Megacausa Techo Digno: solicitan su pase al fuero federal y se reabre otro debate
Parte de la defensa abrió este debate cuando la investigación en la Provincia tiene una treintena de imputados, entre exintendentes y empresarios de la construcción. El primer planteo se realizó en los tribunales de Roca.
La audiencia tendrá continuidad este viernes, con la resolución del juez Julio Martínez Vivet.Foto: Juan Thomes
La megacausa de Techo Digno -con una treintena de imputados, entre exintendentes y empresarios- puede volver a “foja cero” porque su tramitación en Río Negro cayó en el debate de su competencia.
Parte de la defensa en un expediente en trámite en Roca reclamó su pase a la Justicia Federal y esa discusión se extenderá a las investigaciones equivalentes abiertas en los otros tribunales.
La Fiscalía penal defendió la jurisdicción provincial frente a la petición del defensor Damián Torres que las actuaciones corresponden a la Justicia Federal por el origen de los fondos de los planes de viviendas .
“Pasaron seis años de la investigación en Río Negro, con diez jueces resolviendo, y se propone volver a foja cero”.
La fiscal Graciela Echegaray.
El juez Julio Martínez Vivot informará este viernes su resolución mientras se proyectan audiencias en otros juzgados con iguales planteos. En Viedma, esa discusión será el próximo martes 30 de julio y, el 22 de agosto, se repetirá en Roca con otras administraciones investigadas.
Los expedientes de Techo Digno volvieron a la esfera provincial en el 2018, enviados por el juez federal Claudio Bonadio después que la Corte Suprema resolviera esa competencia judicial en relación a la evaluación del manejo de esas transferencias nacionales a los municipios para construir viviendas.
Ese antecedente conformó un argumento de la Fiscalía -que representó ayer Graciela Echegaray- frente al fundamento de Torres que los fondos usados y analizados son nacionales y, por eso, la Justicia Federal debería actuar en el análisis de las conductas cuestionadas.
Si prospera esa solicitud, el proceso provincial -que ya se extendió por más de seis años- habrá caído y la intervención será exclusivamente federal.
Ayer, en Roca, los imputados fueron la intendenta de Cervantes, Claudia Montanaro y el exjefe comunal Gilberto Montanaro, y los empresarios de la construcción, Longinos P. De Dios (ECA), Néstor Sarasola (Eraiki) y Jacobo Baskir (Baskir).
El abogado Torres -que representa a ocho imputados- plantea que la megacausa debe ser investigada por la Justicia Federal por el origen de los fondos.
Torres defiende a los Montanaro pero, además, representa a otra media docena de exintendentes en otros tribunales y requerirá también la incompetencia provincial en esos expedientes.
Para Echegaray, los dineros ingresaron al “control, custodia, administración y disposición de la autoridad municipal” y recordó que “pasaron seis años de la investigación en Río Negro, con 10 jueces resolviendo” y advirtió la defensa “propone volver a foja cero” la investigación.
Aludió que planteos en iguales términos ya fueron resueltos por la Corte y por el STJ. Machacó que el “máximo tribunal en el orden nacional tuvo una directiva clara, precisa y puntual”, en referencia de la investigación por parte de las provincias.
Insistió que “el núcleo de la maniobra” lo constituye “el perjuicio a los municipios, con los intendentes como ejecutores”.
En cambio, Torres insistió que la fuente nacional de los fondos deriva en su pertenencia federal y entendió que la intervención del STJ no estuvo vinculado con la competencia. “Ese no era el objeto de la cuestión”, dijo.
Carlos Gadano, que defiende a Sarasola, no acompañó el pedido de Torres mientras que el representante de De Dios, Juan Luis Vicenty se abstuvo. A la solicitud si adhirió el defensor oficial Miguel Salomon, que patrocina a Baskir, y también pidió el sobreseimiento por un recurso formal.
La imputación central es por el delito de “defraudación a la administración pública en concurso ideal con el delito de uso de documento público falso”.
La historia de la causa
La megacausa ya supera la treintena de imputados, entre exintendentes y actuales jefes comunales, y empresarios.
La investigación se inició en el 2016 pero, tras un paso por la Justicia Federal, volvió en el 2018 a la esfera de los tribunales rionegrinos.
La investigación analiza el uso por parte de intendentes de fondos nacionales para viviendas del Plan Techo Digno. Entre el 2012 y el 2015, un grupo de jefes comunales firmaron convenios con Nación, y esas ejecuciones generaron imputaciones por parte de los distintos fiscales.
Esa nómina comprende a las gestiones de Cervantes, Choele Choel, Bariloche, Godoy, Conesa, SAO, S. Grande, Río Colorado, Fernández Oro, Cipolletti, Campo Grande y Cinco Saltos. Las acusaciones se fueron extendiendo a los intendentes que sucedieron a los firmantes.
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