Transparencia patrimonial en el gobierno de Rolando Figueroa: a marzo

Diario RÍO NEGRO accedió a la nómina de funcionarios que cumplieron con presentar su Declaración Jurada. Desde diciembre a julio solo lo hicieron 56.

Poca transparencia en los patrimonios de los funcionarios públicos de Neuquén. Foto: Oscar Livera

A la Legislatura de Neuquén le quedan tres sesiones, según el calendario ordinario, antes que termine el 2024. Y hay un tema fundamental para la transparencia del gobierno que se puso tímidamente en discusión y tuvo muy poco debate.

Se trata de democratizar el acceso de la población al patrimonio de los funcionarios públicos. Es decir, habilitar a la sociedad a que tenga información fundamental para sus vidas: saber con qué patrimonio ingresan y con cuánto se van los funcionarios públicos de sus cargos. Se debatió solo una vez en todo el año.

 “Al que encuentre pidiendo una coima”, dijo el gobernador Rolando Figueroa en el Espacio Duam frente a su planta política en septiembre de este año, “no solo lo voy a echar, sino que lo voy a denunciar”. Lo aseguró en lo que fue un balance de gestión, a poco de cumplir un año al frente de la provincia. “No es joda”, enfatizó, “están avisados”.

Una de las herramientas fundamentales a la hora de buscar transparencia en la gestión pública, y con ello evitar el enriquecimiento ilícito, la coima y la malversación de fondos es la publicación de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos. Es decir, que la población pueda controlar el enriquecimiento o no de los funcionarios.

La presentación de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos de Neuquén está regulada por la ley 5. Rige para los tres Poderes del Estado. Es una normativa sancionada en 1958, es decir, una ley que regula una sociedad que ya no existe.

La ley 5 tiene problemas: por un lado, niega a la población poder acceder a la información sobre el patrimonio con el que los funcionarios entran y salen de la función pública. ¿Ese juez se enriqueció? ¿Esa diputada compró propiedades que exceden su salario? ¿Ese ministro terminó su gestión con más patrimonio que con el que entró? Esas preguntas en Neuquén no se pueden contestar.

El segundo problema es que los propios funcionarios no cumplen con la normativa. Es decir, no solo que la población en general no puede conocer qué presentan en sus declaraciones juradas, sino que tampoco se sabe quién cumplió y quién no con su deber.

La Legislatura tuvo este año – aún tiene – la posibilidad de revertir la opacidad y poca transparencia en el acceso a la información sobre el patrimonio de los funcionarios públicos y no la aprovechó. Aún quedan semanas en las que pueden presentar nuevos proyectos o tratar el que entró en abril de este año. Aunque las discusiones – seguramente – estarán centradas en el Presupuesto 2025 enviado por el gobernador Rolando Figueroa.

El único debate que tuvo la Legislatura sobre este tema fue el 18 de junio. Discutieron en la comisión «A» de Asuntos Constitucionales y Justicia una iniciativa presentada por la diputada Brenda Buchiniz (La Libertad Avanza) – que tampoco garantiza el 100% de transparencia ni de acceso público (ver aparte) -.  En aquella oportunidad los diputados y diputadas se comprometieron a seguir tratando el tema, pero eso no sucedió. 

Diario RÍO NEGRO hizo un pedido de acceso a la información pública y solicitó la nómina de funcionarios que presentaron su declaración jurada desde que asumió el gobierno de Rolando Figueroa. En el informe brindado por el despacho de Jefatura de Gabinete se asegura que desde diciembre del 2023 a julio de 2024 solo 56 funcionarios (ver abajo el listado) de los tres poderes del Estado lo hicieron. Para tener una referencia de la escases de presentaciones: solo en la planta política del Poder Ejecutivo hay 2000 funcionarios.

Son solo 15 funcionarios más que la presentaron desde que Diario RÍO NEGRO publicó en junio de este año la primera nómina, también solicitada a través de un pedido de acceso a la información pública.

