Tras las críticas de los estatales de Neuquén, cambian el proyecto «tratame bien» por uno menos «agresivo»
La propuesta original consistía en establecer una capacitación para "erradicar" el "maltrato institucional" en la atención al público. El oficialismo llamó a reconsiderarlo, a una semana de haber acordado la pauta salarial con los sindicatos.
César Gass es el diputado que impulsa la iniciativa. Foto Cecilia Maletti.
El proyecto de ley que establece una capacitación para que los empleados públicos, funcionarios y funcionarias de los tres poderes del Estado de Neuquén «traten bien» a la ciudadanía sufrirá cambios drásticos. Así lo anticipó su autor, el radical César Gass, que trabajará, dijo, para lograr un texto «no agresivo».
La propuesta parte de la premisa de que existe «maltrato institucional» y lo define como «la atención al público que, por acción u omisión del funcionario o empleado, tenga un trato irrespetuoso, degradante, carente de empatía, revictimizante, así como retrase u omita brindar la información correspondiente de manera injustificada».
Señala que el personal encargado de la atención debe identificarse con su nombre, apellido y cargo ante el requerimiento de la ciudadanía, y si no lo hace cometerá una «falta grave». Por eso le encarga al ministerio de Trabajo una capacitación en «escucha activa, comunicación efectiva y no violenta, el trato digno y respetuoso, la empatía». Las personas tendrán que hacerla antes de asumir su puesto.
Esto le valió duras críticas, especialmente del secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintiqueo, que aseguró: «Es una posición cómoda e ignorante opinar y hablar del mundo laboral desde lujosos y cómodos despachos con sillones de cuero, sin tener noción de la realidad que viven los trabajadores».
Ponderar «las muestras de generosidad»
Gass contó que se había reunido con el presidente de la comisión de Trabajo, Francisco Lepore (Avanzar), y que estaba analizando las modificaciones. Afirmó que «como lo toma el periodismo para darle fuerza a la noticia» da la impresión que se estigmatiza, y que no era esa la intención. La comparó con la capacitación de «tres días» que reciben en «Ley Micaela».
La formación obligatoria en perspectiva de género para el personal estatal nació en un contexto diametralmente distinto. En Argentina se comete, en promedio, un femicidio cada 35 horas, y la ley lleva el nombre de una de las víctimas: la joven entrerriana Micaela García.
Uno de los cambios pedidos por Lorena Parrilli (Unión por la Patria) fue incorporar en la ley una encuesta de clima laboral para que los empleados y empleadas puedan expresar en qué condiciones edilicias desarrollan su tarea, el equipamiento con el que cuentan, la posibilidad de hacer carrera profesional, sus salarios. Brenda Buchiniz (Cumplir) solicitó agregarle una formación en «ética pública».
Yamila Hermosilla (Comunidad) llamó a «no tenerle miedo a la capacitación de los empleados públicos» (ella proviene de la subsecretaría de Trabajo), y regular una ley para brindar «un mejor servicio».
El presidente del bloque oficialista, Ernesto Novoa, manifestó que no dudaba de la «buena fe» de Gass, marcó que le tenía una «gran estima» y valoró que reconsiderara algunos aspectos. «Lo peor que podemos hacer es afectar a los trabajadores», subrayó, luego del largo conflicto por el presentismo docente y a una semana de firmar el acuerdo salarial 2025.
Ponderó «el esfuerzo» y las «muestras de generosidad» de los estatales con la «convivencia política y social». Recomendó modificar el proyecto y tratarlo «en otro momento».
Lepore planteó que tenía «muchas dudas» y después de la reunión con Gass entendió que se trata de un «problema terminológico que se puede salvar». Remarcó que en caso de avanzar se consultará «a las asociaciones sindicales».
En soledad, el diputado de izquierda Andrés Blanco mantuvo los cuestionamientos. Insistió en que el proyecto señala la responsabilidad de un único sector – «el que está en el mostrador»– de una oficina pública, que es «el último eslabón de la cadena». Enfatizó en que en los fundamentos no hay datos concretos que sostengan la necesidad de esta iniciativa. Mencionó que no estaba en contra de que el personal sea capacitado pero «está claramente direccionado».
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