Sánz seguirá preso por la estafa con planes sociales: «Hago responsable a la Fiscalía si me pasa algo»

Perdió la detención domiciliaria porque presuntamente se alejó de la vivienda donde debía permanece recluido. Un tribunal de revisión lo confirmó.

Néstor Pablo Sánz seguirá con prisión preventiva seis meses más. (Archivo/Matías Subat)

«Nunca me escapé, me entregué, declaré aunque según la fiscalía no sirve para nada, siempre colaboré. Si me llega a pasar algo donde hoy estoy alojado hago responsable a la fiscalía», dijo este viernes Néstor Pablo Sánz, señalado como uno de los cinco cabecillas de la banda que cometió la estafa con planes sociales en Neuquén. Un tribunal de revisión confirmó que debe seguir con prisión preventiva por al menos seis meses, porque al parecer incumplió la detención domiciliaria.

La decisión fue por mayoría. A favor de mantener la prisión preventiva votaron Gustavo Ravizzoli y Marco Lúpica Cristo, mientras que por volver a la domiciliaria se pronunció Raúl Aufranc. Lo que hicieron fue controlar la decisión que tomó el martes del juez Lucas Yancarelli, y aclararon que se movieron dentro de ese acotado terreno, «más allá de lo que hubiéramos decidido nosotros» en caso de intervenir en primera instancia.

Sánz llevaba 11 meses con detención domiciliaria. Tal como explicó Lúpica Cristo, «no es un beneficio, ni un plus ni un regalo. Es una obligación que tenemos los jueces de otorgarla cuando se dan los requisitos».

Además tenía colocada una tobillera electrónica y lo visitaban rondines sorpresivos de la policía. El lunes pasado, la tobillera emitió 16 alertas entre las 16:45 y las 22:14, en ocasiones por segundos, y una vez por 19 minutos.

Las explicaciones de la defensa


Las explicaciones de Sánz y su defensor Gustavo Perazzoli fueron dos: fallas en el dispositivo, y que el router no cubre la amplitud del lote donde cumple la detención. Se trata de un terreno de 30 metros de largo en el que hay tres viviendas: la de sus padres, de su hermano y la suya. Y el imputado se movía de manera indistinta por las tres.

La cuestión de fondo es que la orden era que debía cumplir la detención domiciliaria «en la casa de sus padres» y Sánz reconoció que el lunes fue «a la casa de su hermano» para «ayudar a su sobrino en una tarea de matemáticas».

Al juez Aufranc esta explicación le pareció suficiente. Dijo que es evidente que Sánz «no intentó fugarse ni entorpecer la investigación» y que revocar una domiciliaria es un acto excepcional por lo que debe extremarse el análisis antes de tomar una decisión.

Falta de apego


Pero Ravizzoli y Lúpica Cristo opinaron distinto. «Hubo falta de apego a la medida», «el parámetro está para algo, no es una sugerencia», «más allá de que el predio sea la quinta de Olivos, se le fija un límite», «hoy me dice que fue a la casa del hermano que está a 15 metros, mañana a la del vecino que está a 30, pasado a otra que está a 40», «esto no se resuelve con un tirón de orejas y tenga más cuidado la próxima», dijo Lúpica Cristo.

«La decisión de Yancarelli no fue arbitraria», dijo por su parte Ravizzoli. «La detención domiciliaria se fijó en la casa de los padres de Sánz con determinado perímetro, y él conocía las consecuencias del incumplimiento de una orden judicial».

Al término de la audiencia, Sánz trató de mostrar tranquilidad. Le dijo a su pareja Isabel Montoya, también procesada en la causa planes sociales y presente en la sala, «no pasa nada, no pasa nada», mientras un policía lo esposaba. El imputado tenía una remera con la inscripción «stay beyond» (quédate más allá).

Muy probablemente la defensa presente una impugnación para que otro tribunal intervenga en el caso.

Mensajes a la sociedad


El fiscal jefe Pablo Vignaroli les pidió a los jueces que «le envíen un mensaje a la sociedad» ratificando la prisión preventiva de Sánz. El defensor Perazzoli lo consideró «peligroso», y recordó que hace muy poco, el Tribunal de Impugnación se refirió a ese tema.

Fue en ocasión de anular una decisión de la jueza Carina Álvarez. Los jueces de Impugnación dijeron, por mayoría, que al dictar sentencia los magistrados se deben basar en lo que dice la ley y no subordinarlo a enviar mensajes.


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