Planes sociales: Cipolletti es otro ejemplo del poder delegado por el Estado
Las organizaciones tienen a su cargo el control de asistencia y contraprestación de los programas financiados por Nación.
Limpieza e instalaciones intradomiciliarias forman parte de las tareas exigidas a los beneficiarios.
En Cipolletti tampoco se sabe qué porcentaje de la población recibe asistencia alimentaria y/o económica surgida de programas locales, provinciales y nacionales.
Pero sí se conoce que todas las organizaciones que pertenecen a movimientos sociales a nivel nacional cuentan con planes y que son sus referentes quienes controlan la asistencia y las contraprestaciones.
Ese dato se conecta con la situación descripta por los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en la provincia, quienes no cuentan con espacios físicos para trabajar ni con listados para verificar si cada beneficiario cumple con la responsabilidad asumida para recibir fondos del Estado.
La referente del Polo Obrero, Lila Calderón fue quien sostuvo que en la ciudad todas las organizaciones con anclaje en Buenos Aires cuentan con planes.
Por su parte, la organización Dignidad Rebelde logró crear una cooperativa, que tiene como objetivo generar trabajo a través de convenios con el municipio.
En el acuerdo, el gobierno local se comprometió a pagar a la cooperativa, quien deposita finalmente el salario a los trabajadores. Actualmente cuenta con 60 empleados que perciben 70 mil pesos por trabajar ocho horas. Ellos desempeñan tareas de limpieza en distintos sectores y dentro del barrio Obrero realizan obras de instalaciones intradomiciliarias. Los convenios son temporales y desde las organizaciones piden continuidad.
La organización también tiene 26 comedores, merenderos y roperos comunitarios a cargo. A raíz de esta labor que desempeñan durante tres horas diarias perciben un subsidio que pertenece al programa Potenciar Trabajo, que establece salarios de 16 mil a 18 mil pesos.
En algunos casos hay personas que perciben el doble de dinero ya que su jornada laboral implica trabajar más horas en otros ámbitos, por ejemplo, las escuelas. Además, algunos reciben beneficios de la Ley Ramona, por ella cobran 6 mil pesos.
Desde el Frente Popular Darío Santillán, el referente Sabino Lopez explicó que el programa Potenciar Trabajo “es un tipo de beneficio que tiene como objetivo que la gente pueda cobrar un salario como ayuda de la emergencia social existente, a cambio desempeñan tareas en comedores y merenderos en las que deben cumplir 10 horas semanales de trabajo”.
Lopez explicó que “el cobro es individual, no lo percibe la agrupación” y que la organización “sólo se encarga de informar al ministerio que los beneficiarios cumplan con la asistencia a los puestos de trabajo designado. Quienes por razones particulares no pueden asistir deben presentar un certificado médico o algo que asegure el ausentismo como en cualquier otro trabajo”.
El listado de asistencia al ministerio se presenta mensualmente, quienes no cumplen con el horario laboral establecido reciben descuentos. Además, comentó que “el valor de cobro está sujeto a un porcentaje del salario mínimo y vital y móvil, cuando aumenta el mínimo vital y móvil el porcentaje de cobro también”. Sin embargo, como el porcentaje no alcanza las personas realizan “changas” para llegar a cubrir sus necesidades.
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