Planes sociales, todos con domiciliaria: en marzo o abril se define la fecha de un «caso urgente»
Están acusados de dirigir la presunta asociación ilícita que estafó al Estado. Uno a uno fueron cambiando las condiciones de detención.
Osuna sonriente. Después de 18 meses de preventiva cambiará la modalidad de detención a domiciliaria. Foto Florencia Salto.
Primero fue Néstor Sánz. Luego Ricardo Soiza. Ayer le tocó el turno al único de los imputados que estaba con prisión preventiva por la estafa con planes sociales en Neuquén. Marcos Osuna permanacerá un mes y quince días en detención domiciliaria, a la espera de que se realice la audiencia de control de acusación en la que se determinará si los 19 acusados van a juicio.
El Código Procesal Penal prevé que como máximo una persona puede estar privada de su libertad, sin una condena firme, 18 meses. Ese plazo, para Osuna, se agotaba el próximo viernes 10 de enero. Por eso el fiscal Juan Narváez le pidió al juez Luis Giorgetti que cambiara las condiciones de detención.
Según el funcionario aún persiste el peligro procesal de entorpecer la investigación. Hizo hincapié en la posible influencia sobre los testigos (mencionó cuatro) que declararán en el juicio.
Narváez solicitó seis meses de detención. La defensa pública -Solange Del Ponte y Eliana Lazzarini- requirió la mitad: tres. En ambos casos a Giorgetti le pareció excesivo y lo redujo apenas antes del control de acusación, que será el 18 de febrero (ver aparte).
Osuna tiene prohibido acercarse a cualquier testigo y recibirá rondines policiales sorpresivos, con firma de planilla, en su casa. La tobillera electrónica se le colocará una vez que el Poder Judicial reciba el dispositivo. El magistrado afirmó que actualmente no tienen disponibilidad.
Los defensores Alfredo Cury y Esteban Sampayo intentaron ayer que Soiza recuperara la libertad. Sin embargo no tuvieron suerte. Giorgetti hizo lugar al pedido del fiscal y le prorrogó la domiciliaria por el mismo plazo que Osuna.
Los tres imputados, junto con el exministro de Desarrollo Social Abel Di Luca y el director de Coordinación, Tomás Siegenthaler, están acusados de ser los jefes de una organización que estafó al Estado. Básicamente se les reprocha haber captado supuestos beneficiarios de planes sociales, a los que le retiraban (primero con cheques y después con tarjetas de débito) el dinero que recibían.
La fiscalía insiste en que puede probar que lo hicieron entre el 30 de septiembre del 2020 y el 31 de julio del 2022. Lo que no ha contestado todavía es cuál fue el destino de ese dinero. En las audiencias que cubrió periódicamente este diario se ventiló que eran para financiar campañas políticas (del MPN, que gobernaba la provincia) y engordar el patrimonio de quienes montaron esta estructura.
Se realizaron un total de 9.303 operaciones estafatorias. La suma estimada, con la actualización, es de 941.262.888,82 pesos.
Soiza siempre habla en las audiencias. Esta vez no fue distinto. Le dijo al juez que él «no apretaba» gente como insinuaba la fiscalía.
Planes sociales: el próximo paso en la causa
¿Cuál es el próximo paso en esta causa? El 18 de febrero la jueza Carina Álvarez deberá determinar si los 19 imputados irán a juicio (puede sobreseerlos), el delito por el que se los acusará y la voluminosa prueba que se presentará ante el tribunal. Sólo la fiscalía ofreció más de 200 testigos. Probablemente este debate se extienda entre dos y tres jornadas.
«Ese juicio podrá ser fijado, entiendo yo, entre el mes de marzo o abril, porque justamente se trataría de un caso con detenidos, en el orden del agendamiento de la Oficina Judicial se trataría de un caso urgente», aseguró el fiscal Juan Narváez.
Por la cantidad de imputados, defensores y testigos seguramente se utilice la sala 12, destinada a juicio por jurados, que es la más grande con la que cuenta el edificio de Leloir y Entre Ríos.
Hay una fecha previa que es la del 4 de febrero. Allí se harán los juicios abreviados contra tres acusados –Valeria Honorio, Rodolfo López y Ariel Meza Lizama -que asumieron su responsabilidad y aceptarán una pena en suspenso. Esa audiencia será con otro juez.
La fiscalía de Estado, que representa los intereses de la provincia, interviene como querellante. Actúa Gustavo Kohon.
Primero fue Néstor Sánz. Luego Ricardo Soiza. Ayer le tocó el turno al único de los imputados que estaba con prisión preventiva por la estafa con planes sociales en Neuquén. Marcos Osuna permanacerá un mes y quince días en detención domiciliaria, a la espera de que se realice la audiencia de control de acusación en la que se determinará si los 19 acusados van a juicio.
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