Un informe recomienda no ingresar más detenidos a comisarías de Neuquén
Las condiciones de habitabilidad son "degradantes e inhumanas", señala un informe del Comité contra la Tortura que ingresó a la Legislatura. Cuántas personas condenadas hay en comisarías.
La comisaría Primera, en el centro de Neuquén, no tiene alcaidía y están alojadas cuatro personas. (Cecilia Maletti)
El Comité contra la Tortura hizo un relevamiento en 13 comisarías de Neuquén, Centenario, Plottier y Senillosa mediante el cual confirmó la profundidad de la crisis del sistema de privación de libertad de las personas en la provincia. Los resultados del monitoreo, que fueron entregados a la Legislatura esta semana, «dan cuenta de las pésimas condiciones en las que viven y sobreviven las personas alojadas en este tipo de instituciones, lo cual sin dudas pueden ser calificadas como tortura, malos tratos y/o una forma de atentado contra la dignidad de las personas».
A lo largo de 84 páginas, el informe desarrolla los resultados del trabajo realizado durante julio y agosto. Si bien era sabido que las comisarías de Neuquén no cumplen con las mínimas condiciones para alojar personas privadas de su libertad, el monitoreo permite tener claro el panorama de este subproducto de la grave crisis del sistema carcelario.
Los miembros del Comité inspeccionaron -sin previo aviso, lo cual les trajo algunos problemas para ingresar- cinco comisarías sin alcaidías (Primera del centro de Neuquén, Segunda del bajo, Séptima de Plottier, 11 de Senillosa y 17 de La Sirena, Neuquén) y ocho con alcaidía (Tercera del barrio Progreso; Quinta de Centenario; 12 de San Lorenzo; 18 de Gran Neuquén; 19 de Confluencia; 41 de Valentina; 44 de Don Bosco y 46 de Plottier).
La sobrepoblación en números
Las primeras tienen capacidad total para 11 personas y hay 17 (13 procesados y 4 condenados. En las comisarías con alcaidía el aforo es de 63 y hay 97 (69 procesados y 28 condenados). Según la justicia de ejecución penal, nunca en la historia provincial hubo personas condenadas en las comisarías.
El Comité recomendó al gobierno que no continúe con el ingreso de personas privadas de su libertad a las comisarías relevadas «hasta tanto no se cumpla en ellas con los estándares mínimos de habitabilidad dispuestos por la normativa vigente». Como medida alternativa propuso «implementar prisiones domiciliarias, tobilleras electrónicas u otros dispositivos disponibles para estos casos».
Sin acceso a la salud
Propuso además «garantizar el inmediato acceso a la salud a las personas detenidas en comisarías, e implementar el control médico integral por parte del personal profesional de Salud Pública de la provincia a todas las personas privadas de su libertad alojadas en estas instituciones».
El minucioso informe señala que detectaron en las 13 unidades relevadas «condiciones de habitabilidad degradantes e inhumanas».
Las mismas se reflejan, por ejemplo, en «problemas de ventilación con presencia de olores nauseabundos»; «problemas de acceso a la luz natural y artificial»; «elevada presencia de vectores infecciosos como lauchas y cucarachas»; «instalaciones sanitarias en muy malas condiciones»; «acceso a la comida deficiente dada la mala calidad y las condiciones de insalubridad en la que llega» y «serias dificultades en el acceso general a la salud», entre otras.
«Condiciones inhumanas»
En las comisarías con alcaidías hay «personas viviendo en condiciones inhumanas, hacinadas, con escasa o nula iluminación natural, sin poder controlar el encendido y apagado de las luces artificiales cuando las hay, durmiendo en el piso y en algunos casos sin colchones, en 78 lugares húmedos, fríos y en numerosos casos teniendo que hacer sus necesidades en agujeros en el piso, cuando no en botellas».
«Una situación de degradación que se incrementa dado que en esos lugares no cuentan con ningún tipo de actividad recreativa, educativa ni laboral, siendo el objetivo el encierro en sí mismo, incumpliéndose de esta manera con el fin primario de la pena que es la resocialización y no el castigo, que es lo que realmente sucede».
«A todo ello debe sumarse la pésima alimentación que reciben y la vulneración del acceso al derecho a la salud física y mental, así como a la atención médica que en casos de urgencias no se contempla con la debida premura del caso».
El Comité está integrado por Estefanía Buamscha, Araceli Genco, Jorgelina González, Silvia Couyoupetrou, Néstor Giménez, Pablo Meuli, Roberto Samar y Pablo Scatizza.
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