Piden una audiencia con Gerez este miércoles por el derecho a la protesta en Neuquén

Organizaciones sociales, que realizaron un acampe por cuatro días en Casa de Gobierno la semana pasada, pedirán una audiencia con el fiscal general José Gerez con una conferencia de prensa este miércoles en la Ciudad Judicial. La protesta derivó en causas contra una decena de dirigentes que fueron parte del reclamo, una acción que lleva adelante la fiscalía de actuación genérica a cargo de Paula González. 

“No se garantiza la continuidad laboral, el pago del mes de diciembre, no hay comidas en los comedores populares, las changas son escasas y no pagan los programas provinciales”, señalaron en un comunicado las organizaciones sociales, por lo que manifestaron que vuelven a insistir una reunión con el Ejecutivo. 

También, informaron que hoy miércoles, harán una conferencia de prensa en la Ciudad Judicial donde pedirán una audiencia con el fiscal José Gerez “solicitando que se anule toda acción penal por reclamar derechos básicos como el pan y el trabajo. Que se persiga por reclamar, máxime en Casa de Gobierno es un síntoma de los que se viene y a tono con la política represiva de Milei”. 

Agustín Muñoz, Luis Alberto Ramírez, Ana María Montoya, Lilian Velázquez Larroza, María Colitripay, Romina Rosales, César Parra, Diego Mauro, Soledad Urrutia y Sabino López, fueron los dirigentes involucrados en una causa por entorpecimiento de la vía pública.  

En el mensaje que difundieron el pasadolunes, las organizaciones sociales, adelantaron que el jueves por la mañana impulsarán «acciones por trabajo genuino” llevando “curriculum a departamentos estatales y empresas”. 

ATEN reclamó que no se criminalice la protesta

Desde el gremio docente ATEN se expresaron en contra de las denuncias penales contra los dirigentes de las organizaciones sociales y del simulacro «anticorte de calles».  

“Rechazamos enérgicamente cualquier iniciativa que tienda a aplicar en nuestra provincial el protocolo de la ministra de Seguridad de Nación, Patricia Bullrich. La utilización del aparato represivo del Estado para intentar disciplinar, frenar, contener o disuadir la protesta social, originada por las políticas de ajuste que golpean a los desocupados, cuentapropistas, trabajadores de la economía popular o trabajadores que reclaman por salarios y condiciones dignas de vida, es un retroceso en materia de calidad democrática e institucional y que pone en riesgo la vida de las personas”, señalaron desde el sindicato.  

 También se manifestaron contra la judialización del conflicto social. En el mensaje, ATEN pidió al gobierno de Rolando Figueroa “desistir de cualquier medida que criminalice, judicialice o reprima los conflictos sociales” y que se extremen “las instancias de negociación entre las partes y le reclamamos voluntad para atender la genuina demanda de alimentos para los comedores y refrigerios que ofrecen las organizaciones del territorio y trabajo”.