Uso de armas menos letales en Neuquén: la APDH le dio contexto al debate
Hubo cruces en la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura donde se analiza el proyecto para dotar de ese armamento a la policía.
Walter Pérez, presidente de la APDH, estuvo en la comisión legislativa. El debate fue áspero. (Matías Subat)
La APDH Neuquén planteó con claridad los ejes: «ningún proyecto se puede sacar del contexto social y político». «Está en debate la fuerza de seguridad que queremos, si existe capacitación, profesionalización, si son acordes los salarios». «Uno se pregunta cuánto se va a invertir en la compra de pistolas en una provincia en la que siete de cada diez niños son pobres, están en seria situación de riesgo y abandono por la ausencia del Estado».
Empezó el debate por el uso de las Taser en Neuquén, con muchos cruces y pocos datos
Fue este jueves a la mañana, en la segunda reunión de la comisión legislativa de Derechos Humanos convocada para debatir el proyecto para dotar a la Policía de armas menos letales (o no letales, como dice el texto original). Por la APDH fueron su presidente, Walter Pérez, Carmen Raña (que además integra el foro de la ley 2302) y Arrayin Grandón.
Pérez citó casos en los que el uso de esas armas causaron muertes y lesiones gravísimas en países del primer mundo, y después lo trajo a la provincia: el más emblemático fue el docente Carlos Fuentealba, a quien asesinaron de un disparo con una pistola que lanza gases lacrimógenos el 4 de abril del 2007 durante una manifestación.
«Existe la inseguridad, hay preocupación en los barrios, hay robos, lo reconocemos», dijo el dirigente. «La cuestión es cuál es la mejor respuesta. Y la mejor no es más armas sino más debate, y abordar la cuestión social, que es fundamental en una provincia con altos niveles de pobreza». Diario RÍO NEGRO publicó que en los últimos meses aumentó la cantidad de personas que concurre al basural.
Se le dio la palabra a Carmen Raña, quien trazó el panorama desolador que atraviesan las áreas que deben aplicar la ley 2302. De los 21 centros de desarrollo infantil, funcionan tres. «Los centros toman niños de 45 días a 4 años mientras sus padres trabajan. ¿Con quién se quedan esos niños, dónde están? Se quedan solos o a resguardo de hermanitos más grandes. No se asegura su bienestar, ni su cuidado», explicó.
En ese punto comenzaron las miradas molestas de algunos diputados. La presidenta de la comisión, Yamila Hermosilla, dijo que se estaban desviando del tema. Pérez y Raña dijeron que, por el contrario, en una situación de crisis ese es, justamente, el foco del debate: «¿Vamos a invertir en pistolas y dejar a nuestros niños en situación de riego?».
El viejo lenguaje
Intervino Ernesto Novoa, expolicía, abogado, presidente del bloque oficialista Comunidad. Con un lenguaje que se creía pasado de moda, acusó a la APDH de «luchar por aquellos que infringen la ley» y afirmó que «yo estoy del lado de las víctimas».
Afirmó que los policías «no se fugan» cuando cometen «excesos» y que para los fiscales es «como cazar gallinas en el gallinero. Si van a la Unidad 11 van a encontrar a varios». Según pudo averiguar diario RÍO NEGRO, en la actualidad hay cinco policías cumpliendo condena. A ninguno el Poder Judicial le aplicó el agravante de la función, porque cometieron delitos por razones particulares. Corrección: el único es José Darío Poblete, el autor del homicidio de Fuentealba, que si algo no hizo fue entregarse.
Novoa dijo que las pistolas eléctricas Taser «no le agradan a la cultura policial» porque «traen una cámara y graban todo el procedimiento. Para el policía va a ser un control excesivo».
Ley 2302 y costos
Al final de la reunión, cuando Novoa ya se había retirado, Walter Pérez tuvo que explicar una vez más cuál es el rol de la APDH, algo que los integrantes de la comisión de -nada menos- Derechos Humanos de la Legislatura deberían tener claro. «No tenemos animosidad ni intención de ofender», dijo. «La APDH se conformó ante la violación de los derechos humanos por parte del Estado. Cuando un integrante de las fuerzas de seguridad comete un delito es un representante de Estado».
Marcelo Bermúdez (PRO-NCN) dijo que su proyecto no busca resolver el problema de la inseguridad sino proteger a los policías. Rescató un dato aportado por Walter Pérez: un policía con un arma menos letal en sus manos, tiende a usarla más rápido. «Por eso planteo que cada intervención tiene que ser filmada», expresó.
La extensa reunión navegó por otras aguas. Hubo fuertes cuestionamientos a la ley 2302, se utilizó el crimen de Juan Caliani para intentar justificar un proyecto de reforma -que está elaborando más de un diputado- y se cayó en comparar que es más barata un arma menos letal que una pistola 9 milímetros. A fin de cuentas, como dijo Galeano: «Los nadies cuestan menos que la bala que los mata».
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