Río Negro comenzó a distribuir tarjetas alimentarias, pero el conflicto sigue
Las promesas de hace dos meses que formuló el ministro de Desarrollo Humano Juan Pablo Muena se cumplieron en forma muy parcial y las organizaciones sociales se movilizarán hoy con nuevos reclamos.
El conflicto que envuelve desde hace meses a las políticas de asistencia alimentaria aplicadas en Río Negro había bajado los decibeles luego de los anuncios sobre la implementación de un beneficio individual canalizado mediante una tarjeta, pero las organizaciones sociales denunciaron que el gobierno incumplió los compromisos y decidieron volver a la protesta callejera.
Los comedores y merenderos siguen sin recibir insumos en la modalidad que aplicó el gobierno anterior y su reemplazo por ayuda individual, sin intermediación, está lejos de cumplir las expectativas que despertaron en mayo pasado las promesas del ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena.
Desde entonces solo hubo avances parciales en la confección de padrones, a partir de las listas que aportaron el Movimiento de Trabajadores Excluidos en la UTEP y otras organizaciones afines.
Al menos en Bariloche, desde la delegación local del ministerio aseguraron que ya tienen “entre 600 y 700” personas registradas, que están en plena implementación de las visitas sociales y cruce de datos para evitar dobles percepciones y que ya comenzó la entrega de tarjetas.
El programa se llama “Rio Negro Presente” y los beneficiarios reciben una asignación mensual de 25.000 pesos que pueden aplicar en la compra de alimentos en cualquier comercio adherido a la rede Cabal.
El delegado en la Zona Andina, Maximiliano Iglesias, pidió tiempo para brindar números sobre las tarjetas distribuidas, pero no los aportó ni volvió a contestar llamados.
Su par de Viedma, Silvana Cullumilla, presentó otro panorama. Dijo que enviaron ya un padrón al ministerio, que se elaboró “con trabajo territorial de la delegación”, a partir de las “visitas” que realizan los trabajadores sociales, sumado a “la gente que se acerca”. En su caso no recibió información de las organizaciones. Pero dijo que todavía no entregaron tarjetas de Río Negro Presente.
Sí distribuyen “módulos” alimentarios en forma individual y ante necesidades puntuales, aunque Cullumilla se abstuvo de precisar el criterio que aplican. Al parecer, la única consigna que se cumple a rajatabla es la de saltear a los comedores y merenderos.
Mientras tanto, sigue sin haber claridad sobre los criterios de admisión de los beneficiarios. Tampoco se sabe si habrá cupos o un principio de universalidad.
La UTEP anunció para hoy una nueva jornada de protesta con movilizaciones en Viedma, Cipolletti y Roca para “visibilizar” el déficit en las políticas alimentarias de la provincia. Decidieron volver a las calles después de casi dos meses, cuando varios cortes realizados en Roca ante la parálisis de la ayuda a los comedores generaron fuerte disgusto en el gobierno y los anuncios del nuevo plan mediante el empleo de tarjetas.
El dirigente roquense del MTE Emilio Galli dijo ayer que la demanda en los espacios sociocomunitarios donde funcionan comedores y merenderos crece todos los días, pero no pueden dar respuestas porque “desde noviembre” dejaron de recibir alimentos.
Dijo que acuerdan con la idea de entregar la ayuda en forma directa para que las familias coman en sus casas, pero subrayó que hasta ahora ese flujo asistencial no funciona. “Vamos a movilizarnos otra vez para poner el hambre en la agenda, y también contra el punterismo”, afirmó Galli.
Los indicios de que el gobierno apunta a reconfigurar el sistema con “lógicas punteriles” sumó un nuevo condimento a la pulseada y también fue señalado por el referente de MTE-UTEP en El Bolsón Marcos Fernández.
“Si el manejo va a ser de manera punteril, como lo han querido hacer, si es para engordar la territorialidad de Juntos Somos Rio Negro, es equivocadísimo -advirtió-. No es lo que corresponde, porque los recursos no van a llegar a donde deben”.
