Radiografía de la justicia federal en Neuquén y Río Negro: qué lugar ocupan las causas por drogas

Datos reveladores que brindó la Procuración General de la Nación ante la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal federal. El impacto que tendrá en Neuquén el narcomenudeo.

Tres de cada cuatro casos que ingresaron este año a la justicia federal de Río Negro y Neuquén estuvieron vinculados con drogas. El porcentaje es similar al que se registra en el resto del país, de acuerdo con un informe elaborado por la Procuración General de la Nación a propósito de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal federal en la región.

El relevamiento también permite vislumbrar cuál será el impacto que soportará la justicia provincial de Neuquén cuando asuma la competencia sobre el narcomenudeo, es decir, la investigación y el juzgamiento de la venta minorista de estupefacientes.

Será el duodécimo distrito en adherir a la ley nacional 26.052 de desfederalización, y aunque el tiempo es veloz y todavía no envió el proyecto a la Legislatura, el gobernador Rolando Figueroa volvió a prometer que en febrero del 2025 será una realidad.

El 76% de los casos fue por droga


La radiografía que preparó el procurador general interino Eduardo Casal, a la que accedió diario RÍO NEGRO, señala que por cantidad de casos ingresados, en 2023 la jurisdicción Neuquén-Río Negro ocupó el octavo lugar -entre 16 jurisdicciones- y en el primer semestre del año se ubica en el tercero.

El mayor volumen durante este año se registra en la fiscalía federal de Neuquén, seguida por las de Roca, Zapala, Viedma y Bariloche.

«Tal como ocurre en todo el territorio nacional, los casos vinculados con estupefacientes representan la mayor carga de trabajo: en el primer semestre del año fueron el 76% de los ingresados», revela.

Narcomenudeo y consumo personal


De ese total, la mayoría fueron casos «de narcomenudeo de baja y mediana complejidad», sin perjuicio de que algunas causas «pueden ser catalogadas como complejas» por «las características de las maniobras, cantidad de personas imputadas y de estupefacientes secuestrados».

Según los datos estadísticos de la plataforma interactiva de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), «el 84% de los casos vinculados a estupefacientes iniciados en 2022 y 2023 tienen entre una y ninguna persona imputada». Y un dato muy relevante: «el 23% se vinculan con hechos de tenencia para consumo personal», es decir, un problema de salud pública y no de seguridad.

Cómo se descubre la droga


Las cifras demuestran que se está muy lejos de detectar organizaciones sofisticadas con entramados espesos. Esto tiene su correlato por el modo en que se detecta la droga: «nos la llevamos por delante, así la descubrimos», se sinceró un investigador consultado por diario RÍO NEGRO.

El informe del procurador general interino Casal dice que el hallazgo de cargas transportadas se produce «por controles realizados en rutas por las fuerzas de seguridad». Se trata de «operativos públicos de prevención muchas veces con ayuda de perros detectores de narcóticos».

En otras ocasiones se produce «la localización de estructuras dedicadas al comercio de sustancias ilícitas en menor escala (microtráfico) asentadas en distintos barrios de localidades de la jurisdicción y que se traducen en disputas territoriales entre bandas, con la violencia adicional que suele estar implicada en este tipo de casos, y que conlleva la necesaria acción conjunta con los organismos de la administración de justicia provincial».

«Ello, sin perjuicio de las tareas de prevención que en algunos casos logran dar con sistemas organizados de mayor escala en los que intervienen personas desde distintos puntos del país», aclara.

Otro dato relevante es la llamada «tasa de eficacia»: indica que «entre 2022 y 2023 se iniciaron 6.693 casos penales en los que se registraron 179 sentencias condenatorias y 40 suspensiones de juicio a prueba. El 3,27 de los casos ingresados alcanzó alguna de esas salidas».

Los otros delitos federales


Sin tantas precisiones, el informe del procurador Casal alude a los otros «fenómenos criminales presentes en todo el distrito y que exhiben cierto grado de complejidad». En ese sentido menciona «un número considerable de casos de criminalidad económica y trata de personas, así como algunos de corrupción».

Diario RÍO NEGRO intentó obtener cifras concretas, pero no están disponibles.

Casal menciona que «el ámbito de actuación de la fiscalía de Zapala cuenta con cinco pasos internacionales habilitados con Chile e innumerables no habilitados, se destaca la existencia de actividades ilícitas de contrabando».

Lo mismo para las sedes donde se ubican los dos aeropuertos internacionales: Neuquén y Bariloche.

Violencia institucional en la cárcel


Por otra parte, las dos fiscalías de Neuquén tienen «delitos registrados bajo la categoría violencia institucional superior al promedio» por la presencia del complejo penitenciario de Senillosa.

También «se advierte un importante volumen de acciones de hábeas corpus correctivos que se refieren tanto a supuestos de violencia institucional como a problemáticas vinculadas con la capacidad y el estado de las instalaciones, el acceso a la salud y una alimentación adecuada de las personas privadas de su libertad».

Comunidades originarias


En paralelo, «existe cierta conflictividad vinculada a reclamos de comunidades originarias, en especial en el ámbito de actuación de la fiscalía de Bariloche, por la titularidad de las tierras que en algunos casos tienen repercusiones penales».

Además de la existencia de casos relacionados con la ocupación de inmuebles, «también se han sustanciado casos que involucran fuerzas de seguridad por su desempeño en ellos». Parece una alusión al asesinato de Rafael Nahuel por parte de efectivos del grupo Albatros.

Dice Casal: «Se trata entonces de una problemática que merece especial atención y requiere un abordaje integral y comprensivo de la complejidad que presenta, que contribuya a lograr soluciones adecuadas».

En otro orden, «entre el 5 y 6% de los casos ingresados son delitos electorales, en Neuquén y Viedma».

Hay además «una prolífica actividad de la fiscalía en materia de ejecución penal» como presentación de dictámenes, supervisión de las prisiones domiciliarias, condenas condicionales, cumplimiento de las pautas de las suspensiones de juicio a prueba, visitas a unidades carcelarias en Neuquén, entre otras.

El procurador nacional destaca que la jurisdicción «enfrentará la instauración del nuevo sistema procesal penal con unas 3.000 causas penales en trámite, a lo que se añade la consideración de las tareas vinculadas con la representación de organismo en materia no penal». Es el llamado remanente, que seguirá siendo tramitado con el sistema procesal anterior.

Causas de lesa humanidad


«Para que el panorama sea completo es indispensable considerar las causas por violaciones a los DDHH que se encuentran en trámite en la región», indica Casal.

«La carga de trabajo se mantiene, y con la finalidad de garantizar el adecuado cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado nacional respecto al derecho a la verdad y la persecución, juzgamiento y castigo de este tipo de crímenes, se sostendrá la inversión de recursos humanos especializados», es la garantía de Casal.

En ese sentido, se mantendrá el fiscal Miguel Ángel Palazzani al frente de los juicios por delitos de lesa humanidad.


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