Milei apunta a la CGT con los cambios en obras sociales: qué pasa en Neuquén y Río Negro

El gobierno del presidente Javier Milei anunció ayer una desregulación mayor de las prestaciones médicas de obras sociales y empresas de medicina privada que permitirá libre elección del prestador desde el primer día de aportes. Para la CGT, hacia la que está enfocada la medida, en principio la decisión no cambia mucho, salvo para los sindicatos más pequeños que prestaban su nombre a las prepagas.

Tampoco cambia para las provincias que mantienen sus obras sociales estatales, como el ISSN neuquino y el Ipross rionegrino, según confirmaron a RÍO NEGRO desde ambos gobiernos.

“La desregulación de las obras sociales viene desde la década de los 90, con Menem y Cavallo. Lo de la libre elección excluye que el trabajador tenga que permanecer un año en su obras social de origen y ahora lo podría hacer sin cumplir con ese período en la nueva actividad a la que ingrese. Por otra parte se incorpora la medicina prepaga en forma voluntaria. Para eso, el trabajador se deberá inscribir en el registro de obras sociales de la Superintendencia de Servicios de Salud y tendrá que aportar el 20% al Fondo Solidario de Redistribución”, retrucó en varias entrevistas el secretario de Acción Social de la CGT y titular del sindicato de Sanidad, José Luis Lingeri.

Aunque los analistas vieron en esta decisión una amenaza a las “cajas” de los sindicatos, por ahora y hasta que no se conozca en profundidad el anuncio, no se puede apreciar el impacto de la decisión.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la decisión en su conferencia de prensa matutina. Dijo que se aplicará la reglamentación del decreto de necesidad y urgencia que se dictó al inicio del gobierno de Milei.

Existe un fallo que declaró inconstitucional y suspendió la aplicación del capítulo laboral de ese decreto.

El Poder Ejecutivo se presentó ante la Corte Suprema de Justicia para intentar revertir, mediante un recurso extraordinario, esa decisión judicial.

Tanto el anuncio como la apelación fueron tomadas en medio de la tensión que existe entre el Gobierno y los sindicatos, una relación que quedó resquebrajada luego del paro nacional que la CGT llevó a cabo el 24 de enero pasado y que, día tras día, suma declaraciones de confrontación.

Adorni anunció la pronta publicación en el Boletín Oficial de esta reglamentación: “Durante décadas esto no pudo ser así ya que muchos estaban obligados a mantener la obra social que les obligaba a tener la actividad o el sindicato al que pertenecían, así que esto les va a dar mucha más libertad”, dijo el funcionario.

La reglamentación, aclaró, “busca terminar con la obligatoriedad de darte de alta en un empleo y quedar preso en la obra social que corresponda al sindicato que te nuclea”, explicó, y afirmó que “el objetivo es darle libertad de elección a los beneficiarios e impulsar la libre competencia entre obras sociales y prepagas”.

Desde el Gobierno aclararon, además, que los beneficiarios “podrán elegir una obra social o prepaga sin ningún tipo de intermediación” y que “podrán ejercer el derecho de libre elección una vez al año, en cualquier momento desde el inicio de la relación laboral”.

El de los fondos de las obras sociales ha sido, a través de los años, un tema siempre sensible y desde hace algunos días en la Casa Rosada se venía anticipando que encararían ese conflictivo tema.

Las empresas de medicina privada utilizan desde hace tres décadas la estructura de sindicatos pequeños para aceptar como cápita los aportes de ley. Fue la manera de incorporar clientes abaratando el peso de la cuota.

“Supuestamente se eliminará la triangulación que se hacía entre las obras sociales y las prepagas. Este fue un tema largamente pedido por la CGT. Ahora el trabajador podrá hacer directamente el aporte a la prepaga en caso que opte por esta, y una vez hecha la opción deberá permanecer un año en la misma. Lo que no está resuelto en estos cambios son los medicamentos de alto precio. Tampoco qué pasará con los monotributistas -que debería ser de carácter obligatorio y no voluntario para el grupo familiar-, y los jubilados que opten por la obra social de la actividad. En ese caso, el PAMI debería transferir la parte que les retiene por estos beneficios”, explicó el sindicalista.

Lingieri hizo notar que las prepagas deberán ahora aportar al Fondo Solidario de Redistribución, que se utiliza -dijo- en casi un 90% en la atención de las discapacidades.

Qué pasa con el Salario Mínimo, Vital y Móvil

En la agenda entre las partes también se encuentra el irresuelto Consejo de Salario Mínimo y la convocatoria a paritarias docentes, punto que el Gobierno insiste en derivar a las autoridades provinciales.

“Seguramente esta semana haya reuniones entre las partes para tratar de destrabar el conflicto”, dijo Adorni.

Aunque se intentará insistir retóricamente en que son las jurisdicciones las que deben fijar los sueldos, también se entiende que “a nadie le conviene que las clases no se inicien”, reconocieron fuentes de Balcarce 50.

Todas esos frentes se dan en un escenario en el que la CGT volvió a abrir la posibilidad de un nuevo paro general.

El cosecretario general de la CGT y líder del sindicato de los trabajadores de la Sanidad, Héctor Daer, consideró que “va madurando” en la central obrera la posibilidad de realizar una nueva medida de fuerza, en el marco de un “feroz aumento de la pobreza”.

“Se va madurando por la propia actitud de ajuste que tiene el Gobierno”, respondió Daer ante una consulta acerca de si la CGT evalúa llevar adelante una huelga, tal cual hizo el 24 de enero pasado a nivel nacional y por el lapso de 12 horas.

Hace tan sólo dos días, el otro cosecretario general, Pablo Moyano, pronosticó que marzo “será un mes muy conflictivo”, dijo que “el interior del país es un polvorín” y confirmó las deliberaciones internas sobre la medida de fuerza.

“El Consejo de la CGT está autorizado para tomar las medidas necesarias, no vamos a poner fechas todavía, pero se está discutiendo el paro general”, dijo.

En una clara advertencia, Moyano advirtió a Milei que “se prepare” porque señaló que, desde la CGT, no serán “meros espectadores de cómo van a ir destruyendo el país y del avasallamiento a los trabajadores”.
Hoy el gremio ferroviario de La Fraternidad tendrá su propia medida de fuerza y su titular, Omar Maturano, consideró que la CGT debe convocar al paro.

La secretaria General de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), Sonia Alesso, afirmó además que “antes del jueves” habrá definiciones gremiales sobre el inicio de las clases.