Otro dirigente también señaló que se generó una expectativa grande después de las afirmaciones que realizó el ministro Muena a fines de mayo sobre un nuevo programa, pero luego se sucedieron las señales de que “volvían las prácticas de la época del radicalismo”, en referencia a las políticas clientelares.
Demanda imparable
Galli dijo que “la realidad es cruda en los barrios”, con necesidades acuciantes, aun de personas que tiene empleo o que no lo tienen y dependen de “changas”, que escasean. Dijo que los comedores y merenderos funcionan de manera esporádica, a veces un día por semana, solo con donaciones, o en Roca con un aporte menor del municipio. Señaló que hay familias que los conocen, saben los días y “van a todos”, lo cual refleja la gravedad de la situación.
Según el gobierno, la tarjeta alimentaria iba a estar implementada en julio, pero hay un atraso evidente y la información es escasa y fragmentada. “Al día de hoy no tenemos nada y por eso salimos a visibilizar otra vez la situación”, dijo Galli.
Señaló que el drama que padecen miles de familia por la imposibilidad de asegurarse una alimentación básica no parece estar a la vista del ministerio y la consecuencia directa, “es el avance del narco y la delincuencia” en las zonas de mayor marginalidad.
Insistió en que el cuadro “es recomplicado”. Ante las demoras y retaceos del gobierno provincial el MTE evalúa “con abogados” la posibilidad de efectuar también una denuncia penal por incumplimiento de obligaciones de los funcionarios, como ocurrió a nivel nacional con la ministra Sandra Pettovello.
Fernández dejó en claro también que el conflicto entró en una nueva etapa. Dijo que “la tarjeta que anunció el ministro es resultado de la insistencia” que ellos plantearon “para que se tome la cuestión alimentaria como prioridad”.
Aseguró que no se sienten desplazados por el sistema de tarjetas como reemplazo de los comedores. “Estamos totalmente de acuerdo con la llegada directa, pero hasta el día de hoy nadie empezó a cobrar -acusó-. No hay una devolución seria ni a las organizaciones que presentaron listados ni a los vecinos que fueron a hacer la inscripción”.
Fernández sostuvo que “no hay claridad, no se explica cuál es el universo que se va a abarcar con la ayuda, cuáles son las incompatibilidades”, es decir si quedarán afuera o no los que reciben otro plan, los pensionados o los que cobran determinado salario, o una jubilación por encima de un mínimo.
Dijo que de todos los compromisos que asumió el ministro Muena cuando se reunió en mayo con las organizaciones para neutralizar la protesta “no cumplió casi ninguno”.
Les dijo que iba a relevar los espacios sociocomunitarios que manejan, “pero no lo hizo” -subrayó Fernández-, no están tampoco expuestos “los criterios de adjudicación, cual es el universo de población que va a abarcar”, ni cumplió con la entrega de alimentos secos que iba a garantizar a los comedores después del relevamiento. “De esta manera tienen la excusa para decir que no existimos”, se quejó Fernández.
Preguntas sin respuesta
El delegado Iglesias, representante de Desarrollo Humano en Bariloche, aseguró que llevan dos meses en proceso de relevamiento de la “documentación”, con el foco puesto en evitar duplicaciones, señalado como paso previo a la adjudicación de tarjetas.
Dijo que, al menos en esta ciudad, ya comenzaron con la entrega de los plásticos y desconoce que ocurre en otros lados. No pudo precisar un número. También desconoce si habrá cupos. Sostuvo que es una información que se maneja en forma centralizada. En principio la ayuda estará destinada a adultos mayores, personas con discapacidad, y jubilados que cobran la asignación mínima, pero quedarían afuera los beneficiarios de otros programas, aunque les aporten un ingreso magro.
Según Iglesias, “la idea es que cubra a todos” los que cumplen las condiciones. Agregó que la implementación completa del programa es un proceso que “va lento” y puede llevar “no menos de un año”.
