Piden suspender la subasta de un costoso terreno de Roca, envuelto en la disputa por una herencia
El predio fue parte de una larga batalla judicial entre una mujer adoptada y el Estado rionegrino.
Desde el bloque Vamos con Todos de la Legislatura de Río Negro pidieron suspender la subasta judicial de un terreno de seis hectáreas, ubicado en una cotizada zona de Roca. El inmueble estuvo envuelto en una controvertida disputa legal por la herencia de una mujer, en la que se vio involucrado el Estado rionegrino.
La presentación fue realizada por el roquense José Luis Berros y respaldada por su compañero de banca Luciano Delgado Sempé.
Según informaron, se presentó un proyecto de comunicación ante el Legislativo donde se solicita formalmente la suspensión del remate previsto para el 5 de diciembre. En el escrito se instó, tanto al Poder Judicial como al Ejecutivo, reconsiderar la venta del inmueble y destinarlo a fines comunitarios, como la construcción de infraestructura o proyectos habitacionales.
Además, realizaron un pedido de informes donde exigen precisiones sobre el destino de la propiedad.
El edicto de la subasta fue publicado el pasado 31 de octubre por la Unidad Jurisdiccional N° 3 (ex Juzgado Civil) de Roca. La convocatoria es para el 5 de diciembre a las 9.15 en el local de Re.Ju.Pen, ubicado en la esquina de Kennedy y Salta.
El predio de 60.956 metros cuadrados es considerado por Berros como un bien «de enorme potencial para el desarrollo de proyectos públicos de gran utilidad para la comunidad». «Incorporado el bien al patrimonio provincial, éste no debe descapitalizarse, más aún por la enorme utilidad que puede tener, por ejemplo, para construir reparticiones públicas y de esta manera dejar de pagar las cuantiosas sumas que se realizan mes a mes por los alquileres de inmuebles. Con previsibilidad e inteligencia se puede proyectar un Estado más serio, salvo que esto haya sido negocio para algunos vivos», sostuvo en el escrito.
Berros propuso que el terreno podría ser utilizado para proyectos de viviendas, una medida que consideró particularmente relevante dado el contexto económico actual. «Incluso ante el tremendo ajuste que está llevando Milei, empobreciendo a la clase media, sin proyección de futuros, poniendo fin al Procrear, se podría pensar en impulsar viviendas para estos sectores que hoy ven postergado el sueño de acceder a una vivienda propia«, expresó.
El legislador calificó de «error» la decisión de llevar adelante el remate «para que los fondos ingresen a rentas generales, sin destino específico alguno. Vamos a analizar incluso si no hay que presentarse en el expediente solicitando la suspensión, para pensar en mejores opciones para un inmueble tan valioso y con una ubicación privilegiada», afirmó.
La disputa que dejó sin herencia a una mujer adoptada en Roca
El terreno forma parte del reclamo de Alejandra Bichara, una mujer que libró desde 2015 una extensa batalla legal contra el Estado rionegrino por la sucesión de los bienes de su fallecido tío, Victor Bichara —quien no poseía herederos—.
Alejandra es hija adoptiva de Mafalda, la única hermana de Victor que tenía hijos. Por lo tanto era lógico que la mujer pudiera acceder a la titularidad del terreno, en vista de que no existían otros posibles sucesores legales.
Sin embargo, el problema surgió cuando un abogado particular y representantes de la Fiscalía de Estado de la Provincia iniciaron procesos para que se declare la herencia vacante. Para fortalecer esta postura, se buscó certificar que Alejandra había sido unida a la familia por adopción simple y no plena.
“Es evidente. Buscan algo más. De otra manera no se explica que no hayan respetado ni siquiera el luto después de la muerte de mi tío. En menos de una semana la Fiscalía de Estado ya había iniciado acciones para que se declare la herencia vacante”, expresó hace algunos años Alejandra a Diario RÍO NEGRO.
El caso escaló hasta el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) que, en 2019, determinó que la mujer no podía acceder a derechos hereditarios, por considerar que se estaba ante una «institución o persona totalmente ajenos a dicha familia». Por lo tanto, el fallo estableció que el bien pasaba a ser patrimonio del Estado provincial.
Los procesos posteriores continuaron a fin de determinar el agravio o perjuicio que le causó a la Provincia el hecho que se acumulen los procesos sucesorios. La continuidad de la venta por subasta fue finalmente fijada para afrontar mayoritariamente los costos honorarios derivados del proceso.
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