La justicia ordenó a Nación entregar el título a una comunidad mapuche en Bariloche
"Esto es parte de la reparación sufrida por cinco generaciones", resumió Marta Ranquehue. La sentencia le impone un plazo de 60 días al Poder Ejecutivo Nacional.
La comunidad Ranquehue, al oeste de Bariloche. Foto: archivo
La jueza federal de Bariloche Silvina Domínguez ordenó al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que “en un plazo de 60 días ejecute los actos tendientes a la instrumentación de la propiedad comunitaria en favor de la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue». Está ubicada en un predio en la zona de la ruta provincial 82, entre Virgen de las Nieves y Villa Los Coihues.
«Esto es parte de la reparación sufrida por cinco generaciones. Yo me crié en lucha con el ejército. Nos hubiera gustado que esta reparación hubiera llegado cuando mi mamá estaba con nosotros. nuestra alegría hoy está cargada de recuerdos», explicó Marta Ranquehue, de 62 años.
La sentencia de la jueza subrogante fue firmada el 2 de febrero. De esta forma, Domínguez corroboró que el territorio de los Ranquehue ya fue reconocido por el Estado Nacional mediante una resolución del INAI del 2012. «Paso necesario pero incompleto para garantizar la instrumentación efectiva del reconocimiento en un Título de Propiedad Comunitario, de acuerdo al convenio 169 de la OIT, que impone inscribir en los registros públicos de catastro y de la propiedad inmueble la realidad territorial indígena para que sea respetada por toda la sociedad», advirtieron los abogados de la comunidad.
Consideraron que la sentencia «es un logro frente a un sinnúmero de atropellos sufridos que afectaron y afectan la paz de su espacio comunitario». Varias generaciones debieron «soportar numerosos desalojos impulsados por el Ejercito Argentino extremadamente violentos, en los que sufrieron destrozos de viviendas, huertas, galpones, corrales e invernaderos. Esta situación de violencia, discriminación y persecución los condenó a vivir en la más extrema pobreza y les produjo graves consecuencias tanto físicas como psicológicas».
El último episodio se registró en octubre del 2020 cuando un grupo de militares ingresó a sus tierras y desarmaron un invernadero comunitario de 200 metros cuadrados, construido en forma colectiva por 40 familias. Pero Marta consideró que este suceso «fue solo un detalle».
La mujer recordó que su familia está en lucha desde 1940 y «el enemigo ha sido el estado mismo. El Ejército nos hizo siete juicios y hubo reiterados desalojos. El abogado Darío Rodríguez Duch nos puso al tanto de que teníamos estos siete juicios, algo que no sabíamos. Nunca tuvimos la posibilidad de defendernos».
«A lo largo de nuestra historia -acotó Ranquehue- fue una constante que nuestra tierra se llenara de militares armados con la intención de desalojarnos». Comentó que rastreando los antecedentes en los archivos, encontró que la familia Ranquehue ya vivía en ese lugar cuando se llevó a cabo el primer censo de Bariloche.
Tiempo atrás, esta comunidad estaba asentada en el kilómetro 8 de la avenida Bustillo. «Cuando llegó el Ejército para instalarse en esa zona, mis abuelos se vinieron a donde estamos hoy, pero fue en buenos términos. Mi abuelo decía que como ellos vivían de la cría de animales y sembraban, no fue un problema el traslado», recordó.
Con la asunción de otro jefe del Ejército a mediados de la década del 30, la relación se tornó conflictiva. «El entonces jefe Martín Rodríguez le pidió la documentación a mi abuelo y en uno de sus tantos atropellos, se la rompió frente a ellos. ‘Ahí tenés tus papeles´, le dijo», contó Ranquehue.
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