En relación con los comedores, dijo que el ministerio se propone pasar en limpio “qué es lo real, porque algunos están impecables y otros no: recibían ayuda para 70 familias y del relevamiento surgía que no tienen más de cinco”.
Desde Viedma, la delegada Cullumilla dijo también que están enfocados en “un trabajo territorial profundo”, con visitas del “equipo” a los barrios y con gente “que se acerca” a la delegación. Pero confirmó que hasta ahora no empezaron a distribuir tarjetas personalizadas, solo módulos alimentarios en forma individual y en casos “puntuales”.
Subrayó que la provincia debió incrementar los recursos en esa política “ante la falta de respuesta del gobierno nacional”. Señaló también que la aplicación es algo que “se evalúa día a día y también dijo que “la gente reclama, hay mucha queja, presiones y pintan una cosa, pero cuando una va a ver se encuentra con algo totalmente distinto. Había organizaciones que recibían 500 módulos cada 15 días, totalmente indiscriminado, una locura”.
También afirmó que el “cruzamiento de datos” es indispensable antes de cualquier despliegue, porque algunos demandantes de asistencia “te dicen que no lo reciben nada pero resulta que tienen un montón de beneficios”.
Cullumilla no eludió el apunte político para describir el nuevo escenario. Al defender los cambios en marcha recordó que el presidente Javier Milei “ganó en todas las mesas en Viedma. Suena medio fuerte pero es así”.
La lluvia de críticas
Como ocurrió hace dos meses, la relación entre las organizaciones que realizan trabajo social “en territorio” y los funcionarios del gobierno rionegrino está signada por la confrontación y la desconfianza mutua. Emilio Galli, de MTE-CTEP, insistió en criticar los intentos de “hacer política partidaria” desde los planes alimentarios, sin ningún criterio de “transparencia”.
También se quejó de la “judicialización” y recordó que hay siete miembros de la mesa de UTEP imputados por los hechos de mayo, con citaciones pendientes de la Justicia. Dijo que la necesidad de respuestas en materia alimentaria es “urgente”, pero pasan las semanas sin novedad. “El ministro se comprometió y no cumplió”, dijo el dirigente.
Galli cuestionó por engorrosa la confección de listas desde las organizaciones con potenciales demandantes de alimentos, aunque cumplieron con ese cometido. Y se formuló también algunas preguntas sobre el camino elegido por el gobierno. “Con el paro de Unter armaron de inmediato un sitio web para que los docentes declaren su asistencia -recordó-. De un día para otro pueden hace algo así para perseguir a los trabajadores, ¿y no no pueden hacer lo mismo para que la gente se inscriba por su propia cuenta para las tarjetas? Es contradictorio”.
La influencia del contexto nacional
La poca celeridad demostrada por el gobierno provincial para aplicar cambios en la política alimentaria –si así lo tenía previsto al asumir en diciembre- es resaltada por las organizaciones que trabajan en ese tema para asociarlo con el gobierno nacional.
La delegada Cullumilla habló una y otra vez de organizaciones sociales “y políticas, porque hay que denominarlas así”. Subrayó que la demanda individual que recibe en la repartición a su cargo por asistencias de diverso tipo no baja de las 150 personas todos los días y descontó que ese volumen se multiplicó por el retracción de los planes nacionales.
La decisión de eludir la “intermediación” está tomada, pero el régimen para reemplazarla no termina de arrancar. Desde la UTEP aclararon que no se oponen, y negaron que los comedores y merenderos sean su única razón de existir. “Los espacios sociocomunitarios son mucho más que eso y se sostienen igual porque allí también se brindan talleres y otros acompañamientos -explicó Galli-. Pero la gente también va para recibir un almuerzo, una merienda, como era antes, incluso adultos. Y no hay nada para darles. Vemos desesperación”.
Dijo que por eso la movilización de hoy, a la que se sumarían el FOL y el Frente Piquetero, tendrá tres consignas principales: “la emergencia alimentaria, la transparencia en el nuevo programa y también políticas concretas hacia las cooperativas de trabajo”.
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