Se aprobó la consulta popular, pero en Neuquén las deudas de participación son de 1957
La primera Constitución de la provincia ya estableció mecanismos de avanzada. Iniciativa popular y revocatoria, dos pendientes de la Legislatura hace casi 70 años.
La Legislatura de Neuquén. Foto: Matías Subat.
Los diputados provinciales aprobaron la semana pasada la ley 3461 para reglamentar el procedimiento de consulta popular, creado por la Constitución del 2006. El texto salió por amplia mayoría, pero el debate quedó teñido de sospechas por el conflicto docente que enfrenta al gobierno de Rolando Figueroa con ATEN y la posibilidad de someter a plebiscito una eventual declaración de la educación como servicio esencial.
¿Por qué, si no, reglamentar la consulta popular ahora y no hace uno, cinco, 10 o 18 años atrás? ¿Y por qué reglamentar la consulta popular y no la iniciativa popular?
Fueron algunas de las preguntas que planteó la oposición al oficialismo, si bien solo el FIT rechazó taxativamente, porque Unión por la Patria defendió un proyecto alternativo.
En concreto, la Constitución de Neuquén, tal como fue reformada en el 2006, incorporó un apartado de cinco mecanismos de democracia semidirecta: audiencia pública, iniciativa popular, consulta popular vinculante, consulta popular no vinculante y revocatoria de mandatos. A 18 años de su sanción, solo dos fueron reglamentados, aunque la historia completa dirá que la deuda es aún mayor: están pendientes hace casi 70.
“Tenemos una Convención que está tímida frente a abrir las puertas de la participación democrática del pueblo”, dijo el convencional Julio Fuentes (UNE) durante el debate del 2006, según consta en el diario de sesiones de la reforma. Su planteo cuestionaba que realmente no se estaban ampliando derechos, porque ya venían consagrados desde la Constitución de 1957, la primera de Neuquén.
El artículo 3° de ese texto que se sancionó bajo la presidencia de Ángel Edelman establecía: «la soberanía reside en el pueblo, quien no gobierna sino por sus representantes con arreglo a esta Constitución y sin perjuicio de sus derechos de iniciativa, referéndum y revocatoria».
Es curioso porque esa oración que generó derechos de avanzada no fue la que desató una discusión en el recinto, sino la que la precedía, que definió a Neuquén como una provincia «indivisible, laica, democrática y social».
Se buscaron etimologías, se debatió el reconocimiento o no de la existencia de Dios y la tarea de los sacerdotes salesianos en el territorio.
Eso sí: esos convencionales de hace siete décadas atrás, que transmitieron la lectura del texto final de la Constitución por «altoparlantes públicos» en el interior para que todos pudieran conocer qué se votaba, tenían en claro que la participación directa en temas no delegados era fundamental en esa provincia que recién nacía. Lo ratificaron los reformistas dando un paso más hace 20 años, pero el pueblo sigue esperando poner sus derechos en práctica.
Si esta Legislatura busca seguir en el tren de pendientes, deberá avanzar también en reglamentar la iniciativa popular, que permite a la ciudadanía forzar el tratamiento de proyectos de ley cuando sean avalados por un 3% del padrón, las audiencias públicas, y la revocatoria de mandatos. Para esta última, que permite la destitución de cualquier cargo de elección popular por «mal desempeño», el requisito que dejó la Constitución es la firma del 25% de los empadronados.
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