Ordenan suspender sistema de reconocimiento facial en CABA
Lo dispuso el juez Gallardo. Fue tras una denuncia del CELS sobre la "búsqueda de información biométrica de 7 millones de personas de manera ilegal". El magistrado ordenó medidas para determinar "si estos procedimientos pudieron haber sido utilizados para realizar trabajos de vigilancia masiva e inteligencia".
El sistema de videovigilancia de CABA.
Un juez de la Ciudad de Buenos Aires, Roberto Gallardo, ordenó suspender el sistema de reconocimiento facial del gobierno porteño previsto para la captura de prófugos.
La orden de Gallardo para suspender el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) fue dispuesta con la advertencia de que no impacte en los restantes sistemas de videovigilancia, preventivo y forense», según el fallo.
El Gobierno porteño aseguró que el sistema se encontraba suspendido desde el inicio de la pandemia del coronavirus, pues no funciona con el uso de barbijos.
No obstante, una denuncia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) expresó que entre abril de 2019 y marzo de 2022 la Policía de la Ciudad de Buenos Aires utilizó las 9.500 cámaras de seguridad dispuestas en toda la capital para obtener información de unas 6000 personas diarias en promedio sin autorización legal para hacerlo.
Agregó que las tareas de identificación facial fueron realizadas valiéndose de un convenio entre la policía porteña y el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer) para la búsqueda de personas con orden de captura judicial.
Denuncia la CELS que, en lugar de cruzar los datos de los 40.000 hombres y mujeres en esa situación, solicitaron los datos biométricos de unas 7,5 millones de personas.
El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad a cargo del amparo, Andrés Gallardo, dispuso un allanamiento en el Centro de Monitoreo Urbano y la sede del Ministerio de Seguridad porteño en Barracas. Además, ordenó periciar los equipos que se utilizaron para procesar la información proveniente del Renaper.
Según refieren publicaciones en eldiario.ar, Página 12 y Ámbito Financiero, basadas en el CELS, en el cotejo realizado por los funcionarios judiciales hasta el momento “se pudo constatar que algunos referentes políticos y sociales fueron reconocidos en esas tareas ilegales. Entre ellos la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Estela Barnes de Carloto y la de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini; el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni; el periodista Gustavo Silvestre; la fiscal Gabriela Boquin; el presidente Alberto Fernández y toda la familia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. También aparecen identificados la referente de la Coalición Cívica Elisa Carrió; el juez de la Corte Suprema Carlos Rosenkratz; y los empresarios Alejandro Bulgheroni y Eduardo Elsztain, entre otros”.
En un comunicado, el CELS sostuvo que “el porteño debe explicar cuáles son las razones por las cuales decidió consultar todos esos datos vulnerando el derecho a la intimidad de millones de personas”.
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