Organizaciones sociales en Neuquén: quiénes aprobaban el desembolso del dinero bajo sospecha
"Había un recorrido administrativo, cuando estaba todo bien se le daba el pago a la cooperativa", dijo el exministro de Desarrollo Social Germán Chapino. Ahora se sabe quiénes intervenían en ese circuito interno durante el gobierno de Omar Gutiérrez.
Gustavo Kohon, uno de los abogados de la fiscalía de Estado de Neuquén. (Archivo/Matías Subat)
Entre enero y diciembre del 2023, el gobierno de Omar Gutiérrez le entregó 1.183 millones de pesos a la Cooperativa Viento Sur, controlada por el Frente de Organizaciones Sociales (FOL) en el marco de un convenio para que lo destinara a planes de capacitación pero se sospecha que lo utilizó con otros fines. El circuito que recorrían los expedientes antes de recibir la aprobación para el desembolso del dinero es parte de la trama que investiga la fiscalía de Delitos Económicos.
La denuncia que presentó la fiscalía de Estado dio origen a dos investigaciones: una sobre el destino que los dirigentes de la cooperativa les dieron a los fondos y otra por la responsabilidad de los funcionarios que los otorgaron sin control.
El punto cero de lo que ahora se investiga es el decreto 1672 del 18 de agosto del 2022 mediante el cual el gobierno de Gutiérrez creó el «Programa de acciones de fortalecimiento para capacitación de integrantes de las organizaciones de la sociedad civil (OSC)».
La paz social
En lo formal, esa norma dispuso la entrega de aportes no reintegrables a las organizaciones sociales para que gestionen capacitaciones destinadas a sus integrantes, con la finalidad de formarlos para que puedan insertarse en el mercado laboral.
En ese marco, el 23 de enero el entonces ministro Germán Chapino y la cooperativa Viento Sur firmaron un convenio por el trimestre enero-marzo. El gobierno se comprometió a realizar tres pagos mensuales hasta totalizar 141 millones de pesos, y la Cooperativa a destinar los fondos a capacitación.
En los hechos era una tercerización de la ayuda social a cambio de que no cortaran calles y rutas en un año electoral.
En abril y septiembre se firmaron adendas hasta cubrir todo el año.
El recorrido del expediente
La denuncia de la fiscalía de Estado, firmada por Raúl Gaitán y Gustavo Kohon, señala que el trámite para el pago mensual comenzaba con un pedido de caratulación por parte del Coordinador Provincial del Ministerio de Desarrollo Social. Luego se agregaba la nota de la Cooperativa con el pedido de fondos y el listado de beneficiarios.
En el siguiente paso se agregaba nota del ministerio solicitando el pago de los aportes al Coordinador. Según la denuncia era Tomás Siegenthaler, el mismo que está acusado de ser uno de los cinco cabecillas de la asociación ilícita en la causa de los planes sociales. Por ahora no fue imputado en este legajo.
Se realizaba el pase a la dirección Provincial de Administración, que informaba la existencia de la partida presupuestaria correspondiente y se realizaba el pase al ministro, quien dictaba la resolución que autorizaba el pago mensual a la Cooperativa.
Luego, continúa el escrito de la acusación, pasaba a la Dirección Provincial de Administración, donde se emitía la orden de pago correspondiente al mes a abonar y realizaba el pase del expediente a la Contaduría General de la provincia a fin de concretarlo.
Dentro de la Contaduría el expediente pasaba a la Dirección de Gastos e Inversiones a fin de cancelar el importe solicitado, se realizaba el control de la orden de pago y se pasaba a la Contaduría General, donde se suscribía la orden de pago generada.
Con dicha orden de pago suscripta, el expediente pasaba al sector Pagos de la Tesorería General, donde se generaba el libramiento conforme la orden de pago recibida, para finalmente ser devuelto al ministerio de Desarrollo Social.
El alerta tardío
Cuando fue entrevistado por RÍO NEGRO RADIO, el exministro Chapino dijo que «no es que yo decía ‘hay que pagarles’. Había un recorrido administrativo, cuando estaba todo bien se le daba el pago a la Cooperativa».
Al parecer se refería a todo el circuito que describe la denuncia de la fiscalía de Estado.
Recién en noviembre del 2023 la Contaduría General advirtió que no estaban en orden los comprobantes que debía presentar la Cooperativa. El fiscal penal Pablo Vignaroli explicó que el exministro Chapino debió cotejar las rendiciones de los gastos antes de autorizar nuevos desembolsos, y no lo hizo.
Dijo que la Contaduría hace controles a ejercicio administrativo vencido, por eso encendió la alarma cuando ya había transcurrido prácticamente todo el año.
Pese a ese alerta, el ministerio depositó los montos correspondientes a noviembre y diciembre.
Los depósitos, mes por mes
Según el relevamiento de la fiscalía de Estado, los depósitos del ministerio de Desarrollo Social a la Cooperativa Viento Sur, mes a mes del 2023, fueron por las siguientes sumas:
• Enero: 46.158.400 pesos.
• Febrero: 47.508.120 pesos.
• Marzo: 47.508.120 pesos.
• Abril: 66.966.720 pesos.
• Mayo: 77.837.760 pesos.
• Junio: 95.180.800 pesos.
• Julio: 110.052.800 pesos.
• Agosto: 121.253.440 pesos.
• Septiembre: 142.743.040 pesos.
• Octubre: 142. 743.040 pesos.
• Noviembre: 142. 743.040 pesos.
• Diciembre: 142. 743.040 pesos.
• Ajuste por diferencia de saldo: 43.890.880.
Comentarios