Tomas en universidades: el Gobierno dijo que son «un delito» y deslizó posible respuesta judicial
Tras la caída de la Ley de Financiamiento Universitario, docentes y estudiantes anunciaron la continuidad de medidas, como las tomas de sedes ocurridas esta semana. Hoy hubo paro nacional en todas las universidades y se anunció otro para el jueves 17.
El portavoz presidencial Manuel Adorni. Foto: archivo.
El día después de imponer el veto presidencial a otra ley votada por amplia mayoría en el Congreso, hubo alivio en la Casa Rosada. La ratificación de los acuerdos parlamentarios entre el Gobierno, el PRO y diputados que responden a sus gobernadores, impidió que la oposición, pese a ganar la votación claramente por 159 a 85, no alcanzara la mayoría especial de los dos tercios. El veto a la Ley de Financiamiento Universitario, sin embargo, no apagó el conflicto que este jueves se reflejó en una treintena de sedes universitarias en el país tomadas, en el marco de un paro nacional de los docentes. “Tomar una universidad es un delito”, definió el vocero presidencial Manuel Adorni.
“Es un delito tomar una universidad como tomar cualquier edificio”, fue otra definición de Adorni, frente a la protesta universitaria. El día después del veto de Javier Milei al aumento de fondos universitarios, la reacción se reflejó en medidas de lucha en 38 universidades nacionales, con 25 tomas de facultades. El lunes próximo las universidades retomarán sus actividades en un contexto de conflicto: el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que agrupa a todos los gremios docentes y no docentes, convocó a un nuevo paro nacional para el jueves 17 de octubre, al que seguirá “una semana de lucha” desde el lunes 21.
“El Frente Sindical ha resuelto la profundización del plan de lucha con un horizonte de disputa con el gobierno nacional que nos ha privado de la herramienta de la Ley de Financiamiento Universitario”, anunciaron los gremios. Los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los Centros de Estudiantes de todo el país se reunirán la próxima semanapara “sostener la unidad del frente universitario y acordar un marco de acción programático”.
“Nos solidarizamos con la mayoría de los estudiantes que quieren ir a investigar, a estudiar, avanzar, y que nos los dejan, así también con los docentes y no docentes que quieren tener una universidad funcionando”, replicó Adorni, en relación a las medidas de fuerza.
Tras calificar de “delitos” a las tomas, el funcionario dijo que será “cuestión de la Justicia avanzar o no con alguna medida que implique el posible o supuesto desalojo”.
El gobierno informó que se otorgará un aumento del 6,8 a docentes y no docentes para octubre, que fue rechazado por los sindicatos que insisten en abrir la paritaria. “Prefieren rechazar el aumento y habilitar la toma antes que aceptar el aumento y seguir trabajando para mejorar la situación”, los desafió Adorni.
Reunión de gabinete con satisfacción
Milei reunió al gabinete de ministros y principales colaboradores (no estuvo la vicepresidenta Victoria Villarruel). Hubo satisfacción por la ratificación del veto y se valoró a los diputados que defendieron “el equilibrio fiscal”, que, dicen, atacaba la Ley de Financiamiento Universitario. También se agradeció a los 85 diputados que blindaron el veto. No se descartó un nuevo asado celebratorio en la Quinta de Olivos, como ocurrió tras la ratificación del veto presidencial al aumento jubilatorio.
El gobierno logró imponer el veto pese a ser derrotado en la votación. “Acaban de consolidar el partido de la minoría”, definió Pichetto en la sesión, sobre la alianza de la Libertad Avanza y el PRO, y a la que aportan el MID, radicales “libertarios” y una docena de diputados ligados a sus gobernadores, algunos de filiación peronistas.
Cristina Fernández de Kirchner, que anunció días atrás su voluntad de presidir el PJ, publicó un texto titulado “El veto y el voto”, con críticas “al transfuguismo políticos” de gobernadores y diputados peronistas aliados de la Casa Rosada.
“(…) gobernadores de nuestro partido habrían influido sobre algunos legisladores de sus provincias, para plegarse a la estrategia de apoyo al veto de Milei (valoramos el pronunciamiento del Partido Justicialista de Catamarca condenando la conducta de la diputada por esa provincia). También se puede ver la carita sonriente y los deditos en V de otro diputado del peronismo de Misiones que hizo lo mismo”, dijo Cristina Kirchner.
Las críticas alcanzaron a los gobernadores peronistas Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) y al diputado Alberto Arrúa, quien se abstuvo en la votación y a Fernanda Avila (ausente). “(Arrua) es secretario general del PJ de Misiones y no solo había votado el financiamiento universitario, sino que prometió públicamente rechazar el veto de Milei. Por alguna desconocida alquimia, terminó siendo uno de los 5 votos peronistas que, de haber cumplido con su mandato, habrían dejado sin efecto aquel veto y hoy la universidad tendría financiamiento, sus facultades no estarían tomadas y los docentes y estudiantes en clase”, escribió Kirchner. Al final del texto, sostiene que se debe “enderezar lo que se torció y ordenar lo que se desordenó para construir el mejor peronismo posible (…), para que nadie más en nombre del peronismo termine utilizando una banca en contra del Pueblo y la Nación”.
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