Sigue la crisis de la cárcel de Bariloche, pero no es prioridad en la agenda del Gobierno
Desde el 22 de marzo rige la prohibición de nuevos ingresos de presos en el Penal 3. No hay respuestas oficiales respecto de la cantidad de internos en comisarías o con domiciliaria.
Hay unos 100 internos en el Penal de Bariloche. Foto: archivo
Por estos días, el Gobierno provincial tiene dos frentes abiertos por los conflictos con los docentes rionegrinos y el personal policial en actividad y retirados; pero hay otro dilema, la crisis carcelaria en Bariloche, que no genera el interés social y el gobierno de Arabela Carreras lo tiene fuera de la agenda de prioridades.
El penal 3 de Bariloche está con superpoblación carcelaria desde hace varios días. La situación obligó al subdirector general del Servicio Penitenciario Provincial, que depende del Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia, comisario Juan Alberto Acuña, a prohibir el ingreso de personas detenidas en el penal de Bariloche.
Esa disposición se notificó por una circular que Acuña envió el 22 de marzo pasado a las autoridades de la unidad penitenciaria y sigue vigente, informaron este martes fuentes del Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia.
Recordaron que fue una decisión que se tomó “en conjunto con el Ministerio Público Fiscal y los defensores oficiales” de la ciudad.
Desde hace varios días RÍO NEGRO intenta conseguir el dato de cuántas personas están detenidas con prisión preventiva en comisarías de Bariloche, en la unidad de El Bolsón o la de Dina Huapi. Sin embargo, oficialmente no se obtuvo información al respecto.
Desde el juzgado de Ejecución Penal de Bariloche no se informó hasta ahora sobre la crisis del penal 3. En el Ministerio de Seguridad y Justicia indicaron que esa información la tienen en el Poder Judicial.
Lo cierto es que todos los días se hacen audiencias con personas detenidas. A varios de ellos se les imponen medidas cautelares, pero no se sabe oficialmente si están enviando a los detenidos a las comisarías o a sus casas para cumplir la preventiva de manera domiciliaria, con tobillera electrónica.
Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia explicaron que la atención hoy está en el conflicto policial. Allí, está puesto el foco para destrabarlo.
La situación de los internos preocupa a sus familiares y a los defensores que los asisten en las causas penales. Después, poco interés despierta una crisis carcelaria que en el caso del penal 3 viene desde hace años.
A finales de marzo pasado, fuentes judiciales advirtieron que era “absolutamente inconveniente alojar presos en comisarías y desoye todas las normas vigentes en relación a cómo debe alojarse a la persona privada de su libertad”.
“Es un oprobio. Es descender por debajo de los estándares en materia de tratamiento de los reclusos en situación de privación de libertad”, señalaron.
Cuando se dispuso la prohibición del ingreso de detenidos había 162 personas alojadas en la cárcel local, cuando el cupo oficial es de 94.
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