Neuquén stockeó hospitales en $42.000 millones con la emergencia sanitaria: «No había nada»
El ministro Martín Regueiro dijo que no tenían “nada” cuando asumieron. La situación en hospitales aún no está normalizada, pero porque empujó la demanda el costo de las prepagas.
Martín Regueiro, ministro de Salud de Neuquén. Foto: Matías Subat.
El gobierno provincial cumplirá la semana que viene ocho meses desde que la Legislatura declaró la emergencia sanitaria en Neuquén, la herramienta que pidió para resolver la crisis de stock de insumos y medicamentos que encontró el 10 de diciembre. El ministro de Salud, Martín Regueiro, todavía no se arriesga a plantear que el aprovisionamiento está “normalizado”, pero afirmó que están “buscando la manera de empezar a salir” de la emergencia con licitaciones y la reglamentación de la ley de abastecimiento sanitario.
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Desde enero, cuando se sancionó la ley 3422, el gobierno destinó a la compra directa de insumos biomédicos, medicamentos, prótesis y equipamiento unos 41.700 millones de pesos. Solo en medicamentos se invirtió el 75% de ese total.
“La emergencia fue para salir del escenario en donde estábamos, con faltante de stock de todo tipo. No había nada, ni insumos, ni reactivos, equipos fuera de servicio. Era un quiebre de stock global”, afirmó Regueiro ayer en diálogo con Diario RÍO NEGRO.
La ley fue presentada a poco menos de un mes de la asunción de Rolando Figueroa y declaró la emergencia sanitaria por un año, prorrogable por igual período, con la autorización al Ejecutivo para comprar por vía directa “los bienes, servicios e insumos necesarios para garantizar el acceso a la salud por parte de la población, con independencia de su monto, en forma excepcional”.
El funcionario aseguró que “los procesos habituales de contratación se cumplen todos, lo que hace la ley es agilizar los tiempos y permite dar una respuesta más rápida”.
Afirmó que, una vez implementada la emergencia, salieron a “comprar y pagar”, porque había proveedores que no querían venderle a la provincia o no hacían los services de algunos equipamientos ya instalados porque tenían deudas sin cobrar. “Ahora bajamos mucho los precios porque estamos pagando y acortando los tiempos administrativos. Una licitación habitualmente tardaba más de un año en hacerse, más un año en pagar, entonces era imposible estimar el precio de un medicamento”, afirmó.
“Eso llevó a que se hicieran órdenes de compras más chiquitas para compensar. Hicieron lo que pudieron el año pasado, no es que no hicieron, pero iban corriendo de atrás para poder poner insumos y bueno, obviamente se agota”, planteó sobre la gestión anterior.
Regueiro explicó que “la ley de emergencia es una manera de agilizar el peso administrativo, pero tenemos que ir algo que viene después que es la ley de abastecimiento sanitario”. Esa norma, la 3448, se aprobó en la Legislatura en julio y crea un sistema especial de contrataciones públicas para la compra y adquisición de insumos básicos de salud.
Según planteó el ministro, ese nuevo sistema permitirá “optimizar los tiempos y mejorar cómo cotiza el producto al proveedor”, ajustando el precio al valor del mercado y “actualizando” algunos aspectos de la ley 2141 de administración financiera y control. Actualmente se está trabajando en la reglamentación.
“Esta ley va a permitir cotizar un pool de productos que son de primera necesidad para vestir los hospitales y me asegura una provisión de un año. Siempre termina siendo más barato porque como vas ajustando el precio, no te cobran lo que tendría que salir”, aseguró.
Según las estadísticas que maneja el ministerio de Salud, en los últimos 12 meses hubo más de 496.000 personas que acudieron al sistema público, sea por vacunación, guardias, internación o consultorio, lo que evidencia un crecimiento de la demanda sobre los hospitales. El número representa un 70% de la población total de la provincia.
Por ese motivo, Regueiro no arriesgó plantear que la situación de abastecimiento esté “normalizada” y tampoco que el gobierno no vaya a prorrogar por otro año la ley de emergencia. “Cuando empezamos a tener insumos, los usuarios de antes más los usuarios nuevos empezaron a venir al sistema y hoy nos pasa que nos dicen ¿pueden faltar? Y sí, pueden faltar. Pero sí tenemos insumos y si vas al depósito los ves”, describió.
