema fijado por la norma.

El mandatario explicó que las leyes del régimen laboral público tienen “más de 25 años” y “fueron pensadas y discutidas para otras épocas. Ha llegado -remarcó- el momento de discutir el Convenio Colectivo” con las “necesidades que el Estado tiene para poder cumplir con los ciudadanos” y las “demandas que tienen” los gremios y los trabajadores “para “crear un vínculo laboral dinámico” y “moderno”.

La legislación encuadra la discusión en “las cuestiones laborales”, pero deja afuera a “las tratativas salariales”, cuya cuestión se mantiene en la Función Pública. Esta exclusión constituye un cuestionamiento de UPCN, que también sostuvo la oposición en la Legislatura.

En su mensaje, Weretilneck habló en general y no ingresó en precisiones pero, en cambio, la gacetilla oficial detalla puntos del abordaje en la mesa y, entre otros, alude a los “salarios”. Esta referencia generó confusión de la postura gubernamental.

Su líder Juan Carlos Scalesi adelantó que esa organización no asistirá si la ley no se modifica, como se lo adelantó al gobernador. “Le dije que así no se puede aplicar, no sirve y que necesitamos modificaciones. Me dijo que si”, contó.

Por las redes, el mandamás de ATE, Rodolfo Aguiar afirmó que es “una conquista histórica” de su gremio, lo cual, resaltó más por el “escenario nacional de ajuste”.

En un comunicado, ATE Río Negro, que conduce Rodrigo Vicente, definió de “hito” a la “primera reunión redactora “ del CCT porque será “el instrumento que le permitirá a 17.000 trabajadores” públicos “democratizar y formalizar sus relaciones laborales”.

La Comisión -según la ley- se integrará con funcionarios y miembros de “las asociaciones sindicales con personería gremial”. Esta expresa limitación apartaría a la representación hospitalaria de Asspur.

Oportunamente, Weretilneck designó al legislador Lucas Pica para implementar el proceso.

En la ley se prevé que la presidencia recaerá en el titular de Trabajo mientras que la participación gremial -según el artículo 8º- se “opta expresamente por el sistema de pluralidad y coexistencia sindical, no pudiendo aplicarse la proporcionalidad o cotejo del número de afiliados”. Así, cada sindicato tendrá la “misma cantidad de miembros paritarios”.

Esta conformación es importante ya que los acuerdos -según la ley- saldrán “por consenso entre todas las partes” y “sólo en caso de no poder arribarse al mismo se aprobarán por simple mayoría sobre la totalidad de los paritarios presentes”.

La distribución igualitaria es otro punto objetado por UPCN, incluso con una misiva entregada al mandatario.

La norma de “negociaciones colectivas” en la Administración Pública Provincial podrán darse en un “ámbito general o sectorial” y las “partes pueden articular la misma en los distintos niveles”.

Además de lo salarial, la normativa deja también afuera el análisis a la “estructura orgánica de la Administración Pública Provincial” y el “principio de idoneidad como base del ingreso y promoción”.