Registros del automotor en Río Negro: del temor al cierre a la idea de que no habrá cambios
En Río Negro funcionan 18 dependencias del Ministerio de Justicia. El DNU#de Milei preocupó a los trabajadores por una posible pérdida de puestos. Los trámites y costos para las transferencias no se modificaron por el momento.
Los Registros Automotor del país dependen del Ministerio de Justicia de la Nación. Archivo
La ola desregulatoria que busca impulsar el gobierno nacional puso en alerta a los titulares de los registros de la propiedad del automotor y también la los trabajadores, que temen por sus fuentes de empleo. Desde la Asociación de Empleados de Comercio de Bariloche, que ejerce la tutela sindical de los trabajadores de los tres registros de esta ciudad, expusieron su abierto rechazo a la posibilidad de suprimirlos o cerrarlos.
Los encargados de los registros aseguraron que a pesar de que el Decreto 70 del gobierno nacional entró en vigencia el 29 de diciembre, no hubo hasta ahora cambios operativos en esos organismos, donde se realizan a diario cientos de transferencias y otros trámites vinculados a la titularidad de los automotores.
Los registros dependen del Ministerio de Justicia y en Río Negro existen 18 habilitados. Bariloche tiene tres registros y es la localidad con más oficinas que cumplen en paralelo esa función.
Uno de los permisionarios en esta ciudad, Mariano Sánchez, dijo que no hay cambios en el funcionamiento de los registros y que el objetivo de digitalización y simplificación de los trámites ya está cumplido porque desde hace tiempo aplican ese recurso.
Aseguró que “cambios por ahora no hay, nada concreto”. Reconoció haber escuchado versiones sobre el proyecto de ”centralizar todo en la dirección nacional” de registros automotores, pero dijo que no le parece viable porque “no tienen personal suficiente, deberían contratar, y sería contraproducente”.
Sánchez es contador público y está a cargo desde 2018 del registro de Bariloche que funciona en John O’Connor 33. Dijo que antes fue empleado de un registro en La Matanza y en 2003 empezó a presentarse en los concursos para lograr su propia designación como “encargado”, que logró luego de diez intentos.
En otro registro ubicado en Cipolletti confirmaron que no hay modificaciones en la operación a pesar de la entrada en vigencia del decreto y que los trámites en una buena proporción están digitalizados y se pueden realizar de manera remota.
Respecto del cobro de aranceles, explicaron que son imposiciones fijadas por el Ministerio de Justicia, de los cuales un porcentaje le queda al registro. “Se llama emolumento”, dijo Sánchez. Por las multas, sellados y patentes que cobran en representación de las provincias y municipios los registros no cobran nada. Son “agentes de retención”.
Sánchez también explicó que “es una actividad pública por un lado, porque depende del ministerio, mientras que la gestión es privada. El encargado designado tiene que hacerse cargo del personal y la infraestructura”.
El registro a su cargo tiene ocho empleados. Desde el sindicato mercantil dijeron que son más de 30 en los tres registros de Bariloche y les preocupa que la avanzada desreguladora los deje sin trabajo.
“Seguridad jurídica”
La Asociación Argentina de Encargados de Registros de la Propiedad del Automotor defendió la actividad y dijo que se trata de “un sistema que ha estado en constante modernización, contando actualmente con peticiones totalmente digitales”, con la resolución de trámites de inscripción inicial y transferencia de dominio “en un plazo máximo de 24 horas”.
Advirtió que la simplificación buscada “en algunos casos solo será un beneficio cosmético y aparente”, porque pondría en riesgo “la seguridad jurídica”.
La entidad observó que cualquier cambio normativo debería tener en cuenta las regulaciones que resultan indispensables en relación con “la seguridad vial, los delitos en relación a automotores y sus autopartes, la responsabilidad objetiva vinculada con los accidentes de tránsito, los fraudes estafas, los temas impositivos y el lavado de activos”.
Y concluyó que la exigencia del decreto del presidente Milei de “dar inicio antes del 2 de mayo de 2024 con un servicio de inscripción remoto, abierto, accesible y estandarizado podría generar un verdadero caos, porque no existe forma de cumplir estos lineamientos resguardando la seguridad jurídica”.
Señaló que el Estado no tiene una plataforma para brindar ese servicio en forma centralizada y “existe el riesgo de que se tercerice o intervengan empresas privadas”.
Sánchez coincidió en que la intención puede ser válida, pero no traería soluciones. “Entiendo que es muy difícil eliminar esta intermediación”, afirmó.
La designación de titulares: un mecanismo cuestionado
Hasta el 2001, los encargados de registros se designaban en forma directa. Ese año el gobierno de la Alianza estableció la cobertura por concursos abiertos. Para postular es necesario ser abogado, escribano o contador.
Muchos registros, cuando fallece el titular o se aparta, son “intervenidos. Y en los concursos los interventores tienen prioridad. “Lo veo razonable, porque ya tienen el personal e infraestructura”, señaló Mariano Sánchez, cuyo registro fue años atrás de otra persona, de apellido Jaureguiberry, que “quería dejar”.
Consultado sobre “favoritismo” en la asignación de los registros, Sánchez dijo que “pasa como en todo, en cualquier puesto del Estado. Si hay algo para mejorar, sería por ese lado”.
Sobre el alcance del DNU el titular de uno de los registros barilochenses dijo que “en definitiva dependerá de las reglamentaciones” y el mensaje para los usuarios es que por ahora todo sigue igual. “Al principio no sabíamos cómo tomarlo y preocupó. Pero charlando con colegas vemos que es muy difícil que pase”, dijo.
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