Ola de demandas contra la diputada Villaverde por la venta de terrenos en Las Grutas

Las demoras administrativas en un desarrollo inmobiliario en la costa de Río Negro desataron una serie de demandas contra la diputada nacional y referente de la Libertad Avanza en la provincia, Lorena Villaverde. El alfil de Javier Milei en la provincia enfrenta un nuevo conflicto judicial por una serie de acusaciones vinculadas a un loteo en una zona rural de Las Grutas.

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Villaverde, que desde que asumió en el Congreso tuvo varios conflictos judiciales, recibió tres demandas por daños y perjuicios (fuero civil) y otra por fraude (fuero penal) que salpica a la excomisión directiva del Club Las Grutas: todas en 2023.

En mayo pasado, Villaverde desembolsó 10 millones de pesos para frenar una de las causas en el fuero civil: las otras dos parecen transitar el mismo camino y una de ellas está en etapa de conciliación. ¿Pagará otros 20 millones de pesos para liberarse de las acusaciones?

La denuncia por fraude, que está relacionada con una rifa y el loteo, todavía está en etapa de investigación en el fuero penal. Teléfono para la fiscalía. La historia es más o menos así: la diputada provincial promociona desde hace varios años un desarrollo inmobiliario en la costa rionegrina llamado “Tajamar”.

A fines de 2020 le vendió, entre tantos otros, a una mujer un terreno por 1,5 millones de pesos con el compromiso de entregárselo en el plazo de 10 meses con la posibilidad de prorrogarlo por 6 meses más. El plazo venció el 20 de febrero de 2021.

Sin novedades hasta mayo de 2022, la mujer envió una Carta Documento intimando a finalizar las obras comprometidas para tomar posesión de las tierras. La situación se agravó cuando a la mujer le dijeron en el municipio de San Antonio Oeste que esa zona figuraba como zona rural, hasta ese momento sin habilitación para construir.

Según consta en la demanda, Villaverde omitió esa información e instruyó a la mujer a comenzar la obra en noviembre de 2021. La damnificada, según se desprende del expediente, avanzó en la obra un 65%.
El argumento de la diputada nacional fue que la pandemia por el Covid-19 retrasó los tiempos administrativos y en un principio eludió la posibilidad de una mediación con las demandantes.

Pero para el abogado de la mujer, Lucas Cerro, Villaverde actuó con “dolo” porque cuando concretó la venta las restricciones por la pandemia, así lo expuso, eran conocidas y de larga data y la posibilidad de una demora en los tiempos administrativos moneda corriente.

Por eso inició una demanda en el fuero civil por daños y perjuicios anclados en la ley de Defensa del Consumidor. El letrado le reclamó a Villaverde 6,5 millones de pesos en marzo de 2023. Carro es el abogado en las otras causas y en todas exigió el mismo monto.

“Ante tal situación de desgaste emocional y económico, el actor se vio obligado a acudir a la vía jurisdiccional para hacer valer sus derechos, pasando previa a ello por una vía de conciliación obligatoria que fue infructuosa por la negativa constante la Sra. Villaverde en reconocer su actuar doloso a sabiendas que estaba realizando operaciones de venta sobre una parcela rural indivisa”, sostiene parte de la demanda.

Es decir que en un principio, la diputada evitó un acuerdo extrajudicial, hasta que finalmente este año sí accedió a una conciliación. El 15 de mayo se homologó el acuerdo por el cual Villaverde se comprometió a pagar dos cuotas de 5 millones de pesos entre mayo y junio pasado. Otro de los procesos avanza en esa dirección y solo resta fijar fecha para negociar.

Los juicios civiles

Los procesos se iniciaron en el juzgado multifuero de San Antonio Oeste. El Poder Judicial ofrece una instancia de mediación obligatoria para este tipo de causas que tramitan como patrimoniales.
Para avanzar a juicio es necesario transitar por los métodos autocompositivos pero las partes no están obligadas a arribar a un acuerdo. Fue lo que sucedió al menos en las tres causas que se registran en el multifueros de la localidad.

El trámite continúa con la demanda y la contestación. Nuevamente se abre otra etapa de diálogo, que ya es una conciliación judicial. Fue en este contexto que al menos en una de las tres causas Villaverde hizo el ofrecimiento económico. La jueza controla la legalidad del acuerdo y la homologa como si fuese una sentencia.