Rolando Figueroa en una encrucijada por las personerías mapuches en Vaca Muerta

El gobierno de Rolando Figueroa quedó nuevamente en una encrucijada frente al conflicto con las comunidades mapuches y el reclamo por la entrega de nuevas personerías jurídicas, principalmente en la zona de Vaca Muerta. Hace un mes, y para levantar los bloqueos que un sector estaba realizando sobre las tratadoras de residuos petroleros, asumió compromisos que ahora reavivan la interna con las comunidades que están en oposición.

El lunes pasado, la Unidad de Acción Intercultural (UAI) de Neuquén tuvo que reunirse “de emergencia” por un pedido de las comunidades que no reconocen la autoridad de la Confederación Mapuche. Entre ellas se encuentra la Paynemil, cuya lonco Elba Paynemil ya advirtió que, si el gobierno avanza con otorgarle la personería jurídica a los Fvta Xayen, un “desprendimiento” de su propia comunidad, avanzará en medidas de acción directa en el área de Loma La Lata.

Ese conflicto es uno de los nudos más difíciles de resolver para Figueroa. Los Fvta Xayen, al igual que otras comunidades que están reclamando reconocimiento y tierras en la zona de Vaca Muerta tienen el apoyo de la zonal Xawvnko de la Confederación Mapuche, sector que se referencia en Jorge Nahuel.

Tras los bloqueos que realizaron hace un mes atrás en las tratadoras de residuos petroleros, el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, firmó un acta en donde se comprometió a registrar, en un plazo de 15 días, a cinco comunidades que demanda la zonal: Newen Kura (ubicada en Rincón de los Sauces), Fvta Xayen (en el paraje Tratayén, Añelo), Kelv Kura (Portezuelo), Ragilew Cardenas (Picún Leufú) y Xem Kimvn (Cutral Co).

Ese acta también incluyó un compromiso de finalizar en 30 días “la etapa que le corresponde a la provincia” del relevamiento territorial de Campo Maripe y Wircalew.

“Estamos avanzando en una agenda acordada con todas las zonales”, se limitó a decir Tobares esta semana frente a la consulta de Diario RÍO NEGRO sobre las negociaciones.

El reconocimiento de la comunidad Fvta Xayen no solo es complejo porque reclaman tierras que pertenecen a un privado, la familia Galván, sino porque los Paynemil los consideran un “desprendimiento” de ellos y, por lo mismo, no podrían obtener la personería jurídica sin su autorización como comunidad “madre”.

Tras un aviso la semana pasada de la Inspección General de Personas Jurídicas sobre el avance del expediente, la lonco demandó una reunión “urgente” al gobierno para impedir el otorgamiento. Tobares se habría comprometido a convocar a los Paynemil y a los Fvta Xayen para llegar a un entendimiento, pero sin participación de la zonal. La lonco le dio plazo hasta este miércoles al ministro “si no, se tomarán medidas de accióin directa”.

También en zona de Vaca Muerta, pero en cercanías de Rincón de los Sauces, hay otro conflicto latente por el reconocimiento de los Newen Kura, una comunidad mapuche que también irrumpió en escena en los últimos años y que, el pasado fin de semana largo, realizó un bloqueo sobre un área de YPF. La única comunidad indígena reconocida allí es la Lucero Pichina:u, del pueblo günun a küna o tehuelche septentrional.

Norma Lucero, quien es su gamashun o autoridad, ya advirtió que la familia Molina, que lidera el grupo que ahora se reivindica como comunidad mapuche, “son crianceros, sí, pero deben demostrar dentro del reglamento que son descendientes”.

La posición del gobierno de Figueroa frente a los conflictos mapuche viene siendo ambigua. En su gabinete incorporó a referentes opositores al sector de Jorge Nahuel, aunque no cortó el vínculo que tenía la gestión de Omar Gutiérrez con la zonal que representa el dirigente, algo que le sigue generando problemas con sus propios aliados.

