Pidieron declarar culpable al exintendente de Dina Huapi

El fiscal Guillermo Lista solicitó este jueves que se lo declare responsable al exintendente de Dina Huapi, Danilo Rojas, de haber cometido abuso de autoridad al dictar resoluciones contrarias a la normativa vigente, para contratar en forma directa a una empresa que construyó la segunda etapa de una bicisenda. Y retiró la acusación por malversación de caudales públicos que pesaba sobre Rojas.

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En cambio, Lista pidió declarar responsable a Carlos Morazani, que se desempeñó como secretario de Obras Públicas durante la gestión de Rojas, por el delito de malversación de caudales públicos y desistió de acusarlo por abuso de autoridad.

“El Ministerio Público Fiscal debe seguir un criterio de objetividad”, explicó Lista al abrir su alegato ante el juez Marcelo Álvarez Melinger. La fiscalía había promovido el juicio contra Rojas y Morazani porque entendía que habían cometido abuso de autoridad y malversación de caudales públicos. Pero en el desarrollo del juicio modificó el criterio.

Recordó que Rojas debía cumplir el régimen de contrataciones y llamar a una licitación pública o un concurso de precios para adjudicar la segunda etapa de la bicisenda que se construyó en forma paralela a la ruta nacional 40, que cruza el ejido de Dina Huapi.

La obra superaba el tope de 92.000 pesos (a valores de 2015) que establecía la normativa vigente para contrataciones directas por parte de la Municipalidad de Dina Huapi. Lista aseguró que Rojas firmó tres resoluciones que dividieron la obra en tres etapas para eludir el régimen de contrataciones. La primera fue de 84.000 pesos, la segunda, por 91.000 y la tercera por 78.000 pesos. La obra se ejecutó por 2015.

Advirtió que Rojas actuó en contra de la normativa. Y aseguró que en el juicio se probó la teoría de la fiscalía en ese aspecto y mencionó los informes de los peritos. Dijo que los propios imputados admitieron los hechos. “No olvidemos que estamos hablando de dineros públicos”, afirmó y recordó que ese manejo demanda transparencia.

“Estoy convencido de que hubo un actuar a sabiendas de burlar la normativa”, afirmó el fiscal del caso. “Considero y entiendo las buenas intenciones (de Rojas), pero entiendo que hay que cumplir la ley”, sostuvo Lista. Y advirtió que de los 3 contratos, el contratista adjudicado en forma directa con la obra solo firmó uno.

El fiscal aclaró que no acusó a Rojas por una conducta “ni parecida al fraude y no hemos acusado por peculado”. La denuncia que promovió la causa señalaba que Rojas había cometido malversación de fondos y hasta se lo acusó de peculado, que tiene una pena de hasta 10 años de prisión.

Sin embargo, el juez Bernardo Campana lo sobreseyó a finales de septiembre de 2019 en la etapa de control de acusación porque la fiscalía y la querella desistieron de acusarlo por ese delito más grave porque no lo demostraron en la investigación.

Así, el fiscal y la querella solo mantuvieron la acusación por abuso de autoridad que el Código Penal reprime con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo al “funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.

La causa no prescribió porque Rojas y Morazani dejaron sus cargos públicos en diciembre de 2019 y durante el 2020 hubo suspensión de plazos procesales por la pandemia causada por el nuevo coronavirus, explicaron fuentes con acceso al expediente.

Lista mantuvo la acusación contra Morazani por haberle dado una aplicación diferente a los fondos destinados a la compra de materiales (400 barras de hierro de diferentes medidas) para la bicisenda que se usaron en otra obra. Lo encuadró como malversación de caudales públicos que se sanciona con inhabilitación especial de un mes a tres años.

Pschunder, en su carácter de querellante adhirió a las acusaciones de la fiscalía. Destacó que un integrante del Tribunal de Controlar advirtió la irregularidad que derivó en la denuncia penal contra Rojas.

Aseguró que el exintendente eludió cumplir la ordenanza y la Carta Orgánica Municipal en su apuro por mostrar una obra porque se aproximaban las elecciones. Dijo que no había ninguna situación de emergencia como para haber contratado en forma directa a una empresa sin cumplir las normas.

El defensor particular Sebastián Arrondo pidió la absolución de los imputados. Alegó que la fiscalía y la querella no probaron su teoría del caso y no derribaron el principio de inocencia.

Destacó que se probó en el juicio que no hubo ningún perjuicio para el erario público ni el patrimonio de Dina Huapi. Y cuestionó al fiscal y la querella que expresaron su preocupación por el cuidado de los fondos públicos de una compra de 35.000 pesos, que a valores actuales serán unos 200.000 pesos, pero no repararon en el costo que le demandó a la provincia llevar adelante un proceso durante 7 años.

Afirmó que se trata de uno de los juicios “más caros que tuvo que afrontar la provincia” y observó que se pagaron “millones de pesos para una pericia que probara una acusación” que después no la mantuvieron.

“Por más de cinco años se los ha acusado a Rojas y Morazani por peculado”, recordó y señaló que después desistieron de esa imputación. Arrondo afirmó que se probó en el juicio que la Provincia mandó en tres desembolsos los fondos para la segunda etapa de la bicisenda.

Aseveró que los contratos se hicieron a medida que entraban esos recursos al Municipio. “¿Qué ganaba Rojas con eso? Nada”, sostuvo el defensor. Y alegó que se hizo en tres contratos “para evitar la desvalorización del dinero por la inflación”.

El juez informó que el 3 de marzo próximo dictará el veredicto.