Suspendieron radares en Río Negro, pero la ley no rige para todos: piden renuncias
El autor de la ley que ordena revisar los cinemómetros dijo que su aplicación es parcial y planteó la renuncia del titular de la Agencia de Seguridad Vial.
Seis radares que había habilitado la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Río Negro ya fueron desconectados. Foto: Archivo
El ministerio de Seguridad pone en vigencia la norma de prohibición de radares y la nulidad de más de 400.000 infracciones en Río Negro aunque el criterio aplicado genera críticas por parte de los impulsores de la legislación.
Radares de Río Negro: una ley provincial los suspendió, cuántas son las multas anuladas
El presidente del bloque del ARI, Javier Acevedo, habló de un cumplimiento parcial, advirtió de denuncias penales y, además, solicitó la renuncia del titular de la Agencia de Seguridad Vial, Marcelino Di Gregorio.
El pasado lunes, se publicó la reciente ley N° 5726, que otorga 90 días a esa Agencia (APSV) para regularizar “el funcionamiento de los cinemómetros controladores de velocidad en todos los caminos y rutas existentes” y, simultáneamente, “prohíbe el funcionamiento” de esos radares, que no “cuenten con la autorización “ provincial.
Según se supo, Seguridad trabaja en la reglamentación de la normativa aunque informó al Tribunal de Faltas y los registros de Automotor de la nulidad y el archivo que establece la ley para las multas pendientes que se generaron por la información de los radares.
Desde su puesta en funcionamiento (fines del 2021), las infracciones realizadas fueron 445.000, de las cuales, unas 41.500 se abonaron. Así, unas 403.500 pendientes se pagos deberán ser anuladas y archivadas, según la flamante legislación.
Ese número resulta de la información de seis radares autorizados por APSV: Regina (generó el 46% de las multas existentes), Cipolletti (24%), Río Colorado (12%), Sierra Grande (8%), Lamarque (8%) y Campo Grande-Barda del Medio (2%).
Estos cinemómetros -según Seguridad- ya quedaron fuera de funcionamiento en la semana pasada mientras se cumplen con la revisión, la regularización y el cumplimiento de los puntos fijados, con un plazo de 90 días.
La norma fue aprobada por unanimidad y su autor es el arista Acevedo, que dispone de información donde advierte que su aplicación es parcial. Ocurre que la Provincia no actuaría en aquellos radares que no fueron habilitados por APSV.
Cuatro están autorizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Dina Huapi, Bariloche, El Bolsón y Cordero), y dos más que no tienen ningún permiso (Conesa y Darwin ).
Con su relevamiento, Acevedo llamó a RIO NEGRO para asegurar que la “Agencia, el Tribunal de Faltas y los Registros del Automotor “no están actuando de acuerdo con lo que les impone la ley 5726, ya vigente desde el 22 de julio”.
“Los estoy notificando. Todos -enfatizó- los radares que fueron habilitados por la APSV tienen 90 días para regularizarlos con toda la normativa legal y su reglamentación”. Agregó que se “deben prohibir a los que nunca fueron habilitados”, en referencia aquellos instalados y manejados por los municipios.
Acevedo centró la responsabilidad en Di Gregorio, afirman que “niega o no dice” todo lo normado. “Solo miente. Si no cumplen con la ley los denunciaré penalmente por incumplimiento en los deberes de funcionarios públicos”.
Afirmó, además, que la “nueva ley” debería “tener nuevos funcionarios” porque los actuales “no hicieron bien su tarea. Deberían renunciar si tienen un poquito de vergüenza”, cerró en el diálogo con RIO NEGRO.
Comentarios