El ministro de Salud también sumó que la provincia está pensando en tener un depósito central nuevo, porque el actual, que se inauguró en 1986, “está totalmente sobrepasado”.
Un 70% de la población se atiende en el sistema público
Los datos que maneja el ministerio de Salud de Neuquén indican que un 70% de la población de la provincia hizo uso del sistema público en los últimos 12 meses y la previsión es que ese número continúe creciendo.
El ministro Martín Regueiro indicó que fueron 496.930 de un total estimado de 710.813, cifra que identifica a gente que no tiene obra social, pero también a quienes tienen pero ya no pueden pagar los coseguros.
Según mostró, la curva comenzó a crecer luego de la pandemia, cuando había una “demanda contenida” por el aislamiento y las medidas de restricción. Cuando se eliminaron, los usuarios volvieron a consultar pero ese ritmo volvió a descender durante todo el año pasado hasta diciembre. “¿Qué pasó? Ahí había una demanda contenida después de la pandemia. Hay gente que no consultaba y de repente fue todo el mundo consultar, pero después el año pasado se quedaron sin insumos, entonces la gente no iba”, afirmó Regueiro.
El funcionario explicó que, habitualmente, el costo de una práctica con obra social tiene un coseguro de alrededor del 20%, salvo las consultas que manejan valores más fijos. “Entonces, si un estudio sale 100.000 pesos hay gente que no puede pagar 20.000 pesos y esa gente va al sistema público porque el sistema público porque ahí no paga coseguro”, explicó.
“Nosotros vemos que va a seguir aumentando”, analizó Regueiro, en función de las condiciones económicas del país y los aumentos que experimentaron las prepagas.
“Seguramente tengamos que seguir fortaleciendo y seguir aumentando una cantidad de recursos humanos y optimizar”, planteó.
El sistema tiene actualmente 1.795 médicos, número que Regueiro definió como “histórico” en comparación con 1.300 que había en el 2020.
Adelantó que harán un formulario único para las prácticas, tanto en público y privado, y que están trabajando para mejorar el recupero financiero. “Lo queremos poner flotante con los valores de ISSN: si aumenta la práctica de la prestación, también aumenta el de la práctica en salud pública”.
“Entonces, el hospital ‘vende’ el servicio a un tercero, una obra social o prepaga, y lo cobra igual que el Instituto. Eso nos permite ir regulando los valores. Por ejemplo, en enero estábamos facturando 834 millones por recupero financiero y ahora estamos arriba de 1.536 millones”, indicó.
Las críticas de Siprosapune: falta de profesionales y bajos sueldos
El sindicato de profesionales de la salud, Siprosapune, cuestionó en un reciente comunicado que el sistema aún atraviesa una “crisis estructural”. Detallaron que la falta de médicos es uno de los temas “más acuciantes” y que uno de los hospitales más complicados es el Natalio Burd de Centenario.
Allí se suspendió días atrás la atención en farmacia por “la renuncia de tres farmacéuticas”, lo que genera “un efecto dominó en la atención a pacientes con diversas patologías, incluyendo problemas reumatológicos, de salud mental y crónicos como diabetes e hipertensión”.
El ministro de Salud, Martín Regueiro, reconoció el problema y afirmó que “hay que fortalecer el recurso humano”, aunque añadió que en el hospital de Centenario también “hay una interna entre dos grupos” gremiales.
En el comunicado del Siprosapune también afirmó que hay “condiciones laborales inadecuadas”. “Los salarios de los profesionales de la salud se encuentran en una situación precaria, cercanos a la línea de pobreza. Esto provoca que muchos decidan abandonar el sistema público en busca de mejores oportunidades en clínicas privadas, donde los sueldos son significativamente más altos”, plantearon.
El secretario general, Juan Ferrari, subrayó que esta situación no solo “desprofesionaliza al sistema de salud, sino que también pone en riesgo la salud de la población”. “No se puede comparar la atención que se brinda en un hospital público, con fines de salud pública, con la que se realiza en clínicas privadas que priorizan el lucro”, sostuvo.
El gremio también viene reclamando que la Legislatura trate y apruebe la ley de carrera sanitaria.
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