Nación pide al STJ que convoque al diálogo en el conflicto mapuche
Odarda, como titular del INAI, se lo reclamó al Poder Judicial rionegrino. La ex senadora retoma un papel activo en Río Negro después del fuerte cruce con el gobierno provincial, puntualmente con Carreras.
La ocupación mapuche se mantiene en Cuesta del Ternero, a unos 30 kilómetros de El Bolsón.
La ex senadora rionegrina Magdalena Odarda, como presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígena, requirió al Superior Tribunal de Justicia que convoque a “una mesa de diálogo para lograr una resolución pacífica” del conflicto originado por la ocupación mapuche en Cuesta del Ternero.
Reclamó un enfoque distinto y la aplicación de las normativas indígenas , considerando que “las bases del conflicto, la cuestión de fondo y la posible resolución exceden las competencias del ámbito jurisdiccional penal”.
Con esa misiva, Odarda retoma un papel activo en Río Negro en la cuestión mapuche después de un corrimiento en su exposición por la fuertes críticas de parte del gobierno provincial. Las mayores censuras partieron de la misma gobernadora Arabela Carreras, quien le habría pedido al presidente Alberto Fernández que la interlocución del INAI con la Provincia la asumiera otro representante.
La misiva de Odarda tiene fecha del 26 de diciembre y contiene un cuestionamiento a la Justicia por sus respuestas en la toma en Cuesta del Ternero. El caso tiene pendiente una orden de desalojo de la Lof Quemquemtreu del lugar, dictada por s Ricardo Calcagno y, luego, ratificada por Gregor Joss. Ese expediente tiene seis personas imputadas por usurpación y, además, hay una causa por el homicidio del joven mapuche Eñias Garay, asesinado el 21 de noviembre en esas tierras, y están detenidos Martín Feilberg y Diego Ravasio, quienes permanecen en el Penal de Viedma.
En su pedido de intervención, Odarda remarcó su “preocupación ante la falta de aplicación del plexo normativo indígena con rango constitucional”, y de Tratados Internacionales. Su aplicación sería “poner en igualdad de condiciones a una población que ha sido sometida a despojos y maltratos por parte de la sociedad y del Estado”. Recae -agrega- en “cabeza de los diferentes poderes estatales sopesar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las comunidades indígenas en la actualidad, prestando consideración en cada situación particular a la deuda histórica para con los pueblos originarios”.
Consideró con “especial atención a la desestimación de la judicatura sobre la aplicación del derecho indígena” y planteó que “la solución al conflicto debe darse por el camino del diálogo. Esta vía es el único medio que garantiza el mantenimiento de la paz social”. Recuerda que ya se solicitado esta medida pero no se ha convocado.
En relación a Calcagno, la ex parlamentaria dice que “el juez insiste en que este caso debe ser analizado desde un punto de vista penal, resultando irrelevante la cuestión comunitaria indígena, enfocando la investigación de la posible comisión de un delito desde una perspectiva iusprivatista”. Manifestó que hay “consideraciones prejuiciosas” hacia miembros de la comunidad y alude que “abiertamente reconoce que de manera involuntaria no puede dejar de relacionar el apellido Huala con el apellido Jones de una de las acusadas, quien no tiene relación alguna con el primer apellido”.
Un intento previo de Derechos Humanos
Después hace un repaso del “plexo indígena” que pide se incluya en el análisis y, luego, insiste en la convocatoria a una “mesa de diálogo con las partes involucradas, incluyendo a instituciones y organismos” de la Nación y de Río Negro con “competencia en la materia de derecho indígena, así como referentes del Pueblo Mapuche y organismo sociales y de Derechos Humanos”.
La secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que conduce Horacio Pietragalla, había intentado un camino parecido cuando solicitó al Procurador Jorge Crespo que llame a una mesa de diálogo en el conflicto mapuche.
En su respuesta, el funcionario afirmó que esa convocatoria no le correspondía, especialmente por su rol de titular de la acción penal y, en contrapartida, pidió a Pietragalla que asuma ese llamado y prometía participar.
También, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) tuvo participación, inicialmente con un diálogo con Crespo y, luego, entregó presentó una nota al Superior Tribunal de Justicia para su actuación.
Fuentes judiciales explicaron que el tribunal respondió al CELS con un apartamiento ya que la causa se tramita en un juzgado de Bariloche y el expediente se remitió al Foro de jueces de esa circunscripción. Incluso, el STJ le recordó que Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas ( Codeci) ya había pedido su intervención -“per saltum”- y que ese cuerpo lo rechazó, pues “no se advierte una circunstancia de gravedad inequívoca y extraordinaria que demuestre” la “necesidad de una solución definitiva por parte del STJ”.
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