Tobares también asumió para esta semana el compromiso de convocar a una mediación entre la comunidad Lonko Purran y el Lof Mapu Manuel Segundo, ambos en la zona de Portezuelo Chico, para resolver el conflicto que tienen por el territorio. Los Lonko Purran aseguran que están “usurpando” sus tierras y le exigen al Ejecutivo que “defina dónde va a reubicar” a la comunidad Manuel Segundo.

Una eventual salida que ordene el proceso de reconocimientos es la creación del Registro Especial de Comunidades que se prometió en la anterior gestión. Según se supo, el gobierno tiene un borrador, pero reclaman que se negocie con las 57 comunidades reconocidas y no con los consejos zonales de la Confederación Mapuche, un órgano que no todas reconocen.

El bloqueo a Oilstone y un trasfondo por las tierras

La comunidad Lof Mapu Manuel Segundo ya extendió durante más de una semana el bloqueo en las instalaciones de la petrolera Oilstone en reclamo por el suministro de agua y supuestas denuncias de contaminación. Los referentes mapuche se instalaron en la tranquera de la empresa para impedir el ingreso o salida del personal, con la exigencia de que el gobierno provincial solucione el conflicto.

Sin embargo, allí subyace un problema que es mayor y es la disputa que mantienen con Lonko Purran, la comunidad que ocupa ese territorio en Portezuelo Chico desde el 2000. Su lonco, Mariana Pintos, aseguró que las familias que componen el Lof Mapu Manuel Segundo “tienen su vida en Cutral Co” y llegaron a “usurpar” la zona de Portezuelo hace “cinco o seis años”. “No tienen idea lo que es vivir en el campo ni criar animales. Fueron al lugar diciendo que son ancestrales porque llevan el apellido Purran para hacer disturbios a las operadoras”.

Pintos explicó que la personería de su comunidad fue reconocida por Nación en el 2001, pero luego quedaron “indocumentados” cuando la Corte Suprema de Justicia se las retiró en el fallo que dictó en 2018.

“Ahí empezó nuestra lucha hasta que logramos que nos dieran a nivel provincial. Pero como siempre fuimos del diálogo y no de ir al choque buscando el conflicto, el gobierno siempre nos cerró las puertas y nos dieron la personería después”, indicó.

La gestión de Omar Gutiérrez reconoció a Lof Mapu Manuel Segundo en 2021 y a Lonko Purran en 2022. Pero la distribución de tierras no quedó clara porque, en el caso de los primeros, consignaron en su estatuto lotes que figuran “sujetos a sucesión” que coinciden con los que ocupa la otra comunidad.

Avanzarán en seis relevamientos

El gobierno provincial, a través de la Unidad de Acción Intercultural, anunció esta semana la incorporación de tres nuevos profesionales para trabajar en la confección y elaboración de las carpetas técnicas de seis comunidades que se encuentran próximas a finalizar sus gestiones.

En agosto se firmó una adenda con el INAI para continuar el relevamiento de la ley 26.160 que incluyó a las comunidades Atreico, Curruhuinca, Vera, Wirkalew, Campo Maripe y Tuwvn Kupalmeo Maliqueo.

“El trabajo de relevamiento incluye un informe histórico antropológico, cartografías y un posterior dictamen jurídico basado en las dinámicas socio-culturales de los pueblos indígenas”, explicó la directora general de Asuntos Comunitarios”, explicó Relmu Ñamcu.

El avance de los relevamientos fue otro de los compromisos que asumió el gobierno de Rolando Figueroa este año, aunque hay inquietud en las comunidades porque el plazo de emergencia de la ley 26.160 se mantiene prorrogado por un DNU que firmó el expresidente Alberto Fernández. Vencerá en noviembre del 2025 y no ven intenciones del gobierno de Javier Milei de volver a extenderlo, por el contrario: esperan que el año que viene, cuando se vuelva a dar la discusión en el Congreso, el oficialismo nacional proponga su derogación.