Marcha a Villa Mascardi: piden al presidente resguardar a los integrantes de la comunidad mapuche
Es por la convocatoria para esta tarde. Los referentes del Codeci y del Parlamento Mapuche Río Negro insistieron en "el armado de escenarios para endilgar la responsabilidad en el pueblo mapuche".
Pidieron al gobierno nacional que arbitre "los medios" para garantizar la seguridad de la comunidad Lakken Winkul. Foto: archivo
«Hacemos un llamado a la responsabilidad política y humana para no permitir que se agudice el conflicto«, plantearon el presidente del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (Codeci), Nehuen Loncoman y el coordinador del Parlamento del Pueblo Mapuche, Orlando Carriqueo, al presidente Alberto Fernández en una nota, a pocas horas de la marcha convocada para este domingo por la tarde bajo el lema “Basta de terrorismo en la Patagonia”.
Los referentes pidieron que se arbitren «los medios necesarios» para resguardar a los integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi.
«La marcha tiene como objetivo llegar hasta Villa Mascardi y es convocada desde sectores con claras posiciones ideológicas violentas, racistas y xenófobas. Son conocidos por sus expresiones de odio para con el pueblo mapuche, e incluso en más de una oportunidad han llamado o incitado al ataque físico contra personas de distintas comunidades», plantearon en la nota que también está dirigida al ministro del Interior, Wado de Pedro, y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. También recalcaron que «es responsabilidad política de un gobierno democrático velar por la paz social«.
En la misma nota, denunciaron que más de 100 millones de pesos se destinaron a la compra de equipamiento de vigilancia y seguridad, que incluyen cámaras, equipos de comunicación, drones, luminaria para la ruta, vehículos, «además de tener interferidas todas las comunicaciones que le permitirían dilucidar hechos, mecanismos, móviles y responsabilidades».
«Hemos denunciado nuestras sospechas de escenarios armados para endilgar la responsabilidad en el pueblo mapuche. También hemos afirmado que el informe RAM es un invento armado y planificado por Patricia Bullrich para avalar la desaparición de Santiago Maldonado y el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, utilizando para ello a la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval», resaltaron.
Insistieron en que «la mayor responsabilidad recae en el Estado nacional» que «debe asumir el compromiso del diálogo con voluntad política y la responsabilidad de cumplir con los marcos legales internacionales, nacionales y provinciales para resguardar el derecho indígena de un Pueblo preexistente al Estado».
"Avanzada irracional"
«Hacemos un llamado a las autoridades provinciales y federales a fin de que se detenga la avanzada irracional que se expresa en una marcha convocada por sectores de identificado odio racial hacia el pueblo mapuche». De esta forma, comienza el comunicado firmado por Emiliano Sanhueza, secretario general del sindicato judicial Sitrajur en relación a la marcha de hoy a las 15.
Recalcó que «la región no está exenta de grupos de extrema derecha que agitan estas miradas que se ponen por sobre el estado de derecho, que se sitúan en un carácter de juez, parte y ejecutora de una ‘sentencia’ basada en meras opiniones, prejuicios o conjeturas».
Resaltaron que ante los hechos delictivos, «debe actuar la justicia con una investigación seria y que contemple la total complejidad de los casos e hipótesis. En el caso de Mascardi se ha agitado una hipótesis cargada de odio y prejuicio que lamentablemente ha sido tomada por muchos medios de difusión y de personas de reconocida posición ideológica contraria a los pueblos originarios».
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Bariloche instó a los gobiernos a impulsar políticas para generar la mesa de dialogo «con todos los conflictos territoriales por la reivindicación de tierras de los pueblos originarios«.
«Desde los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, pasando por los conflictos de las comunidades Buenuleo, Quemquemtreu, Antual Albornoz y tantos otros -no solucionados-, el gobierno provincial ha permitido la criminalización de los reclamos», objetaron.
Responsabilizaron a la gobernadora Arabela Carreras por «la violencia institucional del ámbito provincial ejercida por las fuerzas de seguridad con la represión policial» y acusaron al estado provincial y nacional por «el desconocimiento del Derecho Indígena en la Justicia o de los más elementales derechos reconocidos en la reforma Constitucional de 1994«. Manifestaron que «son indicadores de un retroceso histórico».
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