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Son 144 las cooperativas de Río Negro que fueron dadas de baja por Nación

La medida la dispuso el Inaes que publicó un extenso listado con cooperativas de toda la provincia. En su mayoría, perdieron continuidad y desde hace años no presentan documentación.

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social implementó un raleo masivo de cooperativas de todo el país en situación irregular, que en la provincia de Río Negro alcanzó a 144 entidades, conformadas en su mayoría con un propósito de inserción en el mercado laboral.

Las cooperativas que ahora quedaron inhabilitadas surgieron en muchos casos a partir de la crisis de 2001/2002, cuando el Estado promovió la asociatividad de trabajadores desocupados para integrarse a programas como el Argentina Trabaja, para la realización de pequeñas obras públicas.

En Bariloche, por ejemplo a partir de 2012 hubo cinco cooperativas de trabajo nacidas y desarrolladas para ocuparse del estacionamiento medido, que funcionan hasta hoy.

Otras no corrieron la misma suerte y por decisión del Inaes acaban de perder su estatus legal. El organismo nacional efectuó una convocatoria general en abril pasado para que las cooperativas en falta de todo el país actualicen sus datos y pongan al día la presentación de sus actas de asamblea y estados contables. Pero el cumplimiento fue mínimo.

Esta semana el Inaes avanzó con la decisión de aplicar la sanción prevista en la ley para las irregulares y les retiró la autorización para funcionar.

El listado nacional supera las 8.000 cooperativas, con una mayoría originarias de la provincia de Buenos Aires. Entre las rionegrinas aparecen por ejemplo la cooperativa frutivinícola Valle Fértil. La cooperativa de Transporte Choferes de Bariloche, la cooperativa de trabajo artístico Quetren Quetren, la cooperativa de comercialización y provisión minera Quilla Che y la cooperativa de trabajo de Instructores de Esquí de Bariloche.

La extensa nómina incluye también, entre otras, a la cooperativa de trabajo universitaria Coop Uni, la cooperativa agrícolo ganadera de Maquinchao, la cooperativa de enfermería y traslados “E&T” de Viedma, la cooperativa Chocolateros de Bariloche y unas cuantas cooperativas de vivienda como El Progreso, Liucura y Nuevos Horizontes.

También figuran la cooperativa de Vivienda, obras y servicios públicos, asistenciales y de consumo para el personal de policía de Río Negro y la cooperativa de consumo y servicios sociales “sueño de guardapolvos blancos”.

El presidente de la Federación de Cooperativas de Río Negro, Alfredo Gaiga, dijo hoy que no estaba enterado de la resolución del Inaes, pero confirmó que muchas entidades asociativas tienen serias dificultades para funcionar. Señaló que las que sufrieron la baja “no son socias” de la Federación, si no las hubieran asistido “en todo lo posible” para su sostenimiento.

Según Gaiga, existían en fecha reciente 456 cooperativas en actividad a lo largo de la provincia, de las cuales un centenar están representadas por la Federación. Señaló que las que perdieron ahora su habilitación “seguramente son la que llevan años sin funcionar”, que se crearon con un fin específico y una vez cumplido “no continuaron”.

Señaló también que otro factor decisivo fue la flexibilización adoptada por el Inaes en 2021 que permitió conformar cooperativas con un mínimo de 3 personas (cuando antes el piso era de 6) y esa flexibilización hizo que “muchas no tuvieran sustentabilidad”.

Alejandro Pozas, exdirigente de la Federación y actual consejero de la CEB (la cooperativa más grande de Río Negro) dijo que desde esa empresa suelen asesorar a cooperativas pequeñas, pero admitió que “las obligaciones son muchas y es difícil cumplir”. Además de confeccionar los balances en fecha, algunas cooperativas que trabajan con el Estado pierden continuidad porque “no rinden los aportes”.

Señaló que no solo es indispensable llevar al día los requisitos que impone el Inaes, sino que también deben cumplir con Afip y Rentas, como cualquier empresa con actividad comercial. En opinión de Pozas, “el ordenamiento interno es importante” y la decisión del Inaes de limpiar el registro “hacía falta”.

Un trabajo arduo

Un gestor de cooperativas con amplia experiencia, Santiago Carballo, dijo que al mismo tiempo que se identifica la necesidad que da inicio a una cooperativa (por ejemplo laboral), es indispensable “crear los cuadros técnicos” para mantener a la organización colectiva “dentro de los procesos”, por ejemplo cuando postulan a programas sociales o contratan con el Estado.

Carballo integra el colectivo Al Margen y participó en la gestación de varias cooperativas, como Laburar y Kata Wain Newen, que participa de la gestión y cobro del estacionamiento medido en Bariloche.

Dijo que según su experiencia lo más importante es apoyarse “en los principios y valores del cooperativismo”, pero sin descuidar “la gestión jurídico administrativa”, para lo cual hace falta “empoderar” a los trabajadores de la “economía popular”, que muchas veces no tienen noción alguna en esos temas.

Dijo que la problemática “es similar a la que enfrentan las empresas recuperadas”, donde en muchos casos los trabajadores también conformaron cooperativas para llevarlas adelante.

Estimó que la dificultad para cumplir en tiempo y forma con toda la gestión administrativa fue seguramente lo que condenó a muchas cooperativas a la desaparición.

Carballo explicó que hay que llevar un mínimo de seis libros, entre contables y jurídicos, que los consejos directivos deben reunirse en forma mensual, también deben cumplir con una asamblea anual, para dar tratamiento a los balances y memoria, y que los atrasos son muy difíciles de revertir.

Dijo que los problemas empiezan cuando los ingresos económicos se reducen y la organización “distribuye todo” entre los asociados y deja de separar todos los meses una reserva para los gastos administrativos. En la pandemia, describió, muchas cooperativas entraron en crisis por ese tema y nunca se recuperaron.

Costos a considerar

Según Carballo, las presentaciones mensuales de IVA tienen un costo que varía entre 40 mil y 60 mil pesos, las cooperativas que no están exentas de Ganancias también deben liquidar ese impuesto, y por un balance anual un contador les cobra un mínimo de 600 mil pesos, “aunque varía según el movimiento económico” de la organización.

Gaiga también coincidió en que los balances suelen ser un cuello de botella y cuando una cooperativa se deja estar y adeuda tres o cuatro ejercicios anuales “ya no se puede poner al día porque el costo es millonario”.

Sostuvo que la subsecretaría de cooperativas y mutuales de Río Negro “brinda capacitaciones” sobre esos temas que no todos aprovechan y dijo que otro proyecto por el que ha contactado a las autoridades es para que eximan a las cooperativas de cumplir con la certificación del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas para sus balances, y que esas rendiciones puedan ser confeccionadas “por un estudiante” y certificadas luego por un contador de planta de la secretaría.

Estas y otras dificultades son las que anotó el Inaes al avanzar con “el principio ordenador del accionar administrativo” y la decisión de dar de baja a las cooperativas incumplidoras en todo el país, “dada la gravedad y verosimilitud de las transgresiones constatadas”.


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