Renunció el funcionario que controlaba la pesca ilegal por presuntas presiones de Mondino
El director de Control y Fiscalización Pesquera, renunció tras presuntas presiones de Cancillería para "no actuar contra un buque chino pescando ilegalmente merluza negra". Además, le habían pedido realizar despidos masivos.
Renunció Julián Suárez, encargado de controlar la pesca ilegal en el gobierno de Milei. Foto Archivo.
El Gobierno de Milei sumó un nuevo capítulo de controversias. Julián Suárez, ahora exdirector de Control y Fiscalización Pesquera, presentó su renuncia en medio de acusaciones de presiones desde Cancillería. Este episodio reflejó un delicado caso de presunta complicidad de las autoridades en la pesca ilegal en aguas argentinas, específicamente relacionada con un buque de capitales chinos. Además, su desistimiento se sumó al gran número de despidos y dimisiones durante los primeros 100 días del libertario.
La dimisión de Suárez, un funcionario de tercera línea pero con una trayectoria de 15 años en el ámbito, sacudió las oficinas de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, generando preocupación y dudas sobre la integridad de las políticas gubernamentales en materia de control pesquero.
Suárez trabaja desde hace 15 años y es de los denominados “funcionarios de carrera” con conocimiento sobre el tema y el cargo que ocupa. De hecho, estuvo al frente desde el 2009, incluso durante los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández. Si bien es militante de La Cámpora y había presentado su renuncia cuando ganó el libertario Javier Milei, le pidieron que se quede por su valiosa experiencia.
El detonante de su renuncia fue una llamada que recibió de un funcionario de Cancillería, supuestamente relacionado con Diana Mondino, titular de esa cartera. En la conversación, se le habría instado a no intervenir en el caso de un buque pesquero de bandera argentina, pero con dueños chinos, que estaba operando ilegalmente en una zona prohibida, capturando merluza negra.
El Tai An, como se conoce a la embarcación, había sido denunciado por pescar en una área restringida, donde la captura de merluza negra está prohibida tanto para barcos locales como extranjeros. Según las investigaciones de Suárez, en el momento de la denuncia, el Tai An ya había capturado 142 toneladas de esta especie.
Antes de tomar medidas, el exdirector de Control y Fiscalización Pesquera solicitó información sobre el derrotero del barco, antecedentes y registros de pesca electrónicos para corroborar la ilegalidad. Preparó una nota para ordenar el regreso inmediato del buque a puerto, pero su intento se vio frustrado por la llamada intimidatoria recibida desde Cancillería.
El funcionario que marcó el teléfono habría tenido una relación familiar con Mondino y, con un tono enérgico y amenazante, cuestionó el procedimiento de Suárez e instruyó que el barco no regresara a puerto. Aunque posteriormente, Juan Antonio López Cazorla, Subsecretario de Pesca, intervino en el caso y ordenó que el Tai An permaneciera fuera de la zona de veda de la merluza negra.
Renunció el funcionario encargado de controlar la pesca ilegal: recibió amenazas y debía hacer despidos masivos
A pesar de este conflicto, no sería la única razón para la renuncia, ya que según indica la revista especializada Puerto, «le pidieron, el viernes pasado, que confeccionara una lista con 50 nombres para ser despedidos y que preparara una desregulación, eliminando las resoluciones y disposiciones establecidas por la Secretaría de AGyP y la Subsecretaría de Pesca desde 2019 a 2023″.
Este escándalo reveló una trama compleja de intereses en el sector pesquero, donde la presión política parece interferir con la aplicación de la ley. La renuncia de Suárez dejó al descubierto un posible encubrimiento gubernamental en la pesca ilegal, alimentando la preocupación pública por la transparencia y la integridad en la gestión de recursos naturales.
Además, el gobierno de Milei tiene el desafío de recomponer la confianza en sus instituciones y garantizar que el control y la fiscalización pesquera se realicen de manera imparcial y efectiva, sin ceder a presiones externas ni intereses particulares que comprometan la sostenibilidad de los recursos marinos del país.
Con información de Noticias Argentinas y Perfil
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