Rolando Figueroa va por una ley de 66 años: la promesa de transparentar las declaraciones juradas

Modificar una ley de 1958, la quinta sancionada por la Legislatura de Neuquén desde su creación como provincia, será una de las tareas que tendrán los diputados en el 2025 si el gobernador Rolando Figueroa cumple su promesa de transparentar las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios.

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Lo anunció en el balance de gestión que realizó antes de finalizar el año como parte de un paquete de «tolerancia cero» a la corrupción que incluirá, con más seguridad, una ley de Ficha Limpia.

Como contamos en la edición anterior, este proyecto estará encabezado por el jefe de Gabinete, Juan Luis «Pepé» Ousset, y se presentaría en el transcurso de enero.

Sobre la modificación a la ley 5, que es la que exige la presentación de declaraciones juradas patrimoniales a empleados y funcionarios de la Provincia, Figueroa anticipó cambios, pero con menor precisión.

«La ley 5 hay que cambiarla, hay que ponerle normas de valuación también porque hoy te pide un valor histórico y te desdibuja todo. Creo que tenemos que modernizarla. Una buena opción son las valuaciones a los tributos nacionales porque está unificada y está reglamentada específicamente por ley», adelantó Figueroa sobre sus intenciones.

Afirmó que se está «trabajando para establecer una metodología de cálculo» y advirtió que quienes no quieran mostrar su patrimonio, no podrán ser funcionarios públicos.

«Estamos trabajando para que todos la presenten, a veces no se hace por desconocimiento o porque no se le da importancia, pero la sociedad nos está pidiendo a gritos y son muestras claras de lo que tenemos que hacer», afirmó.

Cómo es la ley de declaraciones juradas en Neuquén

La ley 5 se sancionó el 15 de julio de 1958, en el gobierno de Ángel Edelman, el primer gobernador que tuvo la provincia de Neuquén y también el único radical.

Establece que, antes de asumir, el gobernador, su vice, ministros del Poder Ejecutivo, legisladores, jueces y empleados de la administración pública deben presentar una declaración jurada de su patrimonio con un detalle de sus bienes y los de su cónyuge e hijos.

El principal escollo es que las determinó como secretas, debiendo guardarse en un sobre lacrado solamente pasible de abrir en una investigación por enriquecimiento ilícito. Por ejemplo, en el caso de Gloria Ruiz, la vicegobernadora destituida.

Es algo que no ocurre a nivel nacional: las declaraciones juradas del presidente, de sus funcionarios y de diputados y senadores son públicas, periódicas y de fácil acceso para cualquier ciudadano interesado.

Secretas o públicas, el quid de las declaraciones juradas

Figueroa no hizo tanto hincapié en este aspecto de la publicidad, sino en la metodología para valuar los bienes. Habrá que esperar el proyecto para saber si efectivamente elimina el secreto, un concepto que poco tiene que ver con la transparencia que se le demanda al sector público.

La Escribanía General de Gobierno, que es la encargada de recibir y guardar las declaraciones juradas, dijo que en el 2024 se presentaron 135, número que equivale a lo que se reunió juntando las tres gestiones anteriores. Sigue siendo un número bajo: en la administración pública hay más de 66.000 empleados y son alrededor de 2.000 los cargos de planta política, solo del Ejecutivo.

Si Figueroa avanza en un proyecto para modificar o derogar esta ley será el primero en hacerlo. Hubo diputados que lo plantearon en gestiones anteriores, pero siempre de sectores minoritarios.

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