En la lista de funcionarios que presentaron su declaración jurada no figuran todos los miembros de la comisión «A» que tienen en sus manos democratizar esta información.

Tampoco figura la vicegobernadora de la provincia Gloria Ruiz. Diario RÍO NEGRO consultó y desde el círculo cercano de la funcionaria aseguraron, la semana pasada, que estaban tramitando la presentación.

Declaraciones patrimoniales en Neuquén, la explicación de diputados:


La diputada Brenda Buchiniz no forma parte de la comisión «A». Presenció el único debate que se dio sobre el proyecto de su autoría. Contó que junto a aportes del diputado Claudio Domínguez (Movimiento Popular Neuquino) hicieron una propuesta de despacho y aseguró: “el presidente de la comisión decidió no volver a poner el proyecto en discusión a pesar que se lo pedí personalmente varias veces (aunque no por escrito)”.

También se refirió a Rolando Figueroa y dijo: “Lamento que los discursos rimbombantes del gobernador, en general habla de transparencia, del deber de funcionarios públicos, no se reflejan en los actos de gobierno ni en la labor de sus legisladores”. Y por último aseguró: “Si les da miedo – a los diputados – sancionar una ley de transparencia y mostrar sus declaraciones juradas que lo voten en contra, pero no pueden hacerse los distraídos y dilatar estos temas tan importantes para la sociedad”.

¿Por qué las y los diputados no debatieron el proyecto que modifica la ley 5 o no presentaron una propuesta alternativa? La respuesta que recibió Diario RÍO NEGRO por parte de los integrantes de la comisión «A» fue variada y ecléctica: algunos dijeron estar en la cordillera con poca señal, otros que mantienen perfil bajo y no hablan con la prensa, otros que sí, que se debe debatir una nueva normativa.

Para el diputado Guillermo Monzani (Bloque Hacemos Neuquén), integrante de la comisión «A» de la Legislatura, la ley 5 no hay que modificarla, solo hay que cumplirla. Así lo expresó: “Las declaraciones juradas las hemos presentado una poca porción de los funcionarios públicos y no ha pasado nada. Es una ley que está para ser respetada. Creo que como está la ley yo no la modificaría, solo hay que cumplirla”.

Por su parte Ernesto Novoa (presidente del Bloque Desarrollo-Comunidad) y presidente de la comisión «A» aseguró: “Seguramente en algún momento lo vamos a tratar”. Explicó que no tiene problema en discutir el proyecto presentado por la diputada de La Libertad Avanza ni cualquier otro pero que depende del consenso del resto de los diputados. «Trato de ser democrático, contemplativo con todos”, dijo.

El diputado Andrés Blanco (PTS en FITUnidad) también dio su opinión: “No presentan – los funcionarios públicos – sus declaraciones juradas seguramente para no mostrar sus patrimonios. Pero, eso no es ninguna garantía para evitar el enriquecimiento. Existen mecanismos para omitir y poner a cargo bienes propios”.

Además, sumó su mirada sobre el escaso debate sobre la temática que tuvo en la comisión, de la cual es parte: “El debate lo presentó una representante de La Libertad Avanza, que dijeron que venían a terminar con la casta y están ajustando a todos menos a los que dijeron que iban a combatir”. Y también dijo: “Nosotros – por los miembros de su partido – somos trabajadores que hacemos política. No tenemos ningún problema en que sean públicos nuestros patrimonios.  No debería ser ningún secreto que se sepa cuáles son los patrimonios”.

El Diputado César Gass (Juntos por el Cambio NQN – UCR) aseguró: “Hay que transparentar absolutamente todo. Arbitrar todos los medios para que la gente sepa que se presenta”. Y además se comprometió en retomar el debate a la comisión.

