Ponen en la mira el acuerdo de Río Negro con una polémica empresa de Israel por el agua

El convenio por cooperación con la proporción de información hídrica entre Río Negro y la empresa israelí Mekorot que el año pasado firmó la exgobernadora Arabela Carreras podría quedar anulado si prospera en la Legislatura de Río Negro el proyecto de derogación presentado por legisladoras del bloque Vamos con Todos. Un acuerdo similar también fue plasmado en Neuquén con la rúbrica del gobernador Rolando.

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La iniciativa surge después de que semanas atrás el Gobierno informó, ante un pedido legislativo, los detalles de ese contrato, que entró en vigencia el 15 de abril de 2023, con una duración de 18 meses (con posibilidad de prórroga) y un costo de un millón de dólares a cargo del CFI.

El acuerdo firmado entre el Consejo Federal de Inversiones y la Agencia Nacional de Agua de Israel (Mekorot Israel National Water Co. Ltd.), fue avalado por Carreras y tiene por objetivo formular un “Plan Maestro para el sector Hídrico” de la provincia. Establece un servicio de consultoría y prevé un análisis para la desalinización de agua para bastecer la Región Sur y localidades de la costa Atlántica.

Las legisladoras opositoras consideraron que este acuerdo es “manifiestamente inconstitucional” y un “peligro inminente para la soberanía provincial” porque -según señalaron- “otorga a Mekorot la propiedad intelectual sobre información crucial relacionada con los recursos hídricos de Río Negro”.

Señalaron que el contrato “estipula condiciones altamente controvertidas, como la aplicación de leyes inglesas para la interpretación del contrato, la confidencialidad absoluta de todos sus términos y la exclusión de los tribunales argentinos en caso de disputas, sometiéndose a un árbitro único en Inglaterra bajo el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional”.

“Es inaceptable que el valor económico de nuestra agua, la ubicación de las fuentes de agua dulce que poseemos y un sinfín de datos estratégicos se pongan en manos de una empresa extranjera, privando a nuestra nación y a Río Negro de acceder a dicha información. Este acuerdo compromete seriamente nuestra soberanía y la seguridad de nuestros recursos naturales”, expresó Odarda.

La parlamentaria también destacó los antecedentes “negativos” de Mekorot, al señalar que es una empresa denunciada por la ONU, la Asociación Permanente de Derechos Humanos (ADPH) y Amnistía Internacional por “violaciones a los derechos humanos en torno al uso del agua”.

Odarda también planteó que la Provincia “cuenta con capacidad suficiente para gestionar sus propios recursos hídricos” con instituciones de la región como las universidades públicas.

Las legisladoras informaron que el contrato estipula la prohibición de hacer público cualquier término del convenio y sus conclusiones, condición que es “expresamente inconstitucional de acuerdo al artículo 4° de la Constitución de Río Negro, que garantiza la transparencia y publicidad de todos los actos de gobierno”.

Otro punto que cuestionan Odarda y Spósito es que la Constitución rionegrina establece en su artículo 181 que la firma de convenios con estados extranjeros, exigen la ratificación posterior del Poder Legislativo y en este caso no pasó por la Legislatura.

Odarda denunció además que Carreras, en su momento, no obtuvo una copia del convenio: “Su actuación se limitó a ser testigo mudo de la entrega de la propiedad intelectual sobre un recurso natural vital”.