Repudia la CCC allanamientos que incautaron u$S 50 mil y más de $7 millones
Los procedimientos se realizaron días atrás en 23 domicilios de Buenos Aires. Para la organización, es una "persecución judicial y mediática".
La Mesa Nacional de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) expresó repudio por la “persecución judicial y mediática” contra esa y otras organizaciones sociales. Así definió los allanamientos a distintos domicilios ordenados por la Justicia, donde encontraron 50 mil dólares y más de 7 millones de pesos.
“El 5 de julio la jueza federal Alicia Vence ordenó el allanamiento de 23 casas de compañeras y compañeros, merenderos y comedores de la Corriente Clasista y Combativa en San Martín, CABA y La Matanza. Lo hizo en el marco de una causa que armó el macrismo antes de irse del gobierno en 2019”, señaló el pronunciamiento de la entidad.
Sostiene que se trata de una causa “en la que no hay ninguna acusación de delito y no hay ningún imputado”. Sostuvo que “a pesar de que no tenían elementos acusatorios ni indicios verídicos de nada, nos persiguieron durante meses pinchándonos los teléfonos y realizando escuchas para finalmente hacer estos allanamientos bajo la caratula de ‘averiguación de delito’. Fueron ‘a la pesca’ como se dice en la jerga judicial”.
Según se informó, los 23 allanamientos se realizaron en domicilios y galpones de punteros de la Corriente Clasista y Combativa en el marco de una investigación que se aceleró en el último semestre y que llevó al preesidente Alberto Fernández a recibir el miércoles pasado a dirigentes de esa y otras organizaciones sociales, como una señal de “solidaridad” por lo que calificó como “persecución judicial”.
En el Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires se incautaron 50 mil dólares y más de 7 millones de pesos. El operativo fue dispuesto por la jueza federal de San Martín, Alicia Vence.
“Se secuestraron planillas de asistencias con nombres y apellidos de personas afiliadas a la organización social, que tenían al lado un monto de plata. Se está investigando qué exigían”, explicaron fuentes policiales.
La investigación fue iniciada por el Ministerio de Desarrollo Social durante la gestión de Cambiemos por una serie de denuncias anónimas por supuesta extorsión por parte de beneficiarios de planes sociales, agrupados en la CCC que lidera el diputado Juan Carlos Alderete.
En su defensa, las organizaciones sociales del oficialismo y de la oposición cerraron filas. Denunciaron que son víctimas de una maniobra político-judicial con ramificaciones en Jujuy, Chubut, La Pampa, Santa Fe, la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires.
La jueza instruye la causa en la que se investiga la posible defraudación al Estado o extorsión a particulares, en la que hay más de 20 imputados, pero ningún indagado aún. El fiscal es Roberto Sica. El expediente se inició en 2019, tras una denuncia del ministerio de Desarrollo Social que conducía Carolina Stanley.
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