El acceso público a la información no es un capricho de algunos, es una garantía de democracia. Además, está reglamentada en tratados internacionales – Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Americana Contra la Corrupción – a los que Argentina suscribe y que Neuquén evade.  Es menester crear mecanismos para que haya más transparencia.

La figura de las y los políticos está desacreditada. Se los llama “ladrones”, “casta”, “chantas”. El ocultamiento de la información patrimonial de los funcionarios públicos perpetúa esta imagen negativa.

Quien decide ser funcionario público debe someterse a los regímenes de transparencia y a los estándares mundiales. Debe cumplir con la normativa que sobre sus funciones cae: con la ley 5 – en este caso – pero sobre todo trabajar para ampliar el ejercicio de la Democracia.

La única iniciativa en la Legislatura de Neuquén para modificar la presentación de las declaraciones patrimoniales:


El único proyecto de ley presentado en la Legislatura de Neuquén que busca modificar la ley 5 es de la diputada Brenda Buchiniz (La Libertad Avanza). Según especialistas ésta propuesta incurre en aspectos que no garantizan la transparencia ni el control público patrimonial de los funcionarios. 

Los puntos que destacan son:

– El proyecto incluye a sindicatos como sujeto obligado a presentar la declaración jurada. “No corresponde porque no son organismos públicos y sus rendiciones de cuentas se hacen a través de la Dirección Nacional de las Asociaciones Sindicales dependientes del Ministerio de Trabajo de la Nación”, aseguró el abogado Federico Egea.

– Establece que la autoridad de aplicación de la ley sea el Ministerio de Gobierno de la Provincia o el organismo que en el futuro lo reemplace. “Resulta sumamente inconveniente que la autoridad de aplicación esté conformada por funcionarios que están sujetos a control, propende a la elusión y resulta contrario a las convenciones internacionales. No supera el estándar de vinculación entre sujeto controlado y sujeto controlante”, especifica Egea.

– El universo de sujetos obligados es acotado y favorece la transferencia de bienes a relaciones cercanas de parentesco.

– La publicidad de las declaraciones juradas depende de un órgano federal y no local, en cambio debería asegurarse un sitio de consulta pública.

La Legislatura de Neuquén a tono con el gobierno de Milei:


El poco trabajo de la Legislatura de Neuquén en garantizar el acceso a la información que debería ser pública – por pactos internacionales y estándares mundiales de transparencia – están a tono con el Poder Ejecutivo Nacional.

A principios de septiembre el Gobierno nacional dictó un decreto que establece una serie de restricciones al acceso a la información pública. A través del Decreto 780/2024 la gestión de Javier Milei limitó la difusión de hechos que califica como “privados”.

También habilitó la no divulgación de “deliberaciones preparatorias, papeles de trabajo o exámenes preliminares” sobre un tema o acto de gobierno. A la vez, se arrogó la discrecionalidad de autodefinir y autodeterminar cuál o cuáles serán los datos que podrán considerarse como de interés público para publicarse.

Específicamente en la norma dictada por el Presidente reglamentó artículos de la ley  27.275 sancionada en 2016 y que no habían sido incluidos en  la reglamentación de 2017. Esta ley de Acceso a la Información Pública fue sancionada sobre la base del artículo 75 de la Constitución Nacional que reconoce ese derecho a través de los tratados internacionales incluidos en el inciso 22 de esa norma.

Javier Milei reglamentó, por ejemplo, el artículo 3, que incluye las definiciones de “información pública” y “documento” pero modificó la definición del texto original. También amplió el listado de “excepciones”, es decir, los motivos que brinda la ley para no responder un pedido de acceso a la información pública. 

Quiénes son los funcionarios de Neuquén que presentaron su declaración jurada desde diciembre a julio 2024:


Según el pedido de acceso a la información pública que solicitó Diario RÍO NEGRO desde diciembre del 2023 a julio de 2024 solo 56 funcionarios de los tres poderes presentaron su declaración jurada.

Este es la nómina enviada por Jefatura de Gabinete:


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