Otro intento frustrado de acusar a Tortoriello y a Baratti en Cipolletti por la causa de Techo Digno
Volvieron a prorrogar 60 días la formulación de cargos. Esta vez porque la fiscalía modificó a último momento el hecho y se lo informó a las defensas casi sobre el inicio del debate. "Atenta el derecho de defensa", arguentó la jueza. Será en marzo.
Diciembre de 2015. Abel Baratti y Aníbal Tortoriello en la ceremonia del traspaso del gobierno de Cipolletti. Foto Archivo.
Una interesante y entretenida discusión jurídica fue el saldo del frustrado intento, una vez más, de acusar a dos exintendentes de Cipolletti y empresarios en la megacausa de Techo Digno. La jueza de Garantías Laura González Vitale hizo lugar al pedido de la defensa de extender el plazo por 60 días porque la fiscalía modificó el encuadre legal 24 horas antes de la audiencia y la informó casi sobre el comienzo del debate.
Es llamativa la decisión del Ministerio Público Fiscal de cambiar el hecho 24 horas antes, teniendo en cuenta que la prórroga anterior se otorgó en agosto pasado y la causa arrastra cuatro años en el fuero penal, y otros dos en el federal.
Otro dato novedoso fue la ausencia en el Zoom de la fiscal jefa del Roca Graciela Echegaray quien está a cargo de la coordinación de la causa. La causa en Cipolletti estaba a cargo del exfiscal Matías Stiep que meses atrás renunció a su cargo. El proceso quedó en manos de Eugenia Vallejos y el fiscal jefe Santiago Marquez Gauna.
Estaba prevista la audiencia de formulación de cargos contra los exintendentes Abel Baratti y Aníbal Tortoriello, empresarios y funcionarios municipales por el supuesto fraude al Estado en la construcción de viviendas sociales. Se investigan varios hechos en toda la provincia.
Algunos de los defensores aseguraron que mientras la jueza abría la audiencia estaban leyendo el nobel encuadre legal que presentaría el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna minutos después. A la acusación primaria de administración fraudulenta le sumaron el concurso real del delito peculando, que significa que además de los desvíos de recursos públicos, se los apropiaron.
El debate
Por eso uno de los defensores de Tortoriello, Sebastián Perazzolli planteó un pedido de prórroga por 60 días para garantizar el derecho de defensa. El requerimiento, que fue apoyado por todos los defensores, abrió un intenso debate sobre las garantías constitucionales al derecho de defensa, las obligaciones y los actos de buena fe entre las partes.
Marquez Gauna, acompañado por la fiscal Eugenia Vallejos, instó a la jueza a rechazar el pedido. Alegó que la fiscalía no tiene obligación de informar sobre la acusación antes de la audiencia y que en todo caso se trata de un acto de buena fe. Dijo que fue una «cortesía», informar las modificaciones.
Reconoció que ayer se les informó a las defensas sobre los cambios, pero no que de ninguna manera vulnera derecho de defensa alguno.
«No es un acto de buena fe, es una obligación»
El defensor público Juan Pablo Piombo, que asiste técnicamente a Baratti -único sin abogado particular- , dijo que el Código es muy preciso y que no se trata «simplemente» de un acto de buena fe, sino que es obligación del Ministerio Público Fiscal informar el hecho cuando se eleva el pedido de formulación de cargos.
Perazzoli argumentó que «justamente» que para un armonioso recorrido jurídico es necesaria la buena fe de las partes y que entendía que un cambio «sobre la hora» atenta contra esa premisa.
Finalmente, Gonzalez Vitale accedió al pedido de las defensas y prorrogó 60 días la formulación de cargos, sin tener en cuenta, claro, la feria judicial que abarca los 31 días de enero.
Es decir que se hará recién los primeros días de marzo. Marquez Gauna había pedido que se tome en cuenta la feria para que se concrete en febrero, pero también fue rechazado por la magistrada. Como adelantó RIO NEGRO, la acusación se resolverá cerca de las elecciones provinciales que tienen a Tortoriello como el principal candidato de la oposición.
De esta manera, la causa vuelve sufrir un retraso que ya acumula años. Incluso demoró dos en el fuero federal que se declaró incompetente en la resolución y pasó las actas al penal en 2017. En agosto, la jueza ya había otorgado una prórroga de iguales características por pedido de la defensa de Tortoriello para estudiar el caso. De esta manera, recién en el primer cuatrimestre del 2022 se conocerán los cargos que impondrá la fiscalía contra los exjefes comunales.
También está involucrada la exfuncionaria y contadora Lucila Chiocconi y los constructores Arturo Mendiberri, Domingo Mocciola y Daniel Zoppi. Esta causa se enmarca en un proceso judicial por administración fraudulenta en la construcción de viviendas.
En el caso de los cipoleños Baratti (2011-2015) y Tortoriello (2015-2019) deberán explicar cómo fue el manejo administrativo y contable de la construcción de más de 600 viviendas sociales en la ciudad.
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