Río Negro: Promueven una política provincial para la atención de personas que viven en la calle

La situación de las personas que no tienen domicilio fijo y viven en la calle será abordada en adelante con políticas públicas y con presupuesto específico en toda la provincia de Río Negro a partir de la próxima sanción de la ley que ya superó la primera vuelta y que tiene apoyo de todos bloques.

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Los detalles del proyecto fueron difundidos hoy en una inusual presentación compartida entre legisladoras de distintos bloques: María Eugenia Martíni del Frente de Todos (una de las firmantes de la iniciativa) y Julia Fernández (JSRN), en compañía del sacerdote José Lynch y de Jorge Linquiman, coordinadores del Hogar Emaus, dedicado a atender a esa población vulnerable en Bariloche desde hace más de una década.

La experiencia de Emaus fue señalada como un modelo a seguir por las legisladoras, que destacaron su origen en 2008 por impulso del obispado local y el progresivo apoyo que consiguió para ampliar el proyecto con presupuesto del municipio, de la provincia y del Sedronar de Nación.

El padre Lynch dijo que el sostenimiento económico del emprendimiento es una tarea ardua y en la primera etapa de Emaús dependieron exclusivamente de las donaciones, mientras que hoy la tarea diaria está a cargo de 14 operadores rentados que paga el municipio y unos 40 voluntarios.

Recordó que en Viedma funcionó años atrás un albergue similar pero debieron cerrarlo por falta de recursos. Ahora existe uno recién habilitado en El Bolsón (también por iniciativa de la iglesia católica) y un hogar para personas de calle en Roca, que se inaugurará en diciembre, impulsado por el municipio.

Actualmente en Emaus reciben a alrededor 30 hombres todos los días, que se bañan, cenan y se quedan a dormir. El número es variable, dijo Lynch, al punto de que en invierno “el promedio eran de 41 o 42”. El servicio es cada vez más amplio e incluye talleres artísticos, viajes y otras actividades recreativas.

El sacerdote dijo que el acompañamiento no busca suplir una función del Estado sino simplemente ofrecerles a las personas que viven en la vía pública “un lugar de refugio”, al que definió como una propuesta orientada a “la reducción de daños”, ya que los problemas recurrentes de adicciones y otras afecciones de salud, no van a encontrar solución en Emaus, sino que deben ser abordadas -por ejemplo- desde el hospital u otras instituciones.

Lynch dijo que el problema de las personas sin hogar se agudizó en el último tiempo debido a la grave crisis habitacional que padece Bariloche y la cantidad grande de personas que son empujadas a la calle porque ya no tienen la opción de alquilar una vivienda.

En esta ciudad funciona también el hogar Betania, específico para mujeres, donde es más frecuente la demanda de personas desalojadas que no tienen dónde vivir.

Linquiman dijo que la ley será un gran avance y entre otros puntos a favor señaló la posibilidad de conocer la dimensión más precisa de la problemática, ya que uno de los artículos prevé la realización de un relevamiento anual de personas en situación de calle.

La legisladora Martini dijo que el proyecto de ley surgió “ante la necesidad de regular y ordenar todo lo que se está haciendo en Río Negro” para la atención de la población sin hogar y “lo que es más importante para visibilizar a estas personas y para que el Estado garantice un presupuesto”, destinado a estas políticas.

Señaló que existe una ley marco nacional “sancionada hace poquito” y que Río Negro “está a la vanguardia” en el mapa nacional, ya que será una de las primeras provincias en contar con una normativa propia para atender a las personas en situación de calle.

“Atrás de esta realidad hay multicausalidades, problemas de salud mental, consumos problemáticos, gente sin documentación y el Estado debe hacerse cargo y abordarlo -señaló la legisladora del FdT-. El objetivo último no debe ser asistencialista, sino trabajar en la reinserción”.

Fernández destacó el modelo de Emaus en Bariloche como opción para replicarlo en otros lados, porque demostró la utilidad de la “sinergia” entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil.

El proyecto de ley prevé, entre otras cosas, “la creación de un sistema de centros de contención y albergues diurnos y/o nocturnos dependientes del Estado provincial”, en convenio con municipios y ongs.

También establece un mecanismo para otorgar subsidios a las personas en situación de calle que demostradamente “no puedan procurarse un sustento” por propia cuenta, el acceso prioritario a programas de desintoxicación y tratamientos de recuperación por el abuso de sustancias, salud mental, discapacidad, y un foco especial en el derecho a la identidad, porque “muchos no tienen documentos”, según subrayó Martini.

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