Productores patagónicos llevaron sus reclamos a la Secretaría de Agricultura de Nación

La barrera fitosanitaria, la protección de la fauna silvestre y reclamos impositivos fueron algunos de los temas. Legisladores de JSRN también cuestionaron la baja del programa LanAr.

Funcionarios y productores patagónicos junto al presidente de Confederaciones Rurales Argentina (CRA) participaron en la primera reunión de la Mesa Sectoral de la Patagonia encabeza por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación, Sergio Iraeta.

En la delegación estuvieron presentes Norberto Tabaré Bassi, secretario de Ganadería de Río Negro; Daniel Lavayen, Nora Lavayen y Luis Sacco, por la Federación de Productores de Río Negro; Maximiliano Knull, de la Sociedad Rural de Neuquén; Héctor Bizet, de la Asociación Rural de Villalonga; Gastón Scheffel, de la Asociación Rural de Carmen de Patagones; César Guatti, por la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz; Diego Braun, por la Federación de Tierra del Fuego; y Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

Iraeta estuvo acompaño por Martín Fernández, jefe de gabinete de la Secretaría, y por el equipo técnico.

En el encuentro se abordaron temas estratégicos de la ganadería patagónica y se discutieron diversas medidas de corto, mediano y largo plazo para fortalecer la competitividad y sustentabilidad de la producción ganadera en la región.

Como medidas corto plazo los productores pidieron mantener el estatus sanitario y «remarcaron la importancia de asegurar el financiamiento para la logística de la barrera sanitaria». Según se indicó mediante un comunicado de la CRA «la operatividad requiere 1.400 millones de pesos que deberán ser cubiertos por las provincias, mientras que el Estado Nacional se hará cargo de los 6.400 millones de pesos destinados a los salarios del personal».

Otro punto fue la «protección de la fauna y producción ovina sostenible» y la «urgencia de implementar una política nacional y provincial para el manejo de la fauna, en particular para regular la población de predadores y guanacos».

En ese sentido se indicó que el Plan de Manejo Nacional fue enviado a las provincias, y «se espera lograr un consenso con las direcciones de fauna provinciales sobre el uso sostenible de estos recursos».

El tema impositivo volvió a la agenda ya que se pidió una «compensación impositiva para provincias en zona desfavorable, con el fin de mejorar la competitividad de las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, se solicitó una compensación impositiva que contemple las particularidades de esta zona».

Como alternativa desde Chubut y Santa Cruz se planteó «la posibilidad de una compensación del 20% sobre impuestos en función de la zona desfavorable».

La reunión incluyó un pedido al Gobierno Nacional para que establezca «un dólar unificado para el sector, ya que la diferencia cambiaria ha causado pérdidas de aproximadamente 300 millones de dólares en las últimas cuatro zafras, afectando el capital de trabajo de los productores patagónicos».

Por último, pidieron el «fortalecimiento de programas vigentes» para el «refuerzo de programas como Prolana para ovinos y Mohair para caprinos, así como otros proyectos que impulsen la producción, comercialización y protección ambiental en la región».


Legisladores de JSRN también reclaman por el plan LanAr


Los Legisladores Soraya Yauhar, Norberto Moreno y Daniel Sanguinetti de Juntos Somos Río Negro, presentaron un proyecto de comunicación dirigido al Poder Ejecutivo Nacional rechazando la Resolución 1129/24 que dio de baja el Programa de Compensación Económica para Pequeños y Medianos Productores de Lana Ovina de la Región Patagónica (LanAr).

Indicaron que el gobierno de Javier Milei finalizó el programa «argumentando razones de oportunidad, mérito y conveniencia resultando en un enorme perjuicio para nuestros pequeños y medianos productores laneros, que están expuestos a las heladas, a las sequías, a las coyunturas de política cambiaria, en su momento a las cenizas y luego a la pandemia».

Los parlamentarios sostuvieron que «nuestra Región Sur se ve perjudicada por esta decisión que no tiene nada de conveniente, sino que es lisa y llanamente perjudicial» porque «en la primer etapa se beneficiaron cuatrocientos sesenta productores, mientras que para la segunda etapa se encontraban en trámite aproximadamente seiscientos productores».


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